«Le han quitado al municipio el 75% de la financiación por tener en su suelo el Complejo Ambiental. Eso resulta asfixiante, porque Arico tiene los próximos 200 años hipotecados con el vertedero», reflexiona Noemí Padrón, directora del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna (ULL) e investigadora principal de la Plataforma Pública de Residuos de Tenerife (Plares). En su análisis, determina que «Arico soporta la basura de todos los municipios y de todas las actividades que se realizan y es inaceptable que el Cabildo no pueda compensar mejor al municipio». Recuerda que cobra 45 euros por tonelada de residuos que llega al vertedero (unos 25 millones al año).
En la actualidad, dos millones de metros cuadrados del municipio los ocupa el Complejo Ambiental, con la perspectiva de incrementar esa superficie. El mismo cuenta con cuatro celdas, la planta de clasificación de envases y la Todo en Uno. «Así como Adeje tiene control sobre sus actividades turísticas, comerciales y demás, Arico está vendido en términos políticos y económicos, porque no puede hacer nada», expone la también subdirectora de la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la ULL.
«El Cabildo lleva 30 años con la competencia municipal delegada y lo que hace es pasear la basura por la Isla hasta el vertedero de Arico y enterrar ahí el 90% de esos residuos». Otra conclusión de los trabajos realizados hasta ahora que le llevan a afirmar que «se entierra materia orgánica que se podría compostar». Problema que suma al hecho de que la planta de compostaje instalada en el vertedero no se adecúa a la normativa vigente en materia de tratamiento de residuos para su venta como compost. «Además de no poder comercializarlo como compostaje, su producción es insignificante respecto a lo que se debería estar haciendo».
Con ese panorama, Noemí Padrón llama la atención sobre el hecho de que Cabildo y ayuntamientos «no se ponen de acuerdo» acerca de «dónde y cómo deben ir las nuevas plantas de compostaje». Eso ocurre, advierte, cuando antes de 2025 «debe darle la vuelta» para cumplir con lo que establece la Unión Europea.
En el caso de los lixiviados, «se supone que en las últimas celdas se recogen de forma automática, que los tratan en la planta de agua y aprovecha esta para el riego y para evitar el polvo de la planta, pero se desconoce cuánto se recupera y recicla de ese lixiviado», reflexiona la profesora de Economía Aplicada de la ULL.
Noemí Padrón aboga por «la elaboración de un estudio que evalúe el impacto económico, social y medioambiental que tiene el vertedero en Arico. Es lo primero que debería hacer el Cabildo». Un documento que nunca se abordó y que parece oportuno en el momento en que se trabaja por ampliar el suelo del Complejo Ambiental. «Las celdas de vertido están colmatadas». En esa línea, reclama «un plan estratégico muy ambicioso y a corto plazo para empezar a recuperar la materia orgánica y para construir las plantas de compostaje».
A las nueve de esta mañana está programada una reunión entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Arico para tratar de desbloquear la renovación del convenio por las deseconomías que genera el vertedero, reclamación del municipio que el Gobierno insular rechaza. Al margen del vigente, por el que el Consistorio recibe 730.000 euros al año, cantidad «que no puede considerarse una subvención», tal y como recoge el acuerdo firmado el 13 de octubre de 2020.
