El Ejecutivo central intenta parar a contra reloj la llegada de las urnas en Cataluña, las urnas en las cuales se votaría la consulta independentista. La Fiscalía ya ha interpuesto querellas, que han sido admitidas a trámite. Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat y su ejecutivo serán investigados por tres delitos: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Este último es el que tiene consecuencias mayores, porque podrían enfrentarse hasta a ocho años de prisión.
