El Gobierno canario, las organizaciones empresariales y los sindicatos harán frente común para tratar de que la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor en el turismo, a la que se ha comprometido el Ejecutivo central, vaya más allá de las empresas hoteleras y alcance a "todos los subsectores", entre ellos el transporte por carretera y el alquiler de vehículos. Así lo anunció ayer en el Parlamento regional la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, quien detalló que la posición que defenderá Canarias es que las condiciones de la prolongación de esta medida sean las mismas que regían hasta ahora, por lo que permitirán que los negocios que se acojan a ella estén exonerados del pago de las cotizaciones sociales, aunque en esta ocasión los representantes del Archipiélago pretenden que la fuerza mayor que justifica el ERTE se determine por centro de trabajo y no por empresa.
La ampliación de los ERTE turísticos en las Islas mientras se reactive el sector y se recupere la conectividad aérea fue una de las condiciones que puso Coalición Canaria para apoyar en el Congreso de los Diputados la última prórroga del estado de alarma. El acuerdo adoptado ayer en el Consejo Canario de Relaciones Laborales -que reúne al Gobierno autónomico con las patronales CEOE y CCE y los sindicatos CCOO y UGT- cristaliza la posición oficial que la Comunidad Autónoma esgrimirá hoy en la comisión de seguimiento nacional, que analizará la prórroga de estos instrumentos, destinados a facilitar la continuidad de las empresas y evitar despidos masivos.
El Parlamento de Canarias celebró ayer su segundo pleno presencial desde que se declaró el estado de alarma a causa de la epidemia del nuevo coronavirus. A la sesión acudió una minoría de la Cámara: alrededor de una veintena de diputados. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo compareció para explicar la evolución de la crisis económica desencadenada por la pandemia y las medidas con las que se le hace frente, y tuvo que enfrentarse a las duras críticas de la oposición. El diputado del PP Carlos Ester expresó sus dudas de que los ERTE por fuerza mayor se prolonguen más allá de junio y reprochó al Ejecutivo su "pasividad" en materia de empleo. "¿Dónde están los planes específicos para desempleados, para mayores de 45 años, para parados de larga duración, para jóvenes o mujeres?", se preguntó. Por su parte, Socorro Beato (CC-PNC) recriminó a la consejera su "discurso vacío y frases hechas", censuró la gestión del Gobierno español -"solo hace declaraciones desafortunadas que causan preocupación en el sector turístico", dijo, en alusión a las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el "bajo valor añadido" del turismo- y animó a emplear el Régimen Económico y Fiscal (REF) para impulsar la recuperación. "Con que solo se cumpliera un tercio estaríamos reflotando Canarias", afirmó la parlamentaria nacionalista. Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, demandó la inmediata puesta en marcha de un plan de choque "real" que amortigüe el impacto económico de la pandemia y garantice la supervivencia de empresas, autónomos y micropymes, al tiempo que echó en falta concreción financiera en las medidas anunciadas por el Gobierno autonómico.
Los servicios "no se tocan"
La intención del Ejecutivo es que esta crisis, a diferencia de la que arrancó en 2008, se abordé sin recortes en los servicios públicos que, advirtió Máñez, "no se tocan". La consejera presentó ante la Cámara los resultados de un informe de su departamento sobre los efectos económicos de la epidemia, aunque aconsejó tomarlos "con cautela" debido a que la situación es "variable". Según los cálculos de la Consejería, el paro ascenderá, en el peor de las proyecciones, al 27%, muy lejos del 35% que llegó a rozar en 2013 o de las previsiones de la CEOE, que lo elevan al 40%. Por su parte, la caída del PIB se situaría este año, en el "escenario más plausible", en el 15%. A partir de marzo o abril de 2021 empezaría a retornar la "normalidad económica".
Las previsiones de Economía no son compartidas por la oposición -CC habló de consecuencias "devastadoras"-, aunque tampoco por todos sus socios. Casimiro Curbelo (ASG) expresó su preocupación por que el desplome del PIB ronde el 30% y el alza del paro el 40%, al tiempo que dudó de que se prolonguen los ERTE que no tengan que ver directamente con el sector turístico, puesto que suponen un coste "inasumible" para el Estado.
Elena Máñez reveló también que unos 18.000 autónomos canarios han solicitado las ayudas con las que el Gobierno regional complementa al 30% de las que concede el Estado por cese de actividad. La consejera negó, como aseguró CC, que se hayan producido retrasos en la tramitación. "Hemos tardado poco más de veinte días en completar unos trámites establecidos por ley", dijo.
