La primera sesión del juicio contra el exjefe de Administración y Contabilidad del Recinto Ferial, Ignacio Castillo Melo, por malversación de caudales públicos y falsedad documental se dedicó, de forma íntegra, a las preguntas que las partes le hicieron al acusado. Castillo argumentó que él devolvió todo el dinero, aunque no tiene documentos para poder justificarlo. Y, además, señaló al exgerente de la citada sociedad pública dependiente del Cabildo de Tenerife, Ignacio Pintado Mascareño (ya fallecido y quien denunció el presunto desfalco), de estar al tanto de todo el dinero que presuntamente se desvió de forma directa entre la cuenta de la entidad y la de su exesposa para pagar una pensión alimenticia de sus hijos, sin que exista constancia documental de que fuera reintegrado por el ahora acusado.

Cabe recordar que la Fiscalía solicita para Castillo ocho años de prisión, veinte de inhabilitación como funcionario o cargo público (ya está jubilado) y que devuelva más de 145.000 euros que presuntamente sacó de la caja de la empresa pública para diferentes intereses personales.

De esa significativa cantidad de dinero, más de 124.000 euros fueron colocados en un tipo de anotación contable que, en el momento de algunas auditorías, ya no figuraba en las normas aplicables a esta práctica. Se trata de la cuenta de Tesorería "578", que el ahora investigado usó por decisión propia para desviar unos supuestos pagarés sobre los que ya no había esperanzas de cobro por parte de la sociedad pública insular. En cuanto a este apartado de la acusación, Castillo volvió a señalar o culpar a Ignacio Pintado Mascareño. En palabras del implicado, el exgerente le dijo que esos pagarés no se podían desviar a "pérdidas", puesto que generarían un balance contable tan negativo (más del 50 por ciento del total) que hubiera obligado a la desaparición de la sociedad del Recinto Ferial; una realidad que Pintado no deseaba, en opinión de Castillo.

En esa ocasión, admitió que el desvío a la polémica anotación contable la hizo él, pero por orden de Pintado. Y tampoco en esa ocasión pidió una argumentación por escrito al exgerente. Según la instrucción realizada en la causa, dichos pagarés no fueron localizados. Castillo aclaró que él no se ocupaba de archivar tales documentos, sino las otras dos personas que estaban en su departamento.

Este planteamiento fue utilizado de forma reiterada ante las preguntas del fiscal, Jonay Socas; de la letrada de la acusación particular (que representa al Cabildo); la abogada de la acusación popular (en nombre de cuatro consejeros insulares de Podemos en el anterior periodo de mandato), y del letrado defensor.

Castillo explicó que todas sus acciones como exjefe de Administración y Contabilidad estaban controladas por Pintado Mascareño. En dos ocasiones, un Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife envió escritos a la entidad pública dependiente de la Corporación insular para que en la nómina de Castillo se detrayera, cada mes, un total de 510 euros para pagar la pensión alimenticia que reclamaba para sus hijos su exesposa. En la instrucción de la causa queda claro que buena parte de ese dinero pasó, de forma directa, de la cuenta de la sociedad Recinto Ferial a la de la exesposa del hoy acusado.

Castillo aseguró que, durante muchos años, tuvo dificultades económicas y el abono mensual de esos 510 euros le hubiera supuesto un grave perjuicio para su estabilidad económica, ya que tenía que hacer frente a diversos gastos. Según dijo esta mañana Castillo, habló de este inconveniente con el exgerente de Recinto Ferial y fue este quien decidió que la cantidad de dinero se transfiriera de forma directa de las cuentas de la sociedad pública a la de la exesposa, que el exjefe de Contabilidad lo fuera pagando y que no comunicara nada de esto a la asesoría encargada de elaborar y gestionar las nóminas del personal.

Como ya se planteó, Castillo insiste en que devolvió todo ese dinero (11.222 euros), pero no puede aportar papeles que lo justifiquen y dijo que la única persona que lo sabía y lo podía confirmar era Ignacio Pintado.

Otra de las cantidades por las que se acusa a Castillo Melo asciende a 9.219 euros, en base a los "vales de caja" no destruidos hallados en su despacho. De nuevo, el acusado dijo que devolvió todo ese dinero, pero que los vales no se rompieron.

Respecto a los 354 euros que ordenó a un subordinado que ingresara en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para pagar la contribución (IBI) de una casa y un garaje, así como el impuesto de circulación de un quad y un coche, explicó que recibió el aviso de pago cuando se hallaba de vacaciones y entonces le pidió a un empleado que pagara esa cifra para evitar recargos. Pero Castillo insiste en que esa cantidad también la devolvió.

El implicado manifestó que, en varias ocasiones, advirtió al exgerente ya fallecido de que "era imposible y no recomendable" que la Tesorería y la Contabilidad del Recinto Ferial estuvieran gestionadas por la misma persona (él), pero lamentó que Pintado nunca hiciera caso a tal recomendación.

Según explicó a preguntas del fiscal, el acusado aclaró que en el apartado de caja siempre debía haber 4.500 euros para afrontar gastos extraordinarios y urgentes. Además, según su declaración, otras dos personas que estaban bajo sus órdenes, identificadas como Luna y Estrella, tenían las llaves para acceder al dinero en efectivo que estaba en la caja.

Las dos principales fuentes de ingreso de la empresa insular eran "los feriantes" y "la taquilla" (las entradas que pagaban los asistentes a los actos). La inmensa mayoría de los feriantes ingresaban el alquiler de los puestos a través de transferencias bancarias.

Respecto a la utilización de vales de caja, según Castillo, se utilizaban para pagar la comida del personal de mantenimiento, tornillería o material fungible, por ejemplo. Pero también se sacaban para pagar cafés o desayunos del propio Castillo, pero también de Pintado, según el investigado. Indicó que, cada tres meses, se hacía una auditoría financiera (de las cuentas) y otra de cumplimiento (sobre la gestión).