La asociación Acufade (Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias) ha presentado ante el Diputado del Común, a través de su sede electrónica, 192 quejas ante el silencio administrativo desde 2019 de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, que dirige Miguel Montero. En los escritos, registrados uno a uno, plasma la omisión de respuesta por parte de la Dirección General con una temporalidad de hasta más de dieciocho meses, en los que la asociación ha solicitado información para la gestión de casos de personas usuarias e incluso de incumplimientos de la propia Ley general de Dependencia.

La responsable del departamento jurídico de Acufade, Emma Colao, afirma que «la ley es clara en cuanto al cumplimiento de plazos de respuesta de la administración pública».

«Preocupa que la ciudadanía deba cumplir de manera exquisita la norma y una dirección general tenga la flexibilidad y casi la impunidad de no hacerlo. Elevarlo a la Diputación del Común es más que una decisión, un imperativo a estas alturas”, sentencia Colao.

Las quejas se refieren a incumplimientos de los plazos en los requerimientos de información, a cuestiones de fraudes de ley que se cometen con las prestaciones, es decir, «si se da una prestación para un servicio pero se está utilizando para otra cuestión la entidad tiene que informar a la administración y la dirección general debe garantizar la fiscalización de para qué se está dando esa prestación y no ocurre», expone Colao.

Además, se ha requerido información durante el confinamiento sobre cómo cumplir la normativa covid ya que la asociación presta servicios de promoción a la autonomía personal para dependientes y discapacitados, así como información sobre la reapertura de los centros de día, o sobre las revisiones de grado de la dependencia de los usuarios, «y nada», asevera Colao.

Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Dirección General tiene tres meses para contestar, señala la portavoz de Acufade. Recuerda que en el confinamiento Acufade seguía dando los servicios pese a que se cerraron los centros de día y «no existe normativa para la reapertura de centros de día pero sí para garantizar la normativa del covid para las casas de apuesta», critica. A su juicio, es un sin sentido, y al oír a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en el Parlamento parece que en dependencia y discapacidad «no está pasando nada malo».

Esta asociación expone que se han incrementado los tiempos de espera para el reconocimiento de la dependencia y la revisión de los grados, y cuando la media de España se sitúa ya por encima de lo exigido en la propia ley para la tramitación de un expediente, con 430 días, Canarias se encuentra en los 927 días de espera. Además, señala que cada día mueren ocho personas según los datos del Ministerio de Derechos Sociales esperando por la prestación, lo que es «alarmante», y sostiene que de los 101 contratados en la Consejería para aliviar las listas de espera en Dependencia, «57 personas han ido a dependencia de las cuales 31 son para sustituir a personal que ya no se encuentra y 26 son nuevas incorporaciones», lo que considera «absolutamente insuficiente».

Otros colectivos, a parte de Acufade, como Cermi Canarias (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias) o el propio Diputado del Común se quejan de la falta de personal en Derechos Sociales para gestionar la dependencia y que Canarias se encuentre a la cola de España en el tiempo de espera.

Además Cermi y Acufade, junto a la Coordinadora de Acción Social de Canarias y cuatro colegios profesiones de Psicología, Trabajo Social y Educación Social denuncian que la Consejería de Derechos Sociales no ha contado con ellos para elaborar en mesas de trabajo el proyecto del Catálogo de prestaciones sociales, que Noemí Santana quiere aprobar el diciembre, y han pedido la mediación del presidente Ángel Víctor Torres para rehacerlo. Aún no les ha contestado.

Miguel Montero expone ante las quejas de Acufade en el Diputado del Común que muchos de los registros no son para él sino son por cuestiones relativas a prestaciones de los usuarios, de altas o bajas, que los funcionarios resuelven y no le corresponde a él estar respondiendo. Afirma que, es más, ha mantenido cuatro encuentros con la asociación -a la que reconoce el gran trabajo que realiza en la prestación de servicios- y, al conocer las quejas de omisión de información, les pidió en un encuentro sobre el discutido Catálogo de prestaciones, que los registros se los giraran a él directamente para tener constancia.

Desde julio, de las cuatro peticiones de información ya ha respondido a tres, recalca, relativas a las ayudas para hacer un estudio para el perfil de los cuidadores en Canarias, y para ello pidió los datos al Imserso, o sobre los centros de día en Tenerife.

«Creo que he sido exquisito en el trato con esta asociación, que me parece que hacen un trabajo muy importante, hasta el punto de que para que no haya malentendidos les he pedido que me manden a mí los correos electrónicos y les contesto sobre la marcha», subraya.