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‘Caso Geneto’ | Investigación por presuntas irregularidades en una operación urbanística

El Tribunal de Cuentas concluye que la compra de fincas en Geneto fue correcta

El máximo órgano fiscalizador de España descarta el daño económico en la adquisición en 2012 por parte del Cabildo de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife

Instalaciones de la ciudad deportiva del CD Tenerife en Geneto, La Laguna. Carsten W. Lauritsen

El Tribunal de Cuentas, órgano supremo fiscalizador de la gestión económica del sector público en España, concluye que la compra de los terrenos de Geneto en 2012 por 19 millones de euros por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT, empresa del Cabildo tinerfeño) fue correcta, se realizó conforme a las condiciones del mercado y no causó daño patrimonial alguno a la entidad pública.

Esta investigación se origina tras un informe del interventor general del Cabildo de Tenerife, Antonio Messía, que en 2020, con el PSOE y Ciudadanos al frente del Gobierno insular, denuncia un presunto caso de corrupción urbanística en la compra de dos terrenos situados en la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, en La Laguna, uno al propio club y otro a la empresa público-privada NAP de África Occidental. En ese año 2012 era presidente de la Corporación insular Ricardo Melchior y vicepresidente Carlos Alonso, ambos de Coalición Canaria.

El informe Messía alertaba de una sucesión de irregularidades en esta operación urbanística y de indicios de los delitos de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable en los responsables de entonces del Cabildo por provocar «un menoscabo de los caudales públicos». El interventor, uno de los principales fiscalizadores de la actividad económica de la Corporación insular, remitió su denuncia en 2020 al Tribunal de Cuentas, la Audiencia Provincial, la Fiscalía y la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Más de dos años después, la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas resuelve que tras el examen de la documentación «los hechos valorados no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos, ya que no cabe interpretar un ilícito contable». Esto expone el máximo órgano fiscalizador del país en un acta de liquidación firmado el pasado martes.

La sección de Enjuiciamiento echa por tierra con esta resolución uno de los principales argumentos –la operación generó por sus presuntas irregularidades un agujero económico en las arcas públicas del Cabildo– que llevó a la justicia ordinaria a abrir dos procedimientos penales, que siguen su curso: el caso Geneto y el caso NAP.

Antonio Messía vio indicios para actuar contra los responsables de esta compraventa por suponer un «uso irregular de fondos públicos» para la adquisición el 24 de enero de 2012 de las dos fincas, que ocupan una superficie de 30.700 metros cuadrados y por las que la empresa del Cabildo pagó 18,9 millones de euros. Para el interventor, el Cabildo pagó por esos terrenos más de cinco veces su valor real merced a una tasación irregular y un precio muy superior al de solares similares a los de Geneto.

A raíz de dicha denuncia, el Tribunal de Cuentas solicitó información en 2021 y 2022 a las partes implicadas: Cabildo, Parque Científico y Tecnológico, Ayuntamiento de La Laguna, CD Tenerife y Universidad de La Laguna. Como conclusión a las diligencias, el Tribunal de Cuentas deduce que no se produjo ningún daño patrimonial, validando las tasaciones y determinando que el precio que desembolsó el PCTT por los terrenos fue el adecuado. Considera que el Consejo de Administración de la entidad no cometió ningún ilícito contable.

El Parque Científico del Cabildo adquirió una finca de 13.258 metros cuadrados al CD Tenerife por un importe de 13 millones de euros y la otra de 17.442 metros cuadrados a la sociedad NAP por 5,9 millones. En total, la compra de los terrenos supuso un desembolso de 18,9 millones de euros para el PCTT, cantidad que se ajustó al precio de mercado, tal y como ha quedado demostrado en las conclusiones del máximo órgano fiscalizador nacional. El objetivo era destinar ese suelo a centros relacionados con la innovación y las nuevas tecnologías.

Esta resolución tendrá repercusión en los procedimientos judiciales en desarrollo. Viene a refrendar la postura defendida por los anteriores miembros del Consejo de Administración del PCTT de que las operaciones se realizaron respetando la legalidad y sin que se produjese ningún perjuicio para la empresa ni para el Cabildo.

En el proceso judicial que se desarrolla de forma paralela y en las que influirá esta resolución del Tribunal de Cuentas, de los 10 imputados por prevaricación y malversación del inicio del caso Geneto ahora quedan seis: los expresidentes del Cabildo por CC Ricardo Melchior y Carlos Alonso, los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC) y María del Pino León (CC), el exdirector insular de Innovación Juan Antonio Núñez y el letrado de Parque Científico José Luis Luengo, el único que no era consejero del Parque Científico y Tecnológico sino asesor.

En septiembre de 2022, la jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye el caso Geneto, archivó las imputaciones en los casos de otros consejeros del PCTT que aprobaron la operación. Descartó los indicios de delito en la participación de Julio Pérez (PSOE), consejero de Justicia y Seguridad del Gobierno canario; José Luis Delgado (PSOE), director general de Infraestructura Viaria del Ejecutivo regional; Sergio Alonso (CC), edil de La Laguna; y Luis Antonio Martínez, exdirector de la Fundación Starlight.

En el otro caso judicial derivado del informe Messía, por presuntas irregularidades en la absorción hace 10 años por parte de la empresa pública ITER, del Cabildo de Tenerife, de la empresa público-privada NAP, solo quedan dos investigados por prevaricación y malversación de los 14 que hubo al principio: Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife por CC entre 1999 y 2013, y a Manuel Cendagorta, que fue director-gerente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife (ITER).

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla, que lleva el caso NAP, archivó en septiembre las imputaciones entre otros a Carlos Alonso, entonces consejero de Desarrollo Económico del Cabildo; Aurelio Abreu (PSOE), exvicepresidente de la Corporación insular; Álvaro Arvelo, expresidente de CajaCanarias; Eduardo Doménech, exrector de la Universidad de La Laguna; Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); o Miguel Ángel Pérez (PSOE), viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático.

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