Coalición Canaria (CC) exigió este lunes 5 de abril que se flexibilicen los criterios para poder acceder a las ayudas directas a las empresas que tanto el Gobierno central como el Ejecutivo regional han aprobado en las últimas semanas. “Los decretos no llegan a la inmensa mayoría de los empresarios y el problema son los requisitos, no que las empresas no necesiten el dinero”, advirtió el secretario general de CC, Fernando Clavijo, quien criticó que un año después del inicio de la pandemia, “todavía no hayan llegado” y que las condiciones que se han marcado para optar a estas subvenciones son “injustas”.
Los criterios establecidos tanto por el Gobierno canario como por el presidido por Pedro Sánchez discriminan a un buen número de posibles beneficiarios. En el primer caso, un 81% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores subvencionados del Archipiélago se quedan fuera y no pueden optar a los 85 millones de euros dispuestos, mientras que respecto a las ayudas estatales, -que cuentan con un montante de 1,140 millones de euros-, solo una de cada ocho empresas canarias cumple los requisitos para poder solicitarlas.
Para Clavijo no tiene sentido que los criterios no sean los mismos en las ayudas estatales y autonómicas y señaló como uno de los principales frenos a la obligatoriedad de haber tenido beneficios en 2019, lo que deja fuera, por ejemplo, a empresas turísticas que hubieran hecho rehabilitaciones en ese momento. También apuntó a la exigencia de que las empresas no tengan deudas tributarias ni con la Seguridad Social, así como a la obligación de mantener la actividad al menos seis meses.
El también senador autonómico anunció que la formación seguirá presentando enmiendas y alegaciones en las Cortes para que los 1.140 millones de ayudas estatales “se queden íntegramente en Canarias” y lleguen al tejido económico y productivo de las Islas. Asimismo, criticó que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres “no ha hecho su trabajo” a la hora de negociar con el Estado para que el decreto se ajustara a las especificidades canarias.
Respecto a las subvenciones autónomicas, Clavijo aseguró que “se están demostrando que son un fracaso” y señaló que la ampliación del plazo de solicitud otras dos semanas no servirá para que más empresas presenten sus peticiones, ya que insistió en que el problema son sus requisitos. “Ninguna empresa se va a arriesgar por 800 o 900 euros a mantener otros seis meses abierto su negocio cuando no sabemos si habrá cuarta ola”, expresó.
Por otro lado, los nacionalistas también han criticado lo que ocurrirá durante la campaña de la renta que se iniciará este miércoles 7 de abril, en la que más de 30.000 canarios que hasta ahora no habían estado obligados a presentar su declaración, tendrán que hacerlo este año al haberse visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y tener más de un pagador. La diputada del grupo nacionalista canario y secretaria de organización en Tenerife, Rosa Dávila, calificó como “crueldad administrativa” que se obligue a hacer la declaración a familias con rentas muy bajas, que tendrán que hacer frente a “pagos de en torno a 1,700 euros” debido a la poca retención que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “La medida que se le ha ocurrido al Gobierno es un aplazamiento para que se pueda pagar en seis meses”, manifestó Dávila, quien expuso que esto evidencia un profundo desconocimiento “de lo que es vivir con 1.000 euros”.
La nacionalista recordó que hace unos días salió adelante en el Senado una iniciativa de CC-PNC para exigir al Estado que no se considerara al SEPE como segundo pagador en aquellos casos que se hayan visto afectados por un ERTE, pero lamentó que a pesar de ser vinculante “no ha sido tomada en cuenta por el Gobierno de España”. “Nos parece un sufrimiento añadido a la situación que viven miles de familias” con una regulación que “lo que hace es ensañarse con las rentas más bajas” cobrándoles “a través de la declaración por un dinero, el de los ERTE, que proviene de fondos de rescate europeos”.
