La Ley de Cambio Climático veta nuevas prospecciones en Canarias

El Mapa de posición de sondeos, permisos y concesiones de hidrocarburos del ejercicio 2020, último colgado por el Ministerio para la Transición Ecológica en su página web, no refleja actividad en el Archipiélago. Fuentes del departamento que dirige la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, confirmaron que en los dos últimos años tampoco ninguna empresa ha mostrado interés por estudiar el subsuelo marino canario en busca de combustibles fósiles.

Nadie desde Repsol

Es del todo lógico que así suceda. Tras la marcha de Repsol en enero de 2015, no ha habido otra multinacional interesada. La petrolera española halló gas a una gran profundidad y sin la calidad y cantidad suficientes para rentabilizar una extracción que se presentaba difícil. La compañía que preside Antonio Brufau decidió deshacer posiciones y hasta renunciar a los otros dos pinchazos para los que estaba autorizada.

Tras la moción de censura que acabó con la presidencia de Mariano Rajoy, el Gobierno del PSOE trazó una estrategia energética que pasaba por apartarse de todo aquello que tuviera que ver con fuentes de energía generadoras de gases nocivos. Más aún cuando la posición de Pedro Sánchez se consolidó tras los comicios y solo un mes después de la toma de posesión presentó el conocido como Paquete de Energía y Clima para el horizonte 2030. Entre las herramientas de las que iba a dotarse el Ejecutivo para afrontar el reto, anunció entonces el presidente, se encontraba una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Varias compañías petroleras deshacen posiciones y viran hacia actividades más sostenibles

Las grandes multinacionales entendieron que había llegado el momento de virar hacia modelos sostenibles, y más lo hicieron cuando conocieron el texto del anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2019. La pandemia ralentizó su aprobación como ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 20 de mayo del año pasado.

El título tercero, que versa sobre «transición energética y combustibles», es el lugar en que se incardina el artículo 9, que define el nuevo marco para la «exploración, investigación y explotación de hidrocarburos». Es en su primer punto donde se detalla que desde la entrada en vigor de la ley «no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos». Tampoco la explotación de combustibles fósiles «en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen», el llamado fracking.

Evidentemente, la ley no obvia que en el momento de su aprobación había permisos concedidos en el pasado y que conservaban toda su vigencia. ¿Qué ocurre con ellos en el nuevo marco normativo? Cinco años antes de expirar, «la persona o entidad titular de la concesión» debe presentar al ministerio «un informe que refleje el potencial de reconversión de sus instalaciones o de su ubicación para otros usos del subsuelo, incluida la energía geotérmica, o para otras actividades económicas, en particular, el establecimiento de energías renovables». Así lo marca el segundo punto del mencionado artículo 9, que también detalla que ese giro obligado «deberá contemplar los niveles de mantenimiento del empleo».

Sin poder tomarse de manera exacta, Repsol puede constituir un buen ejemplo del funcionamiento que promueve esta ley. La multinacional española renunció motu proprio a los derechos de investigación que aún ostentaba tras el frustrado intento de hallar hidrocarburos explotables comercialmente en el área a la que se bautizó como Sandía. Aquello ocurrió en el primer mes del año 2015, de ahí la ausencia de exactitud al colocar la estrategia desarrollada desde entonces por la compañía española al lado de la Ley de Cambio Climático, a la que entonces restaban más de seis años para ver la luz. Pero sí sirve para entender el espíritu de esa norma: el pasado diciembre Repsol anunciaba su desembarco en el estudio del potencial geotérmico en Gran Canaria.

Es más, declaró una inversión de 2.500 millones de euros, entre junio de 2018 y el final de 2020, para proyectos energéticos bajos en emisiones de dióxido de carbono (CO2). En diciembre de 2019, fijó 2050 como límite temporal para alcanzar la neutralidad en carbono y solo once meses después presentó su plan estratégico 2021-2025 en el que las renovables, el hidrógeno verde y la economía circular son los grandes protagonistas. Al mismo tiempo que se aprobaba la Ley de Cambio Climático, en mayo de 2021, puso fin a su actividad en la plataforma Casablanca –costa de Tarragona–, única actividad de extracción de petróleo que mantenía en España.

Solo la derogación de la actual norma podría propiciar nuevos sondeos junto a las Islas

El Archipiélago está lejos de albergar cualquier actividad petrolera. Solo la llegada de un nuevo Gobierno y una derogación de la mencionada ley podría abrir un resquicio. De todos modos, el pasado reciente viene a confirmar las escasas posibilidades de éxito que podría tener esa aventura en las aguas que rodean las Islas.

Discusiones aparte sobre la soberanía de las aguas, la estrategia marroquí no discurre en paralelo a la española. Sin obviar el desarrollo de las energías renovables, para el que cuenta con grandes aliados como el Reino Unido, Mohamed VI nunca ha escondido su intención de reducir la dependencia del exterior para su abastecimiento. Y más desde que Argelia cerró el pasado octubre el gasoducto Magreb-Europa en medio de una escalada de la sempiterna tensión entre ambos países.

En todo caso, la británica Europa Oil & Gas tiene que encontrar un socio financiero para constatar si en el yacimiento Inezgane, frente a Agadir, hay crudo para llenar más de mil millones de barriles, tal y como sugieren las radiografías del subsuelo marino.