La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Gobierno central "atenderá" las necesidades de Canarias, y del resto de comunidades autónomas, derivadas de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria, el confinamiento ciudadano y el parón de la actividad productiva, pero una vez más eludió aclarar si atenderá la reclamación del Gobierno de Canarias y de las demás administraciones isleñas de flexibilizar las reglas fiscales sobre el uso del superávit y la posibilidad de un mayor endeudamiento como instrumentos de financiación ante la caída de los ingresos tributarios. Montero, de hecho, apeló al equilibrio de las cuentas públicas del conjunto de las administraciones para explicar la cautela con la que su ministerio está actuando en materia de flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera pese a tener un mayor margen de actuación en este sentido por parte de la UE.
Esta es la cuestión sobre la que ayer le preguntó en el Congreso el diputado de NC, Pedro Quevedo, señalando que "no es razonable" que de ese mayor margen de actuación solo vaya a beneficiarse la Administración central, y que el ministerio no lo traslade a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales para que puedan hacer frente a la crisis, en especial en el caso de Canarias por los mayores efectos que el parón del turismo tendrá en la economía del Archipiélago. Unas administraciones canarias, dijo, "que tienen competencias muy serias que atender en un contexto de grave reducción de los ingresos", y que además acumulan en sus cuentas corrientes bancarias en torno a 4.000 millones de euros. Canarias es, recordó Quevedo, la de menor deuda de todo el Estado, y ahora tiene urgencia de acudir a ese instrumento de financiación "porque si no no es posible hacerle frente a los enormes problemas que va a tener planteada la sociedad canaria".
Montero comenzó señalando que "este Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas para que podamos conocer con exactitud qué impacto está teniendo en las cuentas públicas la pandemia", y aseguró que "en ese diálogo, atenderemos sin duda todas aquella cuestiones que sean necesarias para seguir teniendo un sistema de bienestar robusto" y para que éste pueda seguir siendo prestado por las regiones con el actual nivel de calidad. Añadió la ministra que el Ejecutivo "acompañará a las comunidades autónomas para que no tengan dificultades en sortear esta crisis sanitaria que se ha convertido en crisis económica".
La titular de Hacienda consideró en este sentido que el diálogo con los gobiernos regionales, entre ellos el canario, debe seguir una principio general, el de "hacer compatible lo que un gobierno progresista siempre intenta desarrollar, que es intentar que los ciudadanos pueden ser atendidos en todas su necesidades respecto al Estado del Bienestar", pero también "ser capaces de tener unas cuentas públicas que no endeuden" a generaciones futuras. Un objetivo sobre el que se mostró convencida de que también persigue el Gobierno de Canarias. "Tenemos que hacer un equilibrio necesario entre lo que en este momento tenemos que atender y lo que en el futuro, nuestros hijos y nietos, tengan que desarrollar de la gestión que hayamos hecho", afirmó.
Por todo ello, la ministra trató de transmitir a Quevedo "absoluta tranquilidad" en que el Gobierno "va a acompañar a todas las comunidades autónomas" en este proceso de vigilancia sobre los efectos de la crisis y en dotarlas con la financiación suficiente, asegurando que su Ministerio, "en algún caso autorizará endeudamiento, y en otros casos hará transferencias". "Para nosotros es igualmente preocupante la situación de Canarias que la de otros territorios y la atenderemos desde el Gobierno de España con todas las necesidades que la situación requiera", concluyó la ministra.
Aunque Quevedo calificó en el pleno de "razonablemente alentadora" la respuesta de Montero, y reclamó que se pasara "al terreno de las concreciones", en una valoración posterior aseguró que es "absolutamente insuficiente e insatisfactoria" la contestación de la ministra. "Las evasivas, los circunloquios y las generalidades ante el grave riesgo de una fractura social en Canarias son inadmisibles", advirtió el diputado de NC. En su intervención, Quevedo recordó que él ha apoyado "las decisiones de este Gobierno, nos hayan parecido mejores o peores en este estado de alarma, esencialmente porque consideramos que se está haciendo lo que hay que hacer", pero advirtiendo que, paralelamente, hay que resolver el debate sobre la flexibilización de las reglas fiscales para el uso del superávit y a autorización de ir a un mayor endeudamiento.
