Los trabajadores tendrán voz en los organismos autónomos y las empresas públicas del Cabildo, según el acuerdo unánime de todos los grupos políticos a iniciativa de Sí Podemos Canarias. La representación laboral, contempla el documento consensuado, «tendrá voz en las sesiones de sus órganos colegiados de gobierno, en los asuntos que versen sobre materias relacionadas con personal o pudieran afectarles a sus condiciones laborales». En este sentido, hasta el momento en que se adapten los respectivos estatutos, «en caso de que fuera necesario, acudirán en calidad de invitados a las sesiones, de forma que esa modificación estatutaria no suponga un menoscabo o un retraso indebido en el ejercicio del derecho».
El sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, ha visto «con agrado» que en los últimos meses, desde distintas áreas del Cabildo, se ha mostrado mayor predisposición por acabar con el «caciquismo vinculado a la mayor parte de las empresas con capital del propio Cabildo». Lo afirma Cristo Llurda, abogado del sector local en la provincia.
Transparencia.
Desde CSIF afirman que «existe una mayor transparencia y lógica, tanto jurídica como laboral, en muchas de las decisiones tomadas; sin embargo, hay otras que no terminamos de entender, lo cual ensombrece aspectos de una clara evolución en defensa de los derechos de los trabajadores de las empresas dependientes del Cabildo». No obstante, valora, que «ha existido una clara aproximación, tanto de determinadas personas, como ha sido la consejera delegada Elena Rodríguez Henríquez, como de grupos políticos, caso de Sí Podemos Canarias. Han abierto la puerta para atender quejas y reivindicaciones de delegados y afiliados sobre determinadas situaciones en estas empresas públicas».
Llurda prosigue: «Por consiguiente, vemos en esta iniciativa un gesto a tener en consideración, más cuando se han tomado decisiones complicadas que favorecen el avance de derechos de los trabajadores de empresas como el Iter, Teleférico o Imetisa».
Margen de mejora.
«Hay que insistir –subraya Llurda– en que existe un amplio margen de mejora». Valora «un paso adelante en los compromisos adquiridos al crear este nexo directo entre los representantes de los trabajadores en las empresas públicas y el organismo insular». Toda vez, incide, en que «la mayor parte de las decisiones que se negocien han de pasar por el visto bueno del Cabildo, que tomará la decisión final, por las limitaciones presupuestarias en materia de personal a las que están sujetas las empresas».
El abogado destaca: «A pesar de una evolución favorable en cuanto a derecho de los trabajadores, desde CSIF exigimos, al entender como algo necesario para el mantenimiento eficaz de las empresas públicas, que se siga avanzando en esos derechos y se ejecuten muchas ideas que tienen los políticos y que los representantes de los trabajadores conocen, de forma más o menos directa».
Desde CSIF entienden que acuerdos como este «denotan una clara evolución positiva, pero es necesario un paso más para cumplir en temas capitales, como el fin de la precariedad de los contratos temporales mediante la estabilidad y consolidación de las plazas; la eliminación de la arbitrariedad en el cobro de salarios entre quienes desempeñan una misma función, mayor transparencia en las carreras profesionales tanto verticales como horizontales o más formación de los propios trabajadores. Voluntad política parece que existe, pero las voluntades se deben materializar hasta llegarse al 100% de ese ideal. Lo contrario no serviría de nada».
«Una colaboración beneficiosa»
El acuerdo apunta que «ya se ha comenzado a extender en el sector público insular la participación de la representación de los trabajadores y trabajadoras, tras un acuerdo plenario, lo que demuestra un gesto de respeto institucional a las relaciones laborales». Añade que «nos encontramos en un proceso de extensión de la representación del personal en los consejos de administración. Esta experiencia de colaboración entre dirección y representación de los trabajadores se ha mostrado beneficiosa para ambas partes», tanto para la empresa como para el personal, «lo que también supone un ejercicio de democratización en el normal funcionamiento de las empresas públicas del Cabildo de Tenerife». Sí Podemos Canarias destaca que de esta forma, «la plantilla tendrá voz en las sesiones de sus órganos colegiados de gobierno, en los asuntos que traten sobre materias relacionadas con personal o que pudieran afectarles a sus condiciones laborales». | J.D.M.
