El Partido Popular de Santa Úrsula han presentado una moción que será debatida en el próximo pleno municipal, que se celebra el martes 30 de noviembre, para que el Ayuntamiento reduzca un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las urbanizaciones que, como La Quinta, no han sido recibidas por el Consistorio y se mantienen en una especie de limbo legal en el que sus calles y servicios no son del todo públicos ni privados.
El pasado 17 de octubre, el propio presidente de la Asociación de Vecinos La Quinta de Chimaque, Jorge Andrés Pérez Hernández, denunciaba en EL DÍA de que los vecinos de estas dos urbanizaciones de la costa pagan «600.000 euros anuales de IBI al Ayuntamiento de Santa Úrsula y en La Quinta no se reinvierte prácticamente nada».
Pérez Hernández reconocía que el Ayuntamiento «sí se encarga del mantenimiento de jardines, la señalización vial, parte del alumbrado público, el abastecimiento de agua, las licencias de obras, los vados... Y nos cobra el IBI». Desde este colectivo vecinal han calculado que las 2.000 viviendas de La Quinta, calculadas en base a los contadores de agua autorizados, «pagan una media de 300 euros anuales, lo que suma un total de unos 600.000 euros de IBI cada año. Unos 6 millones de euros en los últimos diez años. Nos sentimos abandonados, primero por el Ayuntamiento y luego por el resto de administraciones. Hemos ido a tocar muchas puertas y tampoco encontramos amparo», lamentan.
Eduardo Suárez, concejal del PP en Ayuntamiento norteño, señala que esta propuesta «obedece a una cuestión de justicia social, ya que se produce un agravio comparativo con el resto de ciudadanos que residen en otras zonas del municipio» que cuentan con unos servicios y un mantenimiento de los espacios comunes.
"Es una cuestión de justicia social, ya que se produce un agravio comparativo con el resto de ciudadanos que residen en otras zonas del municipio"
Los populares plantean la fórmula de la bonificación de la cuota anual de la llamada contribución urbana para tratar de compensar «el abandono de los servicios municipales, las infraestructuras, los equipamiento o la seguridad, unas carencias que en muchos casos originan situaciones insostenibles para los ciudadanos de determinadas urbanizaciones de Santa Úrsula».
El PP recuerda que en el municipio existen varias urbanizaciones que esperan desde hace años a ser entregadas una vez terminadas, «pero ante el colapso de los servicios dependientes del Consistorio, muchos ciudadanos se sienten indefensos». A juicio de los populares, «la administración local es, y debe ser, la responsable de liderar o promover todas aquellas acciones destinadas a lograr una solución satisfactoria a este tipo de situaciones, y de paliar de una manera efectiva y razonable, los efectos negativos que el retraso en su aplicación puedan tener sobre los vecinos que residen en estos lugares de la localidad».
Ante esta situación, los populares subrayan que no pueden quedarse «impasibles» y que por ello solicitan «el apoyo del pleno a esta moción que se verá el próximo martes para hacer justicia a cientos de ciudadanos».
