El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, defiende que el tren del Sur «es una infraestructura necesaria» ante la «saturación» de tráfico que registra la red de carreteras de Tenerife y porque «evita consumir más suelo». Este pronunciamiento se produce en pleno debate político sobre la ejecución de este proyecto promovido desde el Cabildo de Tenerife. «En cualquier caso, respeto la autonomía de cada administración», matizó.
Torres respalda la implantación del transporte guiado en Canarias no solo por lo reducido del territorio, sino «porque es una respuesta alternativa» al problema de la movilidad y «porque puede ser sostenible». «Es necesaria una infraestructura como esa», reitera en su intervención de 50 segundo sobre la materia en una entrevista en Radio Club Tenerife.
Tras asegurar ser un buen conocedor de este proyecto, recuerda que enmendó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, siendo diputado nacional. Un hecho que motivó la consignación de 10 millones de euros por parte del Gobierno central para los proyectos de los trenes de Gran Canaria y de Tenerife, a razón de cinco millones para cada uno.
Desde el Gobierno insular, su presidente, Pedro Martín, es tajante: «El problema de la conectividad que tenemos en la Isla no se resuelve con un tren». Mantiene que el criterio del Cabildo en este asunto «se basa en un acuerdo del mandato que dejó el tren del Sur fuera del debate político». No así el Puerto de Fonsalía, los aeropuertos, el tranvía hacia Tenerife Norte, Circuito del Motor y carreteras, materias en las que PSOE y Cs, como grupo de gobierno, «no tenemos ningún acuerdo cerrado con Podemos, pero sí respecto al tren. Y nosotros respetamos lo que firmamos. No cambio de opinión según convenga».
El estudio clave
Pese a ello, el presidente insular aclara que «no estamos cerrando ninguna puerta, no me niego a ninguna posibilidad». En este punto, Martín Domínguez señala al Plan de Movilidad Insular, en elaboración, como el documento que definirá el sistema o sistemas de transporte a emplear en la Isla y en cada zona de Tenerife. «Un estudio que nos diga exactamente el modelo que necesitamos» tras un análisis exhaustivo de todas las alternativas. «A partir de ahí, tomaremos decisiones. No creo que haya un solo político que sepa tanto de todo como para saber cómo resolver el problema de conectividad que tiene esta Isla en este momento».
El tren del Sur tiene proyecto, «pero no lo veremos hasta dentro de 30 años» porque, entre otras cuestiones, carece de las evaluaciones ambientales, «cuya resolución requerirá años de trámites», no hay expropiaciones ni suelo adquirido «y sí ayuntamientos contrarios al paso del trazado por su municipio, además de que todas las instituciones tendrán que aportar dinero, no solo Europa, para llegar a los 2.500 millones de euros que costará».
Martín defiende que «siempre dije que el tren del Sur no es una prioridad», argumento en el que se mostró reiterativo durante su etapa como alcalde de Guía de Isora, también. «Coalición Canaria, que gastó casi 30 millones de euros en proyectos y gritaba furibundamente sí al tren del Sur, desde la oposición ha puesto reparos planteando frenarlo, ejecutar solo la parte más al Sur o, como ahora, mostrarse plenamente a favor porque ha visto la posibilidad de hacer daño al Gobierno insular».
La tercera pata
El pasado 28 de enero, el Pleno del Cabildo de Tenerife debatió acerca de la construcción del tren del Sur, a raíz de la propuesta de Ciudadanos (Cs) de que el Gobierno de España incluya el proyecto en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Una iniciativa retirada del orden del día después de que Sí Podemos Canarias advirtiera, en el caso de prosperar la moción, de la ruptura del acuerdo por el que aporta la mayoría al Gobierno insular desde el exterior. El argumento fundamental es que en ese pacto con los socialistas y Ciudadanos queda excluida su construcción de forma expresa, como reconoce el presidente de la institución. Al tiempo, en el Cabildo de Gran Canaria Sí Podemos respaldaba un proyecto de tren similar al que rechazó en Tenerife, según los pronunciamientos de dirigentes políticos, económicos y sociales.
Mena: «El Hospital es la prioridad»
José Julián Mena, alcalde de Arona, mantiene inalterado su criterio respecto a la construcción del tren del Sur: «Frente al desarrollo del tren, la prioridad para el municipio y la comarca debe ser el hospital público, que tiene que completarse para mejorar la asistencia a nuestros vecinos». El regidor aronero entiende que en la agenda política «se está poniendo como prioridad» esta infraestructura, «cuando deberíamos estar centrados en terminar de una vez aquello que hemos empezado y que es vital». En ese marco, menciona el desarrollo completo del hospital o los centros de salud que hacen falta, que, en el caso de Arona, se precisan en Las Galletas y Los Cristianos. Mena habla de que «hay acciones urgentes que llevan años esperando por la toma de decisiones». En el contexto de la movilidad, apunta que «la clave está en los accesos a Los Cristianos y a Guaza, que deben ser resueltos si lo que se quiere es descongestionar la autopista. Son soluciones más baratas y más sostenibles, sin los daños medioambientales que supondría el tren». El alcalde de Arona sostiene que también «es necesario replantear la conexión directa desde la autopista con el Hospital del Sur, así como la propuesta de soterramiento de la avenida Chayofita y su conexión con la TF-1, además de la construcción de un intercambiador de transporte en la primera de estas vías». Retoma el término «clave» para concretar que «resolviendo el problema de movilidad en Los Cristianos y el encaje adecuado puerto-ciudad estaremos abordando uno de los obstáculos con los que, en la actualidad, se encuentra el tráfico en la autopista del Sur. Esto es urgente». Desde la Alcaldía de la tercera ciudad más poblada de la Isla y parte del epicentro del turismo y la economía insular, Mena valora como «poco eficiente plantear un tren que tardará décadas en terminarse, con un importante impacto medioambiental y cuya eficacia es cuestionable». Aboga por evaluar la política de precios del transporte público desde el área Metropolitana y su frecuencia, «de manera que se generalice su uso».
