La oposición en el Cabildo de Tenerife volvió a rechazar ayer «la quema de residuos» en el Complejo Ambiental de Arico y exigió que se respete el acuerdo de la Comisión Plenaria que pidió que se suspendieran los tratamientos térmicos que pretende introducir el gobierno insular (PSOE-Cs). Así se manifestaron ayer tanto Coalición Canaria como el Partido Popular respecto al anuncio del equipo de gobierno insular de continuar con el concurso para instalar en Arico una planta de reciclaje que permite el uso de sistemas de altas temperaturas para eliminar basura. Y eso a pesar de que la Comisión Plenaria del 19 de noviembre aprobó «dar marcha atrás» a la licitación con los votos de CC, PP y Sí Podemos Canarias, esta última formación socia externa de PSOE y Ciudadanos.
Ambos grupos políticos consideran que es «incineración», mientras el gobierno insular se ampara en dos informes para desmentir que la pirólisis, la gasificación y el plasma, los tres tratamientos permitidos en el concurso, se pueden considerar incineración legal y técnicamente aunque utilicen altas temperaturas, entre 300 y 4.000 grados centígrados, para eliminar basura y obtener a cambio energía, lo que se conoce como valorización energética.
El Grupo Popular solicita «una solución consensuada» con el Ayuntamiento de Arico después de que sus representantes visitaran ayer este Consistorio. El consejero Valentín González asegura que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, «trabaja desde la imposición porque rompe el consenso social y político que existía en la gestión de residuos en Tenerife». El portavoz de los populares en Arico, Andrés Martínez, reclama por su parte «medios para cumplir con lo que manda Europa, sin llegar a la quema de residuos». El PP defiende que «la incineradora debe ser la última opción y su puesta en funcionamiento incumple un acuerdo plenario del Cabildo, lo que pone de manifiesto la escasa voluntad democrática de la medida».
«Pedimos medios para cumplir con Europa sin tener que llegar a la quema de residuos»
El PP en el Cabildo resume su posición en un «rechazo frontal a la quema de residuos en el Complejo Ambiental de Arico como ha anunciado el grupo de gobierno». Valentín González mostró su preocupación y recordó que la Unión Europea indica que «antes de la incineración es necesario pasar por la maximización de la prevención, la recogida selectiva, el reciclaje, el compostaje y, por último, la valorización energética de al menos una parte del flujo de los residuos», que son los métodos que quiere implantar el Cabildo.
González Évora califica esta decisión «unilateral» del Cabildo como «una patada a la democracia». Alude al acuerdo plenario de marzo de 2019, por el que todos los grupos políticos, entre ellos el Partido Socialista, «estuvimos de acuerdo en declarar a Tenerife territorio libre de incineradoras».
González recuerda que, además, hace un mes escaso (el 19 de noviembre) se tomó un acuerdo en la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Carreteras, Innovación y Cultura «para suspender la licitación de la redacción del proyecto para implantar la quema de residuos en el Complejo de Arico». Sin embargo, añade, «este gobierno ha hecho caso omiso para poner de manifiesto que ignora sistemáticamente las decisiones que se toman en los órganos democráticos del Cabildo».
Decisión «unilateral»
Para el PP, «esta decisión unilateral, en la que no se ha tenido en cuenta la postura de Arico, rompe el consenso político y social que existía en torno a la gestión de los residuos en Tenerife». El portavoz popular en el Ayuntamiento de Arico, Andrés Martínez, confirma que «no ha existido ninguna conversación con el Cabildo». Agrega que «han procedido desde el oscurantismo, la falta de transparencia y la absoluta opacidad». Valentín González recuerda que el Cabildo «todavía no ha dado respuesta al Ayuntamiento ariquero en su reivindicación histórica en relación al convenio de compensación por la ubicación del CAT en su territorio». El PP concluye que como de las de 517.000 toneladas de residuos que llegan cada año al CAT solo se recicla el 10%, «el Cabildo debe apostar por aportar los medios y recursos para cumplir la normativa europea como la utilización del quinto contenedor, que solo han puesto en marcha en la Isla los municipios de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla de Abona».
«El Cabildo trabaja desde la imposición y rompe el consenso social que existía en Tenerife»
Los nacionalistas se remiten a su petición de un pleno extraordinario para tratar «este incumplimiento». Fuentes de CC aclaran que «por muchos informes que presente el gobierno insular, como mínimo contrarrestados por otros en sentido contrario, hay que cumplir la normativa europea». CC hace hincapié en que «a propuesta del socialista José Antonio Valbuena, entonces consejero del Cabildo y hoy en el Gobierno de Canarias», existe un acuerdo «por unanimidad» del pleno insular del 29 de marzo de 2019 para declarar a Tenerife territorio libre de incineradoras.
Insisten desde CC en que «fue aprobado por todos los grupos políticos» y subrayan que supone «manifestar la renuncia explícita de esta institución a la incineración como método para resolver la gestión insular de los residuos». Concluyen que ese acuerdo «asume el compromiso institucional de desplegar todas las políticas y medidas técnicas necesarias para garantizar que nunca llegue a ser necesario recurrir a ella».
