El Gobierno de Canarias «dará la lata» para que tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defiendan en Bruselas que Canarias quede excepcionada en la futura directiva europea para imponer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las empresas que facturen más de 750 millones.

Según el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, durante su visita a las Islas el pasado miércoles, el ministro Albares se mostró convencido de que las demandas de Canarias para que en la nueva directiva europea se contemple la condición de región ultraperiférica de Canarias (RUP) y, por tanto su singularidad fiscal, van por buen camino.

No obstante, la ministra de Hacienda no está tan eufórica y señalaba el miércoles también que aunque España está defendiendo la singularidad canaria en «todos los foros y negociaciones en los que se está discutiendo la nueva directiva», hay dificultades porque la mayoría de los países no quieren excepciones en esta nueva imposición que afectará principalmente a las multinacionales. Para Montero, todavía no está claro que finalmente esa directiva logre a ver la luz verde definitiva. Sin embargo, la preocupación crece en Canarias, porque esta nueva normativa comunitaria puede afectar de lleno a las singularidades fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) que establece, en su Zona Especial Canaria (ZEC), una tributación del 4% para atraer empresas a las Islas. Para el Gobierno regional el nuevo impuesto no afectaría a muchas empresas de las Islas.