Solo una de cada ocho empresas canarias puede optar a las ayudas directas aprobadas por el Gobierno central por un montante de 7.000 millones de euros. El Archipiélago es la Comunidad Autónoma que se queda con el mayor trozo del pastel, un total de 1.144,3 millones, por ser la más castigada por la crisis del coronavirus. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha establecido una serie de requisitos para el acceso a las subvenciones que limita los beneficios de estas ayudas en el tejido productivo regional.

De entrada, el Gobierno estatal tan solo considera subvencionables 95 ramas de actividad, cuando hay un total de 538. Entre las actividades incluidas en el plan de rescate figuran las de mayor peso en la economía canaria, como la hotelera, la de restauración, la del comercio de bebidas –tanto al por mayor como al por menor– o la de los cines, por ejemplo. En España, estos subsectores abarcan un total de 355.713 negocios, un 16% del total. En las Islas son 23.470, es decir, un 27,3%, según el Directorio de Empresas de Informa D&B, la firma especializada en información comercial, financiera, sectorial y de marketing.

El turismo es la industria más castigada por la pandemia. Por eso las ramas relacionadas directa o indirectamente con el negocio turístico acaparan la lista de actividades subvencionables. Y por eso el porcentaje de potenciales beneficiarios en la Comunidad Autónoma es superior al del país en más de once puntos –27,3 frente a 16–. Pero no basta con que una empresa esté incluida en un sector subvencionable para recibir la ayuda del Estado. Dicho de otro modo: no todas esas 23.470 entidades isleñas podrán agarrarse al flotador del Gobierno central.

No en vano, para que una empresa pueda beneficiarse del rescate es condición sine qua non haber cerrado en beneficios el ejercicio de 2019, esto es, el último antes del estallido de la pandemia. Un requisito con el que el Ministerio de Hacienda, que dirige la socialista María Jesús Montero, intenta que los fondos públicos no acaben en manos de empresas zombis. Se trata de evitar que negocios que ya estaban condenados a la quiebra antes de la irrupción de la covid-19, o cuando menos en dificultades, sobrevivan algún tiempo más gracias al doping público. Esto supondría un doble perjuicio: primero porque la ayuda del Estado no impediría que estas empresas zombis acabasen por morir antes o después; y segundo porque ese dinero no llegaría a entidades que están contra las cuerdas por el coronavirus pero que sí son viables. El problema, sin embargo, es que este requisito también deja fuera del rescate a empresas que de forma puntual cerraron 2019 en pérdidas o sin que ello comprometiera su viabilidad.

En todo el país, un 48% de los 355.713 potenciales perceptores de las ayudas logró beneficios en 2019, poco más de 170.000, según los datos de la Agencia Tributaria. Y en Canarias el porcentaje es aún menor. Aunque el dato todavía es provisional, alrededor de un 45% de las 23.470 empresas de los sectores subvencionables cerró en beneficios el último año prepandemia. Así pues, las entidades que en realidad pueden optar a las subvenciones del Estado se reducen a algo menos de 10.600.

Según la base de datos de Informa D&B, en la Comunidad Autónoma se contabilizan un total de 85.889 empresas activas, de modo que solo un 12,3% cumple los dos grandes requisitos para acceder a las subvenciones del Gobierno central: estar en uno de los sectores subvencionables y haber registrado beneficios en 2019.

Hay una tercera condición que podría dejar sin rescate a parte de esas 10.600 entidades. Deberán acreditar que sus ingresos cayeron en 2020 más de un 30%, un desplome que, de media, solo sufrieron cinco sectores de actividad: agencias de viajes y operadores turísticos, servicios de alojamiento, transporte aéreo, servicios de comidas y bebidas y actividades audiovisuales. No obstante, son los sectores que concentran la gran mayoría de ramas subvencionables, más aún en las Islas.

Dos períodos para medir la misma crisis

Los Gobiernos central y autonómico toman como referencia distintos períodos para medir el impacto de la crisis en sus respectivos planes de rescate. Mientras que el Estado exige acreditar una caída de ingresos superior al 30% en todo el ejercicio de 2020, la Comunidad Autónoma establece igual porcentaje pero en el segundo semestre del año. El Ejecutivo regional deja así fuera del cálculo los meses de marzo, abril, mayo y junio, que precisamente fueron los más duros al coincidir con el confinamiento de la nación para contener el avance del virus. En muchos casos las empresas tuvieron que cerrar a cal y canto, con lo que los ingresos fueron cero. Sin embargo, en el segundo semestre -y aun siendo terrible para la economía regional- sí hubo algo más de actividad, con lo que, en general, también entraron ingresos en mayor o menor medida. En definitiva, acreditar caídas de más del 30% es más fácil en el plan estatal que en el canario.