El Gobierno de Canarias ha seleccionado una primera gran tanda de proyectos para arañar la mayor suma posible de los fondos europeos de reconstrucción. Los planes que han pasado el primer corte ascienden a 8.800 millones de euros, casi el triple de la cuantía total a la que aspira el Ejecutivo autonómico, alrededor de 3.600 millones. No obstante, aún queda por delante un segundo cribado de las iniciativas recabadas –hay proyectos del Gobierno, de los cabildos, de los ayuntamientos y del sector privado– para que los planes que finalmente se presenten estén más y mejor atados. El Gabinete regional quiere que la carpeta que llegue a Bruselas, previo paso por Madrid, cumpla sin fisuras los requisitos exigidos para acceder a los fondos. Se trata de garantizar esos casi 3.600 millones, es decir, el 5% de los 72.000 que llegarán a España a fondo perdido.
El viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, presentó ayer a los firmantes del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias –Plan Reactiva– los resultados de este primer cribado de iniciativas. Los 11.355 millones de euros que suman todos los proyectos recibidos –tanto propios como de otras instituciones o empresas– se han quedado en esos 8.800 millones. Sin embargo, las propuestas que no han superado este primer corte no caerán en saco roto, sino que servirán para futuras convocatorias de fondos europeos o podrán ejecutarse con cargo a los presupuestos ordinarios. Y lo mismo vale para los proyectos que se quedarán en la próxima criba.
Los fondos europeos del programa Next Generation son un pilar del Plan Reactiva, que prevé una inversión pública de 5.740 millones de euros. El Reactiva cuenta con el apoyo de los agentes sociales del Archipiélago –patronal y sindicatos–, de las federaciones de cabildos (Fecai) y ayuntamientos (Fecam) y del principal partido de la oposición, Coalición Canaria (CC), que, no obstante, ha manifestado sus dudas sobre el desarrollo y el alcance del plan. La reunión celebrada ayer en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz es la primera de la comisión de seguimiento del Reactiva, que ya se comenzó a ejecutar en 2020.
El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, expuso al término del encuentro –que se prolongó cerca de tres horas– que en 2020 se ejecutó el 96% de los fondos previstos para el programa, un total de 1.160 millones de euros. Entran en esa cantidad las nóminas de los 7.000 empleados públicos contratados para reforzar la Sanidad o la Educación o los 95 millones en ayudas anticrisis. “Ahí está el milagro canario, hay comunidades que contratan y luego despiden en diciembre, y otras, como Canarias, que solo contratan”, subrayó Torres. El grueso del Reactiva vendrá, en cualquier caso, en el próximo trienio (2021-2023), y su mayor o menor éxito estará directamente relacionado con la mayor o menor suma de dinero que llegue de Europa.
En el Gobierno entienden que a Canarias le corresponde un 5% de los fondos por su peso en la economía nacional –alrededor del 4,5%– más medio punto por el mayor golpe que el coronavirus le ha asestado a la región. En definitiva por la gravedad de la crisis que ha causado el cero turístico. Pero para recibir esa parte de los recursos destinados para España –72.000 millones en ayudas directas pero hasta 140.000 si se suman los créditos– antes hay que hacer la tarea. Bruselas no quiere que el mayor esfuerzo económico de su historia se convierta en una mera transferencia de fondos, sino que contribuya a paliar la crisis pero también a cimentar un futuro más sostenible, ecológico e igualitario.
Por eso les ha puesto deberes a los Estados miembros, que han de presentar proyectos orientados hacia esas grandes líneas estratégicas. España ha creado su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para canalizar los fondos comunitarios y ha pedido a su vez a las comunidades autónomas que le trasladen sus propuestas antes de abril.
Aunque la lista está aún por pulir y muchos de los proyectos no estarán en la relación final, el Gobierno canario sí ha definido las 17 grandes líneas de actuación en coincidencia con los retos marcados por Europa: cohesión territorial, movilidad limpia e inteligente, mejora de la competitividad, mejora de la Sanidad...
Poner en marcha todos los proyectos supondrá un volumen de trabajo desconocido hasta la fecha en la Administración autonómica, cuyos porcentajes de ejecución presupuestaria –sobre todo en las inversiones– son históricamente bajos. De ahí que Torres anunciara la próxima aprobación de un decreto ley para, con el anclaje del real decreto estatal aprobado con el mismo objetivo, limpiar de burocracia la tramitación de los proyectos.
Descontento
En la reunión de ayer, en la que parte de los asistentes echó en falta mayor concreción sobre el rumbo y los resultados del Plan Reactiva –buena parte del tiempo la ocupó la presentación de la herramienta que permitirá hacer un seguimiento del programa–, Torres también pidió a los firmantes del plan una posición común sobre la crisis migratoria. El Gobierno distribuyó un par de fotocopias sobre acuerdos alcanzados en el Parlamento sin que el asunto fuera más allá. Aunque el presidente apuntó en la rueda de prensa posterior que es “básico” una posición común sobre el pacto de asilo e inmigración que pretende aprobar Bruselas y que responsabiliza a los territorios fronterizos de la carga inmigratoria.
Desde la oposición, la presidenta del PP en las Islas, Australia Navarro, afirmó que Torres “sigue escondiendo tras el Plan Reactiva la absoluta falta de política económica y social”. Asimismo lamentó la falta de “concreción y maduración” de los proyectos para los fondos europeos.
