La justicia archiva la causa a Julio Pérez, consejero de Justicia, Administraciones Públicas y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el caso Geneto, una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra por parte del Cabildo de Tenerife en 2012 de dos terrenos de la ciudad deportiva del CD Tenerife en La Laguna por 18,9 millones de euros. La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Laura Paule González, considera, a la vista de la documentación y la declaración de imputados y testigos, que Julio Pérez, también portavoz del Ejecutivo regional, desconocía la situación real de la operación urbanística ni los daños que podía causar a las arcas públicas del Cabildo de Tenerife.
La jueza también archiva la causa con similares argumentos a otros tres de los 10 investigados, que como Julio Pérez (PSOE) votaron a favor de la compra de los terrenos en un consejo de administración de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), del Cabildo tinerfeño. Estos cargos que también salen del caso, al considerar la magistrada que no hay indicios de que cometieran delito, son el director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado (PSOE), el concejal de La Laguna Sergio Alonso (CC) y el exdirector de la Fundación Starlight Luis Antonio Martínez.
La jueza mantiene a seis investigados, entre ellos Ricardo Melchior, que fuera presidente insular
Laura Paule González adoptó esta decisión un día después de tomar declaración a Julio Pérez como investigado y el mismo día que se divulgó el escrito de la Fiscalía que pedía el sobreseimiento para estos cuatro investigados. La jueza hace suyos, en el auto que firmó el jueves, los argumentos del ministerio público. De los 10 imputados por prevaricación y malversación de fondos públicos en el inicio del caso Geneto ahora quedan seis: los expresidentes del Cabildo por CC Ricardo Melchior y Carlos Alonso, los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC) y María del Pino León (CC), el exdirector insular de Innovación Juan Antonio Núñez y el letrado de Parque Científico, José Luis Luengo, el único que no era consejero sino asesor.
El caso Geneto parte de una denuncia del actual gobierno del Cabildo de Tenerife, formado por PSOE y Ciudadanos con el apoyo externo de Sí Podemos Canarias. En octubre de 2020, Antonio Messía, interventor general del Cabildo, realiza un informe en el que expone indicios de «un menoscabo de caudales públicos» de la Corporación insular en la compra de los dos terrenos de la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife en Geneto. El Cabildo, como propietario del 97% de las acciones de la empresa Parque Científico, aporta los 18,9 millones que costaron esos solares. En el trasfondo, la operación se justifica para salvar al CD Tenerife de la quiebra económica.
Después de más de un año de investigaciones, la Fiscalía considera que algunos consejeros de Parque Científico pudieron dar el visto bueno a la operación urbanística a sabiendas de que esos terrenos carecían de utilidad ni interés público. El Ministerio Público entiende asimismo que ese suelo –30.700 metros cuadrados– fue comprado por el Cabildo con la justificación de que en Geneto se iba a construir un centro de innovación y tecnología, cuando algunos consejeros sabrían que esa instalación no era idónea para ese fin y que ese centro se iba a instalar en Cuevas Blancas, Santa Cruz de Tenerife. También expone que se adaptaron decisiones a sabiendas del grave perjuicio económico que la compraventa iba a ocasionar a Parque Científico y Tecnológico, empresa a la que la Corporación sigue traspasando hoy dinero público para sacarlo de su mala situación económica y garantizar su supervivencia.
Julio Pérez, abogado y exsecretario de Estado de Justicia (2007 a 2009), acudió a aquel consejo de administración de Parque Científico, que apoyó la compra de los solares, como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Urbanismo, pues el Consistorio capitalino es accionista de la empresa. El actual consejero de Justicia de Canarias, según detalla el fiscal y apoya la jueza en el auto de archivo, no intervino en los consejos de mayo y julio de 2011 en los que también se abordó esta operación, pero sí en el del 28 de diciembre. El auto apunta que, como declaró el propio Julio Pérez el miércoles en el Palacio de Justicia, «ni tan siquiera llegó a intervenir realizando actuación material alguna conducente a posibilitar la futura venta».
Como consta en el acta de la reunión, añade el escrito de sobreseimiento, Pérez, por el contrario, puso reparos a algunos procedimientos. En un momento del consejo, se ausentó pero delegó su voto en José Luis Delgado, siendo este favorable a la operación urbanística ahora bajo la lupa de la justicia. Jueza y fiscal concluyen que el actual portavoz del Gobierno de Canarias «no tuvo intervención efectiva ni con suficiente conocimiento de su trascendencia en las decisiones susceptibles de reproche penal».
El otro cargo del Ejecutivo regional que sale de la causa al no observarse ningún indicio delictivo en su conducta es el director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado. Acudió a ese consejo de diciembre de 2011 en representación del Cabildo de Tenerife, donde fue consejero. En su declaración ante la jueza y tal y como aparece en el acta, dejó constancia de la falta de sentido de adquirir los terrenos en Geneto.
Sin embargo, pese a esta y otras objeciones –como su inquietud sobre la estabilidad financiera de Parque Científico y Tecnológico–, votó a favor de la operación en ese consejo y en otro posterior del 16 de enero de 2012. Lo hizo, afirmó en su declaración judicial, ante las explicaciones que le dieron Ricardo Melchior y Carlos Alonso, el primero presidente del Cabildo en ese momento y el segundo, consejero de Economía. Delgado manifestó que no se puso a su disposición ni la tasación de los terrenos ni ningún otro documento que permitiera conocer la idoneidad de la venta que se proyectaba y que se realizó finalmente. «Con estos elementos, se entiende que no actuó con conciencia de la ilegalidad de los acuerdos, manifestando en todo momento sus reservas a su adopción», asegura el fiscal y avala la magistrada. «No se le puede irrogar responsabilidad criminal alguna siquiera incidiaria por los hechos denunciados», concluye el auto en el caso de José Luis Delgado.
También se archivan las causas de José Luis Delgado, Sergio Alonso y Luis Antonio Martínez
Las otras dos personas que quedan fuera del procedimiento no estaban en el consejo de administración de Parque Científico como cargos políticos. Sergio Alonso, hermano de Carlos Alonso, fue a ese encuentro en representación de la Universidad de La Laguna (ULL). Era en concreto director-gerente de Fundación Empresa . La jueza archiva sus imputaciones porque «no consta que participara en los debates» y porque su actuación es «formal» y «ajena por completo a cualquier interés más que el de intervenir por cuenta de la institución representada».
El último caso es el de Luis Antonio Martínez, exdirector de la Fundación Starlight y que acudió a los consejos en nombre del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Según el Juzgado de Instrucción 5 de Santa Cruz y la Fiscalía, «no participó en el debate que condujo a la decisión final de la compra». Como explicó en su declaración, «carecía de suficientes conocimientos para emitir voto favorable pero entendía que actuaba en ejecución de una decisión del Cabildo de Tenerife». El caso Geneto sigue ahora con seis investigados y las averiguaciones para determinar si esos terrenos se compraron sin una razón justificada y a un precio cuatro veces superior al de la tasación real.
