La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió con la firma del consejero canario del ramo, el también vicepresidente Román Rodríguez, el convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma para la transferencia de los 1.144 millones de euros para ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos. A su vez, Montero tenía que hacer lo propio, es decir, suscribir el convenio y remitirle las copias correspondientes al Gobierno de Canarias. Pero la ministra y portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez no pudo firmar, y no porque el bolígrafo se le quedara sin tinta, sino porque falló la firma electrónica. Algo que también le ocurrió con documentos enviados por otros Ejecutivos regionales, que estos días se han apresurado para cerrar los convenios cuanto antes y recibir así, también cuanto antes, los fondos extraordinarios. El caso es que los problemas con la firma electrónica –la ministra no podía firmar en el documento remitido por la Consejería de Hacienda– obligaron a Rodríguez a reenviar los papeles a Madrid, con lo que a primera hora de ayer aún no se había podido formalizar el convenio. No obstante, el propio vicepresidente del Gobierno del Archipiélago explicó durante el pleno del Parlamento que el acuerdo podía estar debidamente suscrito ayer mismo.

En cualquier caso, y pese a este retraso de última hora, Román Rodríguez avanzó durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara que el decreto para regular la concesión de las ayudas se aprobará antes de fin de mes. Hay que tener en cuenta que la firma del convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma es el paso previo a la recepción del dinero –las Islas, con esos 1.144 millones de euros, son la región que se queda con el mayor trozo del pastel, lo que por otra parte significa que también son la más castigada por la crisis del coronavirus– y a la aprobación del decreto. Si el convenio finalmente se suscribió ayer, los 1.144 millones podrían estar en la cuenta corriente de la Consejería de Hacienda la próxima semana. En todo caso, el Ministerio se ha comprometido a librar los fondos en un máximo de diez días desde la firma del convenio con cada comunidad.

Rodríguez expuso que el decreto que regulará el reparto de los 1.144 millones entre las empresas y autónomos isleños establecerá «topes» muy altos. Es decir, que los beneficiarios podrán obtener una subvención cuantiosa que de verdad los ayude a paliar las consecuencias del cero turístico. No obstante, el consejero de Hacienda aún no puede concretar cuáles serán las ayudas máximas en cada uno de los casos, si bien se fijarán de acuerdo con el tamaño –facturación y número de empleados– de cada empresa. Eso sí, el también vicepresidente del Gobierno regional garantizó que las subvenciones «llegarán en tiempo y forma, de acuerdo con unas reglas y sin dejar fuera a nadie».

El representante del Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres respondió así a las dudas de la oposición durante una comparecencia solicitada por la diputada del grupo mixto Vidina Espino. Coalición Canaria (CC), el PP y Ciudadanos –sus dos parlamentarios forman el grupo mixto– desconfían de la capacidad del Gobierno para distribuir las ayudas a la velocidad que la situación exige. Y también de que sea capaz de darlas a las pymes y trabajadores autónomos que más las necesitan.

Espino, la solicitante de la comparecencia, fue quien con más dureza criticó los «anuncios» vacíos de contenido –a su juicio– del Ejecutivo canario. «No vale solamente con anuncios; hay que gestionar», recordó la diputada de Cs, que le pidió al Gobierno «dejar de marear a la gente con grandes cifras y fondos que no están llegando a la sociedad». En este sentido, la parlamentaria le echó en cara al vicepresidente la falta de rebajas de impuestos –máxime en una autonomía que cerró 2020 con superávit, argumentó– y que solo se hayan desembolsado diez millones en ayudas directas.

En línea con Espino, el parlamentario del PP Fernando Enseñat incluso fue un paso más allá y acusó al Ejecutivo de Torres de «abandonar a su suerte» a miles de pymes y trabajadores autónomos, muchos de los cuales ya han cerrado sus negocios para siempre, recordó. Enseñat apuntó que si se mantiene el requisito de estar al corriente en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social para poder recibir las subvenciones, el 80% de los potenciales beneficiarios, como ya ha ocurrido, se quedará fuera.

El nacionalista José Miguel Barragán mostró su sorpresa por el hecho de que ya se esté hablando del destino de los fondos ReactEU cuando estos dependen de la redacción de planes estratégicos que Canarias aún no tiene.

En su segundo turno de respuesta, Román Rodríguez recordó que a los 1.144 millones del Estado se suman los 165 que la Comunidad Autónoma ha puesto de sus recursos propios, de los que 84 también son para ayudas directas. El consejero insistió en que las cobrarán unos 18.000 beneficiarios.