El Estado y Canarias pactan el contenido de la Comisión sobre el REF
Se va a estudiar la situación creada por los cambios introducidos en el Régimen Económico y Fiscal relativos a las ayudas fiscales al cine, sin respetar el diferencial favorable a Canarias
EFE
El Gobierno de Canarias ha acordado con el Ministerio de Política Territorial el orden del día de las dos reuniones que va a celebrar la comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma para dirimir las discrepancias de las dos administraciones respecto a la modificación del REF.
En concreto, se va a estudiar la situación creada por los cambios introducidos en el Régimen Económico y Fiscal por una ley estatal y un real decreto ley relativas a las ayudas fiscales al cine, sin respetar el diferencial favorable a Canarias, según informa la Consejería de Hacienda, en un comunicado.
La Comisión Bilateral Estado-Canarias tratará de resolver el desacuerdo entre las partes en relación con las deducciones fiscales para el sector audiovisual incluidas en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada por las Cortes, y en el Real Decreto-Ley 12/2021 sobre medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio.
Con los cambios introducidos por ambas normas, el límite para las deducciones fiscales para el sector audiovisual en Canarias queda establecido en 12,4 millones de euros, frente a los 10 millones vigentes para el resto del Estado, lo que supone un diferencial del 24 %, en vez del 80 % previsto en la legislación del REF.
El Gobierno canario entiende que esos cambios se aprobaron sin seguir lo marcado en las leyes, pues una vez que el Parlamento de Canarias emitió por unanimidad su informe negativo el pasado 28 de junio, las Cortes Generales, según su criterio, tendrían que haber suspendido su votación definitiva.
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario, Román Rodríguez (NC), recuerda que ya se ha llegado a un acuerdo político para corregir la situación creada.
Sin embargo, considera que "ese compromiso político, aún pendiente de materializar, no es óbice a la apertura del cauce institucional que supone la Comisión Bilateral, porque así está previsto constitucional y estatutariamente, y porque no podemos crear el precedente de hacer dejación de nuestros derechos".
"Ha habido un incumplimiento de nuestro fuero que ha de quedar aclarado también en ese plano", añade.
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