El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez (NC), amenazó este miércoles 14 de julio con rebelarse si el Estado cierra puertas con el Archipiélago al mismo tiempo que recupera el diálogo con los catalanes. «Nos parece bien abrir espacios de política con Cataluña, pero no podemos entender que se cierren puertas con Canarias», aseveró y advirtió «a aquellos que creen que los problemas políticos solo se dan en los continentes y nunca en los archipiélagos», que «se equivocan».
El también vicepresidente del Gobierno canario lanzó este aviso durante su comparecencia en el pleno del Parlamento regional sobre la respuesta institucionales y política para la defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), tras la decisión unilateral del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rebajar el diferencial a las ayudas fiscales del sector audiovisual, a pesar del informe desfavorable unánime que emitió la Cámara autonómica.
Rodríguez insistió en que no se puede «dar un paso atrás» en la defensa del fuero canario, ya que «no está blindado en la Constitución», de forma que está «al albur de las mayorías parlamentarias» en las Cortes Generales, por lo que se mostró convencido de que si se deja pasar este incumplimiento «vendrán más». «Se que habrá interpretaciones contradictorias en los próximos tiempos», pero apuntó que al menos si el Estado se decide a hacerlo «que lo haga sin nuestro consentimiento».
Defendió que el Gobierno regional «ha hecho su tarea», promoviendo «la convocatoria de la Comisión Bilateral», después de que Canarias haya activado, por primera vez desde su introducción en 2018, el mecanismo incluido en el Estatuto de Autonomía para mostrar su desacuerdo ante el incumpliendo de Madrid con el Régimen Económico y Fiscal.
Desde el momento en el que se constituya la comisión, los representantes de la Administración autonómica dispondrán de dos meses para recordarle a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tal y como establece el REF, el diferencial fiscal en favor de Canarias debe ser del 80% y que el Archipiélago no está dispuesto a conformarse con los 12,4 millones en bonificaciones al sector audiovisual, cuando son necesarios al menos 18 para mantener el margen establecido con el territorio peninsular, que tras el cambio aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, permite que las producciones audiovisuales bonifiquen hasta diez millones.
Rodríguez volvió a mostrarse partidario de negociar con el Estado, pero recordó que en caso de que esa negociación no llegue a buen puerto «se impondrá la tesis de las Cortes Generales» y se tendría que acudir entonces al Tribunal Constitucional.
En su comparecencia, también criticó que se haya actuado «tarde y mal», ya que el cambio tuvo lugar en mayo del año pasado, pero a pesar de que se advirtiese «por tierra, mar y aire que nos dejaba peor que al resto de España, durante 13 meses no se produjo la reacción debida».
La diputada nacionalista, Rosa Dávila, aseguró sentirse decepcionada de que el Gobierno de Canarias haya tenido un año para negociar y no haya hecho nada «plegándose a la ministra aceptando que se rebajara ese 80%». Algo que achacó a la sumisión del presidente Ángel Víctor Torres al que acusó de ser «camarlengo en la corte de Pedro Sánchez». Para Dávila existe «miedo y sometimiento del PSOE canario», sobre todo después de los cambios que el presidente ha hecho en hasta siete ministerios. Quien también acusó de debilidad al Gobierno regional fue el diputado del PP, Fernando Enseñat, que lamentó que todavía no haya «fecha para la celebración de la Comisión Bilateral», mientras que la exdiputada de Cs, Vidina Espino, se mostró convencida de que a Canarias no le que quedará más remedio que acudir al Constitucional si quiere que se respete su fuero.
Condena a los delitos de odio
El pleno del Parlamento de Canarias condenó este miércoles 14 de julio a través de una declaración institucional «cualquier delito de odio dirigido al colectivo LGTBI» y expresó su preocupación ante el avance de la intolerancia y la normalización de discursos y comportamientos extremistas. La Cámara regional quiso abordar así el asesinato de Samuel Luiz el pasado 3 de julio en La Coruña, que también condenaron, y calificaron como «una pequeña parte» de la escalada de «odio homofobia, intolerancia y extremismo que late peligrosamente en lo más profundo de un reducido sector de nuestra sociedad». En esta declaración, el Parlamento también defendió la necesidad de continuar trabajando, especialmente en el ámbito educativo, para acabar con este tipo de comportamientos. | D.G.
