En la lucha contra el coronavirus no existe la oposición parlamentaria. Todos a una. Tanto los portavoces de la Cámara regional como los ayuntamientos y cabildos cerraron filas ayer con el Gobierno autónomo en el control y erradicación del Covid-19 y, en concreto, apoyaron sin fisuras la propuesta inédita de que se limiten al máximo los traslados aéreos y marítimos a Canarias. El presidente Ángel Víctor Torres tuvo un día maratoniano en reuniones.

Tras el Consejo Asesor se citó, de forma presencial y por videoconferencia, con los portavoces de los grupos del Parlamento de Canarias y con los representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de Islas (Fecai) para informarles sobre las medidas que plantea al Ejecutivo y recoger las propuestas de estas formaciones y corporaciones a fin de trasladarlas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Todos mostraron su disponibilidad a actuar de forma coordinada para evitar la extensión del virus en sus respectivos ámbitos y su predisposición al autoaislamiento aéreo y marítimo de las Islas, permitiendo, eso sí, los traslados para el abastecimiento de la población y un número limitado de vuelos y muy controlados.

Además, los alcaldes y los cabildos reclamaron al presidente del Gobierno que defienda con firmeza en Madrid que el dinero ocioso que acumulan en las entidades bancarias -más de 2.000 millones de euros entre remanentes y superávit que solo pueden destinar a pagar deuda o a inversiones muy tasadas por ley- se puedan emplear en estos momentos a paliar los efectos de la crisis del coronavirus en los servicios esenciales y en la economía. Incluso, hablan de la posibilidad de que se permita el endeudamiento, ante los acontecimientos que puedan suceder en estas semanas: impredecibles, coinciden en señalar, y sobre todo en el turismo y en los puestos de trabajo que dependen de él.

Ante ello, tanto los portavoces como los ayuntamientos y cabildos ofrecieron propuestas económicas para intentar paliar las consecuencias y evitar el colapso sanitario, así como el mantenimiento de los servicios esenciales. La Fecai defiende en materia de financiación no solo el uso del superávit y la posibilidad de endeudamiento, sino que el Estado transfiera con urgencia recursos para la pobreza y políticas de empleo. Casimiro Curbelo, presidente de la Fecai y portavoz parlamentario de ASG, sostiene que la pérdida de empleo será progresiva con el cese total de la actividad en el sector servicios, principalmente, en establecimientos alojativos, bares, restaurantes, tiendas o transportes. Por tanto, plantea la creación de ayudas para pymes y autónomos con medidas como el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social y líneas de crédito ICO que den cobertura a los pagos que deben afrontar en este tiempo. La presidenta de la Fecam, María Concepción Brito (PSOE), asevera que los ayuntamientos van a mantener los puestos de trabajo fomentando el teletrabajo y garantiza el pago a proveedores, así como la asistencia presencial de emergencia, a fin de no incurrir en la paralización total de estas administraciones, pero para ello necesitan recursos. Y por eso exigen que puedan usar sus depósitos en los bancos y que no se aplique el pago del 0,5% de interés por tener el dinero en las entidades bancarias.