El debate del estado de la nacionalidad será también, en parte, un debate sobre el estado de la nación. Muchas de las políticas del Gobierno de Canarias están condicionadas por los presupuestos generales del Estado y por la relación con el Ejecutivo central, de ahí que el papel de Madrid en el rumbo de la Comunidad Autónoma sea trascendental. Sin embargo, en esta ocasión hay un asunto que centrará las críticas de la oposición –y no solo de la oposición– al Gobierno de Pedro Sánchez: la gestión de la crisis migratoria.

Coalición Canaria, PP y Ciudadanos, los tres partidos de la oposición en el Parlamento regional, no van a escatimar reproches a los ministros José Luis Escrivá, responsable de la cartera de Migraciones, y Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior. Sobre todo a este último, cuyo “exceso de chulería”, en palabras del portavoz de CC en la Cámara, José Miguel Barragán, le ha granjeado el desprecio unánime de nacionalistas, populares y naranjas. El presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, tendrá así que poner una mejilla para recibir las bofetadas dirigidas a sus compañeros de partido en Madrid y la otra para las que le caigan por su tibieza a la hora de enfrentarse al Gobierno estatal, principal reproche de la oposición a su papel en la crisis. Además, ni Nueva Canarias, ni Podemos, ni la Agrupación Socialista Gomera –los compañeros del PSOE en el cuatripartito– pueden permitirse pasar por alto la cuestión migratoria y la respuesta del Gabinete de Sánchez, que ha sido como poco deficiente a juicio de los tres partidos. Así pues, las críticas no acabarán en los grupos de la oposición.

De hecho, lo sucedido en el muelle de Arguineguín, con los migrantes hacinados en condiciones infrahumanas, y los campamentos de la vergüenza, como el de Las Raíces, en La Laguna, serán la parte más agria del debate. Habrá también críticas a la gestión de la crisis socioeconómica, pero todos los partidos son conscientes de que ningún gobierno podría haber surfeado un tsunami como el de la pandemia sin caer en errores. La oposición será contundente en lo relacionado con la tardanza de las ayudas directas –que aún no se han pagado–, con la necesidad de que el Estado se implique aún más en la recuperación del Archipiélago –sobre todo tras el anuncio de un plan turístico del que nunca más se supo– y con un Plan Reactiva cuya ejecución deja mucho que desear a juicio de CC, su mayor apoyo fuera del cuatripartito. Pero no hará la sangre que sí hará en la crisis migratoria.

“La nota que le ponemos al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres es un cuatro; sin la pandemia, sería un uno”, resumía Barragán en la entrevista publicada ayer.

En cuanto a las consejerías, hay dos cuya labor está marcada en rojo por la oposición: la de Derechos Sociales, que dirige la podemita Noemí Santana, y la de Economía, al frente de la cual está la socialista Elena Máñez. Santana era especialmente crítica con el anterior Gobierno desde la oposición, sobre todo en dependencia, y no ha habido una mejora suficiente –en parte por la irrupción de la Covid-19– para librarla de la venganza de CC. En el caso de Máñez, su papel ante la crisis se circunscribe, a juicio de CC y PP, a ser altavoz de las medidas del Gobierno central.