Canarias avisa a Montero: sin recursos extra el gasto social es insostenible

Esta es la premisa con la que hoy acude el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que defenderá la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado que también prepara ya el Gobierno central contemplen unas entregas a cuenta al conjunto de Comunidades Autónomas por encima de las previsiones de recaudación para ese ejercicio como herramienta fundamental para el sostenimiento del estado del bienestar en tanto se alcanza la recuperación económica. «Las entregas a cuenta para el año 2022, que son fundamentales para los Presupuestos regionales, son el principal componente de ingreso de las Comunidades Autónomas y así como en los ejercicios de 2020 y 2021 estas aportaciones se hicieron al margen del ciclo económico, de forma muy generosa, necesitamos que para el próximo año esos recursos se mantengan también en ese nivel», afirma Rodríguez, quien reconoce que las aportaciones del sistema de financiación son, entre otras medidas, las que «han salvado la estructura de gasto» de los diferentes territorios.

El también vicepresidente de Canarias confía en este sentido que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirme en el CPFF –el primero que se produce desde octubre pasado, y también en formato telemático– que las previsiones presupuestarias del Estado contemplan ese escenario y esa necesidad por parte de los gobiernos regionales, porque lo contrario «sería muy comprometedor hacia la sostenibilidad del gasto público».

De cumplirse esa hipótesis volverá a producirse con toda probabilidad una situación como la que ya se ha dado en los dos ejercicios anteriores: que las entregas a cuenta supere la recaudación tributaria de cada uno de ellos y que las Comunidades Autónomas se vean obligadas a devolver la diferencia al Estado. Resolver esa ecuación de forma que no sea lesiva para la capacidad de gasto de las arcas regionales es otro de los asuntos que abordará el CPFF, donde Montero precisamente informará a los consejeros autonómicos sobre la liquidación correspondiente a 2020, una cifra que podría alcanzar los 9.000 millones para el conjunto de las regiones y que en el caso de Canarias superaría los 400 millones.

El Gobierno regional pelea para que se articule un prorrateo y así devolver lo que ingresó de más

La forma en cómo el Estado exija la devolución de esos recursos extra adelantados en su día es otro de los elementos que incidirá en las cuentas regionales del próximo año y por tanto en la capacidad de los gobiernos regionales de hacer frente al sostenimiento de los servicios públicos todavía en fase de menor recaudación tributaria debido a la crisis. Por ello, Rodríguez, en sintonía con el resto de gobierno autonómicos, reclama el aplazamiento de las devoluciones de los anticipos correspondientes a 2020, o al menos el establecimiento de un calendario amplio que no distorsione las cuentas regionales del próximo año. «Todos tendremos que devolver cantidades muy importantes. Confiamos en que el Ministerio plantee un mecanismo de devolución prorrateado, como se hizo en la anterior crisis económica, con un aplazamiento fraccionado para pagar durante diez años», explica el consejero canario.

Rodríguez resalta en ese sentido que si durante los tres próximos años se llevan a cabo los ajustes de las entregas a cuenta sin considerar esta situación, las previsiones presupuestarias de Canarias se verían muy afectadas. «Este es un trienio crítico para las arcas de las Comunidades Autónomas si se aplica la ley a rajatabla». «En Canarias tenemos autonomía fiscal y un 30% del gasto lo cubrimos con fondos propios, por lo que estaríamos hablando que dos tercios de los ingresos están vinculados a las cantidades a cuenta. Se nos transfirieron recursos por encima de lo recaudado y eso es muy relevante para el Presupuesto regional», insiste el consejero de Hacienda.

El otro gran asunto que se discutirá en el CPFF es el reparto de los 13.400 millones de fondos extras de financiación para el año en curso en línea con el fondo covid de 2020, para el que se barajan dos fórmulas posibles, una en función del PIB de cada región, y otra por población ajustada.

Canarias apuesta claramente por la segunda, también en la línea de la mayoría de los consejeros autonómicos, al entender que sería la que beneficiaría a las Islas, además de a un mayor número de autonomías. El reparto por riqueza regional beneficiaría en mayor medida únicamente a las regiones más ricas, particularmente a Madrid y Cataluña. En todo caso, el Ministerio de Hacienda no se ha decantado aún por ninguna de ellas.

Por otra parte, el CPFF servirá para que Montero comunique formalmente a las Comunidades Autónomas las macrocifras presupuestarias del Estado del próximo año aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, entre ellas un techo de gasto de 196.142 millones, así como las previsiones sobre los objetivos de estabilidad del conjunto de las administraciones, en todo caso condicionado por el hecho de que la Unión Europea mantiene suspendidas las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda público.

Sin embargo, el hecho de que en 2023 vuelvan a reactivarse los márgenes que garantizan la estabilidad financiera de las administraciones públicas aconseja al Estado marcar a las Comunidades Autónomas unos límites teóricos con los que elaborar sus respectivos presupuestos para 2022.