La percepción que los canarios tienen de su Gobierno no es la mejor posible. Más bien al contrario. Los ciudadanos del Archipiélago están entre los españoles con peor opinión de su Ejecutivo autonómico. Para los isleños, es decir, para sus propios administrados, el Gobierno regional hace agua por todos los costados: no es imparcial, no presta unos servicios públicos de calidad –sobre todo en sanidad y educación– y es corruptible. Dentro de España, solo los catalanes perciben a su Govern como aún más corrompible de lo que los canarios perciben al Gabinete de su Comunidad Autónoma. De hecho son las Islas y Cataluña, junto con Andalucía, las tres regiones con los ciudadanos más descontentos del país con sus Ejecutivos, hasta el punto de colocarlos entre los menos fiables del continente.

Así lo revela una nueva edición, la de 2021, del Índice Europeo de Calidad de los Gobiernos Subnacionales, un trabajo del Instituto para la Calidad del Gobierno de la prestigiosa Universidad sueca de Gotemburgo. Dirigido por los investigadores Nicholas Charron, Monika Bauhr y el español Víctor Lapuente, este índice, avalado por la Comisión Europea y que es el resultado de una de las mayores encuestas que se hacen en el Viejo Continente –se recogen y miden las opiniones de hasta 129.000 personas–, permite comparar las distintas percepciones que tienen de sus Ejecutivos regionales los ciudadanos de 208 territorios de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE). De esta forma, no muestra si el Gobierno en cuestión es o no imparcial o corrupto, sino en qué medida sus administrados consideran que lo es. El caso es que los canarios ya no es que tengan una mala opinión del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, sino que directamente tienen una pésima opinión.

De entrada, la cuarta edición del EQI –por las siglas de su denominación en inglés: European Quality of Government Index– pone de manifiesto que la idea que los isleños tienen de la Administración autonómica no solo no ha mejorado en relación con la que trasladaron en las tres ediciones anteriores del estudio –las de 2010, 2013 y 2017–, sino que ha empeorado. La investigación mide si la percepción de los ciudadanos es positiva o negativa –y hasta qué punto es positiva o negativa– sobre tres cuestiones: la calidad de los servicios que presta su Gobierno, su imparcialidad y su nivel de corrupción, entendida en el informe como el uso y abuso del poder público para fines particulares. Pues bien, los ciudadanos del Archipiélago no valoran la labor del Ejecutivo cuatripartito en ninguno de esos tres ámbitos. Dicho de otro modo: tienen una percepción negativa, es más, muy negativa, tanto de la calidad de los servicios públicos como de la imparcialidad y corruptibilidad del Gobierno autonómico.

Si se pone la lupa sobre cada uno de los tres indicadores, en todos los casos Canarias está en las últimas posiciones de este prestigioso y particular ranking. Y en todos los casos comparte tan dudoso honor con Cataluña y Andalucía. En lo relativo a la calidad de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y las políticas sociales –por ejemplo, la atención a las personas dependientes, con discapacidad o en la tercera edad–, el Ejecutivo del pacto de las flores es uno de los únicos cinco de entre los 17 Gabinetes regionales de España al que sus ciudadanos suspenden. Los canarios le dan una nota del -0,226, solo por encima de las que los administrados de Castilla y León (-0,308), Andalucía (-0,431) y Cataluña (-0,484) les dan a sus respectivos Gobiernos autonómicos.

Otros gobiernos que suspenden

También suspende en este punto la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo (-0,097), pero los restantes doce Ejecutivos reciben el voto positivo de sus paisanos. Algo de especial relevancia en un año en el que la pandemia de coronavirus ha puesto contra las cuerdas como nunca antes la continuidad y calidad de muchos servicios públicos. Los españoles que más valoran la gestión de los servicios de sus Administraciones territoriales son los navarros, los vascos y los riojanos. Tanto que las tres comunidades se codean con las regiones europeas mejor vistas por sus residentes.

Pero la nota con que los canarios puntúan al cuatripartito de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera es aún peor en lo relativo a la imparcialidad en el ejercicio del poder público. Tras el Govern catalán y la Junta de Andalucía –a la cola del país con una valoración negativa que en ambos casos rebasa los -0,5 puntos–, el Ejecutivo isleño es el tercero peor valorado del país por sus propios administrados con un -0,464 en su haber, o más bien en su debe. Suspenden también la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, de nuevo la Galicia de Feijóo, la Aragón de Javier Lambán y la Castilla y León de Fernández Mañueco. En resumen, suspenden siete y aprueban las restantes diez autonomías, en este caso con País Vasco a la cabeza del ranking y como la única región española cuyos paisanos le dan una valoración positiva de más de un punto.

Con todo, es en la tercera y última variable, la de la corrupción, en la que Canarias obtiene la peor nota. Aún peor de la ya de por sí muy mala nota obtenida en los exámenes de la calidad de los servicios y de la imparcialidad en el ejercicio del poder público. Con un rotundo -0,797, los ciudadanos del Archipiélago son junto con los catalanes los españoles que mayor nivel de corrupción atribuyen a su Gobierno. Hay que precisar, eso sí, que la opinión de los administrados, en este caso de los canarios, no necesariamente es el resultado de una valoración circunscrita al actual Ejecutivo, sino que en ella puede influir también, y de hecho influye, su percepción sobre anteriores Gabinetes o incluso determinadas siglas políticas, por más que el estudio tenga un pilar en la imparcialidad de los encuestados.

Corrupción, el mal mayor

Aunque son los catalanes y los canarios los que más corruptibles ven a sus Gobiernos autonómicos, en este punto sí son más los españoles que tienen una percepción negativa que los que tienen una visión positiva, es decir, que no ven fácilmente corrompibles a sus Ejecutivos. Entre estos últimos están los residentes en Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Navarra, La Rioja y País Vasco, mientras que los ciudadanos de las otras diez Comunidades Autónomas dieron una respuesta negativa en la macroencuesta al ser cuestionados por la corruptibilidad en sus instituciones. De este modo, el EQI corrobora que la corrupción en la Administración pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, que incluso tienen la percepción de que es una realidad en el día a día de sus Ejecutivos territoriales.

Además, la investigación de la Universidad de Gotemburgo hace una clasificación general de la calidad de los Gobiernos regionales a partir de la valoración obtenida en los tres indicadores analizados. No sorprende así que los tres últimos lugares del ranking los ocupen Cataluña, con una puntuación negativa global de -0,7; Andalucía, con -0,537 puntos; y Canarias, con -0,515. Galicia, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón y Murcia son las otras cinco comunidades que no logran el favor de sus paisanos. «En España observamos que las [regiones] de mejor desempeño –País Vasco, La Rioja y Navarra– han mejorado constantemente, mientras que Cataluña, Canarias y Andalucía han ido disminuyendo con el tiempo», concluye la investigación financiada por Bruselas.