El Gobierno central mueve ficha en relación con la gestión de la crisis migratoria en Canarias y accede por fin a una operación más o menos formalizada para el traslado de al menos 3.500 migrantes a la Península que, de hecho ya habría comenzado y que se desarrollaría por completo en los próximos días. Distintas fuentes consultadas confirman esta “autorización” por parte del Ministerio de Migraciones, responsable de la gestión de estos traslados, aparentemente con el visto bueno del Ministerio del Interior o al menos con la suficiente complicidad como para no cuestionarlo. Es una operación que responde en parte a la llamada de atención que hizo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado viernes en el Senado y en la que alertó de la situación insostenible en las Islas por la emergencia migratoria en el contexto de una crisis económica y social por la pandemia, reclamando un pacto de Estado y la actuación coordinada de Gobierno central y comunidades autónomas tanto para el traslado de migrantes a la Península, como el reparto solidario de los más de 2.600 menores no acompañados que ahora tutela Canarias.

Las derivaciones permitidas en los últimos días por parte del ministerio que dirige José Luis Escrivá, que siempre ha apostado por esta vía pero que se ha encontrado enfrente a su colega de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y una mayoría del Ejecutivo de Pedro Sánchez, se complementaría además con el inicio de las repatriaciones a Senegal –una vez ya en marcha las de Marruecos y más a cuentagotas las de Mauritania–. Tanto Migraciones como Interior evitaron ayer confirmar algunos de los extremos que se están conociendo sobre esta autorización de traslados a distintos puntos de la Península, y en ambos casos se remitieron a las que se están tramitando y realizando ya en estos momentos para los casos de migrantes en situación de vulnerabilidad, a la que oficialmente se remiten ambos departamento para justificar los traslados. Pero fuentes conocedoras de la operación aseguran que las derivaciones afectan también a migrantes adultos, sobre todo hombres, que no forman parte de ningún colectivo especialmente vulnerable.

“El Ministerio del Interior no hace derivaciones”, aseguró un portavoz de Marlaska. “Lo que hacemos muy puntualmente es autorizar perfiles que son susceptibles por sus condicionantes, de colectivos vulnerables, a ser trasladados a la Península, pero como tal no organizamos esas derivaciones”, insisten en Interior, donde señalan que “entre que autorizamos un perfil concreto y el traslado a la Península se produce puede pasar mucho tiempo. No tenemos un control sobre cuando se realiza. Nosotros vamos autorizando perfiles para que Migraciones, a través de sus sistema nacional de acogidas, pueda ir derivando a la Península”.

El Gobierno central sigue con la idea de que reconocer abiertamente estas operaciones puede generar malestar en los territorios a los que se trasladan los migrantes, como ha ocurrió otras veces, y teme que se pueda parar. Por ello trata de llevar a cabo traslados discretos y, al menos por ahora, de pequeños grupos, es decir, un ritmo insuficiente para dar respuesta a la llegada masiva de personas procedentes de África de los últimos meses, y que ha originado situaciones dramáticas y el colapso de los campamentos e instalaciones habilitadas. Pero frente al intento del Gobierno central de mantener una posición formal contraria a las derivaciones para evitar un efecto llamada, el Ejecutivo canario trata ahora no solo de exigir las derivaciones regladas, sino que reconoce que éstas se están produciendo y que se está empezando a dar respuesta a las permanentes llamadas por parte de Torres.

Canarias no puede asumir el mensaje de que se está dejando a todo los migrantes en las Islas, porque no es lo que se está produciendo”, señalaban ayer fuentes del Ejecutivo regional. A la espera de que esta campaña de traslados a la Península pueda ofrecer su primeros datos oficiales, el equipo de Torres se felicitaba ayer del movimiento de ficha del Gobierno central. Según otras fuentes, en la mayoría de los vuelos a distintos destinos de la Península se están ya integrando migrantes, sobre todo en los aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife. Los ministerios implicados sigue hablando de “personas o colectivos vulnerables” para justificar los traslados, pero el número de derivaciones autorizadas es suficientemente amplio como para evidenciarse que no solo se está actuando en ese campo.

Además también se estarían produciendo salidas de personas en situación legal y libertad de movimiento y a los que hasta ahora se impedía abandonar las Islas. En el caso de Gran Canaria, se daba el condicionante de que no se podía salir por la situación sanitaria, que estaba paralizando determinadas salidas, no de los vulnerables, sino de los que tienen su consideración de asilo y se pueden mover libremente.

Desde el Ejecutivo regional se entiende que “está claro que el Gobierno central busca una respuesta equilibrada entre la contención, la negativa a reconocer oficialmente derivaciones, y la necesidad de liberar los espacios de acogida y de sacar a los migrantes de las Islas”, al tiempo que insisten en que “los canarios tienen que tener la sensación de que se está haciendo y de que no es verdad que todos los migrantes se quedan en Canarias”.

El Ejecutivo canario señala que nunca ha aceptado la máxima de que el hecho de que el Estado contemplara la creación de 7.500 plazas permanentes de acogida significara que siempre se estaría acogiendo a esa cifra de migrantes, sino que el objetivo es “que haya el espacio suficiente ante un repunte como alguno de los vividos en los últimos meses”.