Los arrendatarios de las 76 viviendas que configuran la promoción de viviendas sociales Edificio Galdós, en La Jurada (San Isidro), se constituyen en plataforma de afectados por la resolución de los contratos de arrendamiento, con opción a compra, que se encuentra en vigor. La propiedad, la empresa pública Servicios Municipales de Granadilla de Abona (Sermugran, les reclama que ejerzan su derecho a compra antes del 12 de septiembre, debiendo comunicarlo antes del mes de junio.
En un documento remitido a la Alcaldía de Granadilla de Abona, suscrito por 71 de los 76 afectados, piden que se les garantice «sin más dilación» la facultad de prorrogar los contratos de arrendamiento en el caso de que no puedan ejercitar su derecho de opción a compra. Asimismo, solicitan al alcalde que el Ayuntamiento y la empresa municipal acuerden «expresamente no proceder al desalojo previsto para las viviendas de los afectados».
Además, plantean al gobierno local que el Consistorio «intermedie» ante CaixaBank para que la entidad bancaria mejore las condiciones que está proponiendo a los arrendatarios para la subrogación del préstamo hipotecario, que ahora tiene la empresa municipal como titular de los inmuebles.
Sermugran ya notificó a los vecinos que este año expira el contrato de arrendamiento y que deben ejercer el derecho a compra. Los inquilinos sostienen que cumplen los requisitos de acceso a una vivienda pública, tanto en el umbral de la renta como por no tener otra propiedad. Asimismo, exponen que «muchas» de las familias «padecemos una situación excepcional de vulnerabilidad, algunos tienen una avanzada edad, recursos insuficientes para alquilar a precio de mercado o con uno o más miembros de la familia con discapacidad». La plataforma expone que la pandemia emporó «aún más» la economía de muchas de estas familias, «motivo por el cual muchos de nosotros no podemos acceder a un préstamo hipotecario».
Sí haycomunicación
Los vecinos del Edificio Galdós afirman que la empresa municipal de Granadilla les comunicó, «a través de varias vías», que, de no ejercer su derecho a opción de compra en septiembre, «tendremos que abandonar las viviendas públicas en las que residimos, dejando absolutamente desamparadas a las más de 70 familias que no tienen ninguna otra alternativa».
Además de rechazar «tajantemente» la gestión de este asunto por parte de sus responsables públicos, critican que a sus peticiones de explicaciones «nunca hemos recibido respuesta, ni alternativa alguna a la situación de incertidumbre que padecemos». La prórroga de los contratos de arrendamiento a quienes no pueden ejercer su derecho a compra «es absolutamente esencial», pero se trata de un «extremo negado expresamente por los responsables a las familias que aquí residimos». A juicio de la Plataforma de Afectados del Edificio Galdós, esto se produce «vulnerando, a nuestro entender y en gran número de los contratos, la Ley de Arrendamiento Urbano».
Jennifer Miranda, portavoz del PSOE, advirtió públicamente del próximo desahucio de estas familias, extremo negado –calificado de falso– por el gobierno municipal, que, dijo, «buscarán las alternativas necesarias en beneficio de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad». La concejala socialista pone sobre la mesa que «se podría dar lugar a una situación en la que se desahucian a familias enteras para dejar las viviendas vacías».
