Ángel Víctor Torres llega a la Presidencia del Gobierno de Canarias en julio de 2019. Ocho meses antes de que el coronavirus obligara a España a confinarse. En el ecuador de la legislatura, el socialista encara su primer debate sobre el estado de la nacionalidad –el de 2020 se suspendió por la pandemia– sin ninguna de las grandes cifras de su parte. El paro sube de manera extraordinaria, la destrucción de empleo no cesa, la pobreza se dispara y las listas de espera no se aminoran en una Sanidad centrada en combatir el virus. Son las consecuencias de una crisis mundial que ha paralizado el turismo y golpeado al Archipiélago con especial saña. Según el Ejecutivo, sus políticas paliativas –junto con las del Gobierno de Pedro Sánchez, con los ERTE de fuerza mayor como principal exponente– han evitado la quiebra social de la región. Según la oposición, el Gabinete de Torres no ha hecho todo lo que estaba en su mano.

En la frontera entre ambos planteamientos, todos los grupos del Parlamento coinciden en que la Comunidad Autónoma está ante una coyuntura sin precedentes.

72.300 empleos destruidos. En lo que va de legislatura se han destruido 72.300 puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma. La tasa de empleo se ha reducido casi el triple que la media nacional.

Empleo.

En Canarias trabajaban cerca de 900.000 personas –exactamente 899.700– cuando Torres sustituye a Fernando Clavijo en la Presidencia. Al cierre del año pasado, según la última Encuesta de población activa, el número de ocupados se reduce a 827.400. Se han destruido 72.300 empleos. Aunque la crisis es global, la mayor dependencia del turismo deja a las Islas –junto con la también turística Baleares– con el mercado laboral más castigado del país. La tasa de empleo –el porcentaje de ocupados respecto del total de la población en edad de trabajar– se ha reducido en España en 1,7 puntos desde julio de 2019, mientras que en el Archipiélago ha caído en 4,6. Casi el triple. Seis de cada diez canarios en disposición de trabajar –en concreto el 57% frente al 51% de la media nacional– no están empleados.

39.800 nuevos parados. Sin contar a los miles de asalariados en el limbo de los ERTE –que de hecho son también desempleados–, hoy hay en las Islas 39.800 parados más que en julio de 2019.

Paro.

El número de parados se ha incrementado en paralelo a la destrucción de puestos de trabajo. Cuando el Gobierno cuatripartito –PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera– coge las riendas de la Comunidad Autónoma, los desempleados suman 239.200. A 31 de diciembre, que es hasta donde abarca la Encuesta de población activa –Europa toma como referencia los datos de la EPA y no los del Ministerio de Trabajo–, los parados ya llegan a 279.000. Así pues, la cifra de isleños en la cola del desempleo ha aumentado en 39.800 personas. Y de nuevo la comparación con el conjunto del país deja en peor lugar al Archipiélago. El paro ha subido en España un 15,1%; en las Islas, un 16,6. No obstante, la verdadera cantidad de desempleados es muy superior a esos 279.000 contabilizados de forma oficial.

368.559 desempleados ‘reales’: Los 279.000 parados registrados en la Encuesta de población activa llegan a 368.559 si se suman los 89.559 isleños incluidos en ERTE, que de hecho son también parados.

ERTE.

Pese a que se trata de una medida del Gobierno central, los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor –creados ad hoc para minimizar la destrucción de mano de obra durante la pandemia– saldrán a colación durante el debate sobre el estado de la nacionalidad. Los ERTE son uno de los ejemplos que Torres suele esgrimir para contraponer la respuesta a la crisis del coronavirus de los Ejecutivos socialistas –en Madrid y en Canarias– a la del Gobierno de Mariano Rajoy a la crisis financiera. Aunque el PSOE gobernó en la primera mitad de los ocho años de la Gran Recesión –de 2008 a 2011–, la fórmula del ERTE de fuerza mayor ilustra la diferencia, a juicio de los socialistas, entre la austeridad del PP y el actual y extraordinario incremento del gasto público. Sea como sea, lo cierto es que hay 89.559 canarios en el limbo de los ERTE. En el fondo son tan desempleados como cualquiera por más que no figuren como tales en la estadística oficial. Por lo tanto, el paro alcanza en realidad a 368.559 personas. Es innegable, eso sí, que los ERTE han evitado que el daño a las familias sea aún más grave de lo que ya es.

-3.645 empresas con asalariados. Cuando el ‘pacto de las flores’ se aposentó en el Gobierno de Canarias había 3.645 empresas con asalariados más de las registradas en estos momentos.

Empresas.

Sin los ERTE de fuerza mayor –que bonifican las cuotas empresariales a la Seguridad Social–, la grandísima mayoría de esos casi 90.000 canarios en suspensión de empleo ya serían parados propiamente dichos. Y también habrían desaparecido más empresas de las que ya lo han hecho. En julio de 2019, cuando el pacto de las flores se aposenta en el Ejecutivo, las empresas canarias inscritas en la Seguridad Social –empresas con asalariados– suman 61.189. Hoy son 57.544, esto es, 3.645 menos. A ellas se suman varios miles más –alrededor de 12.000 según la patronal y los sindicatos– que no contaban con asalariados, como, por ejemplo, los micronegocios de muchos trabajadores autónomos, y que también han cerrado para siempre.

51.400 isleños más en la pobreza. En la primera mitad de la legislatura, o más bien desde el estallido de la pandemia, hasta 51.398 canarios han caído en la pobreza. Un 30,43% de la población isleña es pobre.

Pobreza.

La sensible pérdida de empresas y empleos ha golpeado de inmediato a las familias de la región. Según un informe de Oxfam Intermón –que coopera para el desarrollo socioeconómico en hasta 41 países–, el Archipiélago es, junto con Andalucía, la Comunidad Autónoma en que más ha crecido la desigualdad desde el estallido de la pandemia. Cuando el cuatripartito coge las riendas del Gobierno a mediados de 2019, las tasas de pobreza y de pobreza relativa venían reduciéndose conforme iban corrigiéndose los efectos de la crisis financiera. La tendencia debió de haber continuado en 2020 pero el coronavirus lo impidió. Tan es así, que el virus y la parálisis económica han llevado a la pobreza a otros 51.398 canarios. Nunca se había producido un aumento tan grande y tan repentino del número de ciudadanos con ingresos inferiores al 60% de la mediana, es decir, que viven con menos de 8.739 euros al año. Un 30,43% de la población isleña es pobre.

Sanidad.

A lo largo de la legislatura, la lista de espera quirúrgica ha pasado de 24.862 a 24.495 personas. Se ha reducido en 367 personas a pesar de que los esfuerzos en Sanidad se han centrado en la lucha contra la Covid-19. Sin embargo, la lista de espera de más de seis meses se ha disparado de 5.102 a 6.512 personas, un 27,6% más.

La eterna espera de los dependientes

Uno de los asuntos que los grupos de la oposición –Coalición Canaria, PP y Ciudadanos– pondrán más de una vez sobre la mesa del debate sobre el estado de la nacionalidad es el de la gestión de las políticas sociales. Las críticas hacia la labor de Noemí Santana al frente de la consejería se han intensificado en los últimos plenos del Parlamento regional. Su antecesora en el cargo, la nacionalista Cristina Valido, se ha erigido en la voz más contundente en contra del papel de Santana, “que en la oposición tenía soluciones para todo y ahora se excusa en dificultades ya conocidas”, ha dicho la diputada de CC. Con 51.400 nuevos pobres en la Comunidad Autónoma y con el sistema para la atención a las personas dependientes a la cola del país –un mal casi endémico de las Islas–, el papel de Santana será en la segunda mitad de la legislatura si cabe más trascendental que hasta ahora. Los dependientes canarios esperan una media de 923 días para que se les reconozca el derecho a recibir un servicio o prestación. La media es de 432. A finales de 2019 –el pacto de las flores llegó al Gobierno en julio–, la demora era de 785 días, ya la más alta del país pero 138 días inferior a la actual. En cuanto a la crisis, la consejería tiene ante sí el reto de paliar la pérdida de renta de las familias, para lo que necesita la ayuda del Estado, que rechaza más del 80% de las peticiones del ingreso mínimo vital en las Islas.