El Consejo de Gobierno dejó ayer sobre la mesa el decreto para regular la tramitación de las ayudas a las empresas y autónomos con los 1.144 millones de euros procedentes del Estado. Tras los problemas surgidos con las ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma a las pymes, el Ejecutivo pretende reducir los trámites al máximo posible y simplificar la documentación que se tiene que presentar no solo para evitar las protestas de los beneficiarios, sino también para que concurran el máximo de empresas posible y agilizar el pago, ya que los fondos tienen que abonarse antes de finalizar el año.
El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, admitió que «intentamos aprender de la experiencia anterior». En el plazo abierto en abril para las ayudas autonómicas hubo protestas de colectivos profesionales, autónomos y pymes que se sintieron marginados por no estar incluidos en los requisitos para recibir una ayuda. Asimismo, al inicio del periodo de tramitación también surgió cierto malestar por la excesiva documentación que se tenía que presentar en las Cámaras de Comercio, lo que ralentizó el proceso y el Gobierno se vio obligado a ampliar el plazo de presentación de solicitudes.
Ahora los objetivos son «llegar al máximo de empresas posible y que sea más sencilla la tramitación», explicó Pérez. El portavoz del Ejecutivo regional indicó que simplificar la tramitación es siempre una meta a lograr pero «tenemos que ser todos conscientes de que algunos de los trámites no dependen de que decida el Gobierno exigirlos, sino de que las leyes imponen que se cumplan ciertos trámites para poder recibir subvenciones».
Entre los puntos que el Ejecutivo está intentando simplificar se encuentra el facilitar a los interesados no tener que aportar los datos y documentos que ya obren en poder de la Administración, de tal manera que se permita con una autorización del afectado el acceso a bases de datos y documentación que tenga la Administración sobre el empresario o autónomo que pida la ayuda.
En otros casos hay aplicaciones informáticas de la Administración que permiten que los interesados obtengan sus propios datos con certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias, número de trabajadores de la empresa y otro tipo de requisitos que se exigen. De esta forma, según Pérez, se simplifica el modo en el que se obtienen este tipo de acreditaciones.
Justificación
Otra fórmula que se estudia es la regulación de cómo se justifica o acredita la utilización de la subvención. Todas las ayudas públicas tiene un trámite posterior de justificación en el uso de los fondos públicos y se intenta que este trámite obligado sea también lo más sencillo posible.
El Consejo de Gobierno tenía previsto aprobar el decreto en su sesión de ayer pero este tipo de fórmulas que se estudian entre varias consejerías y departamentos obligó a aplazar su aprobación para la próxima semana, con el fin de que entre en vigor de inmediato y así iniciar el plazo para presentar las solicitudes.
El convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Hacienda para disponer de estos 1.144 millones de euros fue hace algo más de dos semanas y desde entonces el Ejecutivo prepara el decreto. Previamente los dos gobiernos negociaron cambios con respecto a la primera iniciativa que lanzó la Administración estatal para flexibilizar y ampliar los beneficiarios que se pueden acoger a estas ayudas. Las subvenciones beneficiarán a todas las empresas y autónomos canarios que puedan acreditar unas pérdidas de más del 30% durante el año 2020, sea cual sea su tipo o clasificación fiscal. Asimismo, el Real Decreto-ley también dio carta de naturaleza a la petición de Canarias para que las comunidades autónomas pudieran ampliar el listado de destinatarios e incluyeran también a aquellas empresas afectadas por circunstancias extraordinarias desfavorables en el ejercicio de 2019, como el caso de la quiebra del operador turístico Thomas Cook.
El Gobierno central también considera válida la tramitación de sus ayudas a través de las Cámaras de Comercio, como está haciendo el propio Ejecutivo autónomo con las suyas, “porque permitirá dar agilidad a los procesos y responder con mayor eficacia a las necesidades de las empresas y autónomos”, según explicó en su momento el vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.
El decreto-ley para la concesión de las subvenciones se demora en relación con el anuncio inicial de Rodríguez, que estaba previsto para ayer en el último Consejo de Gobierno del mes de mayo. Las ayudas tendrán unos topes y coeficientes muy altos, de modo que puedan efectivamente aliviar la situación financiera de las pymes, empresas y autónomos más castigados por la crisis y de esta forma salvar las dificultades expuestas por las patronales cuando se supo la aprobación de estos fondos estatales.
