Gobierno y sindicatos esperan cerrar en un mes la estabilidad de los interinos

El acuerdo que se suscribe hoy implica la creación de dos grupos de trabajo que ya están terminando de formarse porque la próxima semana, concretamente el 4 de mayo, inician las reuniones para determinar los mecanismos jurídicos y administrativos que posibiliten la ansiada estabilidad que persiguen estos trabajadores, algunos desde hace más de 20 años, y catalogar el personal que está afectado por el abuso de temporalidad, qué plazas ocupan, en qué departamentos y sus categorías. En este aspecto ya hay un trabajo avanzado cuando la Dirección General de Función Pública intentó convocar las ofertas de estabilización, que fueron rechazadas por las centrales sindicales y se convirtieron en el detonante de la huelga de los últimos meses.

Una vez que se identifique al personal afectado por el abuso de temporalidad la intención es que las plazas que ocupan no sean ofertadas en oposiciones, de tal manera que seguirían ocupándolas este personal hasta su jubilación o baja definitiva. La fórmula legal o administrativa para que estos empleados permanezcan estables de forma indefinida se concretará en la mesa de trabajo en la que se sientan representantes de ambas partes.

El Ejecutivo ha ido modificando su posición inicial desde la llegada del ministro Miquel Iceta al departamento de Función Pública del Gobierno central. Durante los primeros meses del año, y con el conflicto laboral en pleno auge, la Consejería que dirige Julio Pérez se escudaba en que este era un asunto que tenía que dilucidar la legislación básica del Estado y que la obligación de la Comunidad Autónoma era incluir estas plazas en una oferta pública de empleo, aunque con ciertas condiciones para facilitar que el personal interino se quedara en la Administración.

En las últimas semanas el avance en las conversaciones ha sido sustancial. Fuentes de la negociación indican que el Ministerio ha pedido a las comunidades autónomas que encaucen la solución a este problema por ser las más afectadas ya que la Administración General del Estado cumple con el ratio de temporalidad, fijado en un 8%, mientras que comunidades como Canarias cuentan con un 40% de media de su personal en condiciones precarias. De esta forma, las ofertas de estabilización se suspenden y estas plazas no se convocan para que este personal siga ocupándolas.

En el acuerdo que firman hoy el Gobierno y los sindicatos del comité de huelga se recoge que se trata de una “salida excepcional” y que “cualquier mejora de las condiciones establecidas en este acuerdo, derivadas de la normativa estatal de carácter básico, se podrá incorporar a las cláusulas de este acuerdo”.

Un reciente estudio de la expresidenta del Tribunal Constituciones (TC), Emilia Casas, y sentencias judiciales tanto en España como en otros países europeos reflejan la necesidad de dar una solución singular a este personal, pero con la advertencia de no volver a repetir este tipo de situaciones de precariedad en el empleo público, que en algunas administraciones es superior al sector privado. La reforma anunciada por el ministro Iceta del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) va en la línea de establecer sanciones a aquellas administraciones que tengan más de tres años a trabajadores realizando labores de tipo estructural sin que convoquen las plazas que ocupan a ofertas públicas de empleo.

Los sindicatos han desconvocado las jornadas de huelga que habían previsto para este mes y el conflicto se apacigua pero no se desconvoca del todo mientras duren las negociaciones de las mesas de trabajo y el acuerdo que se firma hoy se convierta en definitivo.