La histórica unanimidad del Parlamento en los asuntos que afectan al Régimen Económico y Fiscal (REF) se quebró ayer después de que ninguno de los dos grandes bloques –el de la oposición y el de los partidos que sostienen el Gobierno– diera su brazo a torcer en la discusión sobre el período de vigencia de la Zona Especial Canaria (ZEC), uno de los principales incentivos del fuero. Lo que debía ser un debate de consenso acabó por convertirse en un obstáculo insalvable para el acuerdo. La Cámara autonómica tenía que emitir su dictamen –preceptivo pero no vinculante– sobre las modificaciones del REF que hoy aprobará el Consejo de Ministros, un dictamen que exige el voto favorable de tres quintos de los escaños, es decir, de al menos 42 diputados. Hubo unanimidad para dar el beneplácito a dos de los tres cambios planteados por el Gobierno central, pero como quiera que nadie se movió de su posición en lo relacionado con la vigencia de la ZEC, el Parlamento no pudo dictaminar sobre este punto en concreto. De modo que para enfado de la oposición, que cree que debe extenderse desde ya hasta 2029, la vigencia de la ZEC será, de momento, hasta 2027, tal como propone el Ministerio de Hacienda.
Román Rodríguez no ve problemas para llevar la vigencia de la ZEC a 2023 pero «habrá que pelear»
El Ministerio plantea ampliar el plazo de las inversiones anticipadas a efectos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). Las empresas tendrán ahora hasta el 31 de diciembre de 2023 para materializar en la RIC esas inversiones de anteriores ejercicios. En esto hubo unanimidad, como también en la ampliación hasta la misma fecha del plazo de inscripción de empresas en la ZEC. El problema está en la vigencia de la ZEC misma. El Ministerio plantea su ampliación hasta 2027, que es cuando acaba el actual marco normativo de las ayudas de Estado –el REF y sus incentivos son ayudas de Estado–. Esto significa que una empresa bajo el paraguas de la ZEC disfrutaría de las ventajas fiscales que esta ofrece –se puede pagar por el Impuesto sobre Sociedades a un tipo reducido del 4%– solo hasta 2027. Resulta así que la inscripción de empresas en la Zona Especial se permite hasta 2023 pero la vigencia de la misma solo se extiende a 2027, con lo que el disfrute de los incentivos se limita a cuatro años frente a los seis en que siempre se ha fijado. Por eso la oposición –Coalición Canaria, PP y grupo mixto– insistió ayer en que la vigencia de la ZEC debe prorrogarse hasta 2029.
Dávila: «Han optado por la interpretación más lesiva para los intereses de Canarias»
Por un lado, los grupos de la oposición insistieron en que nada impide extender la vigencia de la ZEC hasta 2029 –«han optado por la interpretación más lesiva para los intereses de Canarias», subrayó la portavoz de CC, Rosa Dávila–; por otro, los partidos que sostienen el Ejecutivo precisaron que debe consultarse antes a Bruselas y que «siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito», resumió la diputada de NC Esther González. Con todo, la paradoja es que unos y otros coinciden en que debe extenderse la vigencia hasta 2029, solo que los partidos del Gobierno aceptan esa consulta previa a la Comisión Europea que el Ministerio de Hacienda considera preceptiva. El vicepresidente Román Rodríguez avanzó que, en cualquier caso, el Gobierno canario «peleará» ahora por llevar el plazo hasta 2029.
El clima pasa a trámite
El Parlamento de Canarias acordó ayer por unanimidad admitir a trámite el texto de la futura Ley de cambio climático y transición energética, una ley en la que viene trabajando la Consejería para la Transición Ecológica, que dirige el socialista José Antonio Valbuena, y que supone uno de los proyectos estrella del Ejecutivo para la actual legislatura. El propio Valbuena insistió ayer desde la tribuna de la Cámara autonómica en la necesidad de que la unanimidad se prolongue durante toda la tramitación de la ley –«tiene que ser el texto de toda Canarias», subrayó el consejero– y, en definitiva, de que haya «consenso» y «participación». No en vano, la intención de Valbuena es que la normativa se aleje todo lo posible de la discusión política, de modo que todos los partidos se sientan representados y contribuyan a su puesta en marcha.
