Canarias no las tiene todas consigo sobre la anunciada condonación de lo que las Comunidades Autónomas adeudan al Estado por las entregas a cuenta del sistema de financiación correspondiente a 2020, un total de 3.900 millones, que en el caso del Archipiélago alcanza los 450 millones, que tendrían que abonarse el próximo año. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el pasado miércoles a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), su decisión de ‘perdonar’ esas devoluciones para aliviar las tensiones financieras regionales como consecuencia de la pandemia, algunas actuaciones posteriores han sembrado dudas sobre el alcance de esa medida.
Una de las dudas que se han planteado a este respecto tiene que ver con la fórmula que el Ministerio ha ideado para resolver esa deuda autonómica y que no es en sí misma una ‘amnistía’ directa de la misma, sino la creación de un fondo por el mismo importe de esa deuda (3.900 millones) que se transferirá a las Comunidades Autónomas para que éstas a su vez realicen el pago correspondiente. Es decir, el Estado no puede perdonar la deuda, sino que compensa el pago de la misma. Se trata de un mecanismo que la ministra llamó «inédito» que se justificaría por las obligaciones contables del Tesoro Público, pero que a la hora de llevarlo a la práctica ha creado incertidumbre y dudas, según reconocen desde la consejería de Hacienda de Canarias.
A esta situación se ha añadido en los últimos días el tenor de la respuesta por escrito enviada por el Ministerio de Hacienda a una pregunta parlamentaria del senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, sobre si el Gobierno central «tiene previsto condonar la deuda de las Comunidades Autónomas».
Dicha respuesta, fechada el pasado día 2, es decir, posteriormente a la celebración del CPFF, señala textualmente que «no se ha previsto condonar la deuda de las Comunidades Autónomas con el Fondo de Financiación a las mismas», aunque en un también escueto segundo párrafo da a entender de forma implícita, pero no clara, que se refiere a la deuda pública de los gobiernos regionales por su participación en los mecanismos de financiación como son el Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y el Fondo de Liquidez Financiera (FLA) para aquellas autonomías a las acudir al mercado privado le resultara más gravoso.En relación con la condonación de las liquidaciones de las entregas a cuenta de 2020, la ministra recordó el pasado miércoles que, el año pasado, cuando estalló la pandemia, una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue calcular las entregas a cuenta sin tener en consideración los estragos que la emergencia sanitaria ocasionaría a las cuentas públicas. Dicho de otra forma, «el sistema de financiación funcionó como si no existiera una pandemia ni una recesión económica inédita», de forma que las regiones recibieron más dinero del que les correspondía por la evolución de los ingresos y eso ha generado una liquidación negativa que deben devolver a la Administración central en 2022».
El Ministerio remitió a día siguiente del CPFF una liquidación que sin embargo contemplaba también los otros fondos de financiación autonómica, el de Competitividad y el de Suficiencia (englobados en el Fondo de Convergencia), en el que Canarias sí tiene un saldo positivo. La incertidumbre surgida en este sentido es que al contabilizar esos otros mecanismos de financiación, las Islas podrían perder parte de los 450 millones que en teoría el Estado ha condonado porque el saldo global en las relaciones financieras entre ambas administraciones es positivo para la comunidad autónoma.
«Entendemos que esa liquidación incluyendo los Fondos de Convergencia se hizo por defecto a todas las Comunidades Autónomas y que finalmente se aplicará la compensación por las entregas a cuenta por igual a todas, no se que castigue a las que tengamos liquidación global positiva», afirman fuentes de la consejería de Hacienda.
El equipo de Rodríguez ha remitido un escrito de forma inmediata al Ministerio pidiendo aclaraciones sobre el verdadero sentido de esa liquidación que incluye los otros recursos estatales al margen de las entregas a cuenta, porque en estos momentos dudan de que Canarias pueda quedarse con los 450 millones condonados en teoría. «Queremos pensar que no hay trampa en la liquidación de las entregas a cuenta», señalan desde la consejería, aceptando no obstante las numerosas ocasiones en que el Ministerio ha matizado algunos de los anuncios sobre medidas para atenuar las tensiones de tesorería autonómicas. «Si a Canarias, contemplando ambos conceptos le sale una liquidación positiva, y por cantidades a cuenta debería devolver 450, entendenos que no se nos debe restar lo que se va a compensar. Si se hace esta amnistía, que sea para todas, no solo a las que tengan liquidación negativa», resaltan desde el Gobierno regional.
Devolver
La consejería de Hacienda entiende que el anuncio de Montero en el CPFF no admitiría una interpretación final en la que el resultado final unas comunidades sí tengan que devolver parte de las entregas a cuenta que recibieron en 2020 y otras no. Tampoco creen que la respuesta del Ministerio a la pregunta de Clavijo asegurando que «no se ha previsto condonar la deuda de las Comunidades Autónomas con el Fondo de Financiación» se refiera a las liquidaciones ‘amnistiadas’, sino a la deuda pública de cada región con el Estado. Así lo entienden a la vista del párrafo final de dicha respuesta, en la que se asegura que «este mecanismo (el Fondo de Financiación) facilita la financiación de sus necesidades a las que se adhieren a cualquiera de sus compartimentos (FFF y FLA) a un coste equivalente al obtenido por el Reino de España, trasladando las óptimas condiciones financieras del Tesoro Público a las CCAA que así lo solicitan».
Canarias, cuya deuda pública asciende en estos momentos a 6.500 millones, no participa desde hace años en ninguno de esos fondos de financiación estatal y acudir al mercado privado, que le sale más rentable por la solvencia que ha conseguido en los ‘ratings’ de valoración. Además, señalan desde la consejería que «con la deuda pública actual de todas las Comunidades Autónomas, su condonación sería inasumible para las arcas del Estado». Sin embargo, la pregunta que planteo Clavijo al Ministerio, registrada a finales de mayo pasado, estaba relacionada con las declaraciones del consejero de Hacienda y vicepresidente unos días antes en el Parlamento de Canarias en la que ya anunciaba que las Comunidades Autónomas estaban manteniendo «conversaciones informales» con el Estado encaminadas a conseguir una “moratoria, fraccionamiento e incluso condonación” de las devoluciones de los adelantos recibidos en 2020 en concepto de financiación autonómica.
