El Pleno pedirá más recursos para actuar con mayor eficacia ante los desahucios en Tenerife

El Área de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo tiene como principal objetivo hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna, consagrado en el artículo 47 de la Constitución. Por otro lado, el 5 de la ley 2/2003 Canaria de Vivienda atribuye a los cabildos insulares, entre otras competencias, la coordinación de la intervención municipal de la gestión del parque público. En este último punto se enmarca la resolución de ámbito insular. Su tenor literal es «impulsar la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones con competencia en vivienda para que se dote de mayores recursos humanos, materiales y tecnológicos a los programas de ayuda a familias y personas en situación de desahucio».

Como ejemplo a reforzar apunta el texto consensuado al programa de ámbito autonómico Canarias Pro-Hogar y, por extensión, a todos aquellos agentes implicados en la materia. Este apoyo permitiría «una mayor capacidad, eficacia y rapidez de actuación en la respuesta a este fenómeno que ha aumentado desde la crisis financiera del 2008 y con la actual de carácter sanitario». La iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Canarias está motivada por el volumen de ejecuciones hipotecarias, desahucios y lanzamientos en la Comunidad Autónoma. El objetivo es reducirlos a la par que llevar a cabo una intervención global en personas y unidades de convivencia afectadas. Un servicio dirigido a evitar la pérdida de la vivienda y a encontrar soluciones habitacionales alternativas.

Viviendas vacías

El documento aprobado incide en los datos que ponen de manifiesto la situación nacional e internacional en la materia y la necesidad de «alentar la innovación en la provisión de soluciones de vivienda asequible y digna», así como «llenar los vacíos» en los sistemas existentes. Según cifras de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, el 23,8% de la población en España vive en una vivienda de alquiler frente a más del 30% de la media en el conjunto de la UE. El parque público de alquiler sólo representa el 2% del total en el país. El 30% de las vacías en Europa se concentra en España. Según datos de portales especializados se estima que, con datos fehacientes, existen en la Isla de Tenerife al menos 11.607 viviendas vacías este 2021.

El número de lanzamientos practicados por los juzgados, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos como de las ejecuciones hipotecarias, en el cuarto trimestre de 2020 se situó en 11.262, una variación del -17,26% respecto al mismo periodo del año anterior, según el estudio Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En Canarias, el número de lanzamientos en el último trimestre del año pasado, en plena pandemia, ascendió a 1.779. El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha articulado un programa denominado Canarias Pro-Hogar para atender, de una forma global, a las familias que se hallen o estén próximas a un desahucio o lanzamiento.

CC-PNC en el Cabildo presenta una moción al Pleno en la que se insta a los juzgados a «paralizar los lanzamientos en los casos en que las administraciones tengan conocimiento de un procedimiento de desahucio incoado por un fondo buitre». La consejera nacionalista Carmen Delia Alberto señala: «La crisis social y económica generada por la Covid-19 ha agravado la situación de miles de familias, muchas bajo la amenaza de un desahucio con estas características. Nuestra intención es que esos procedimientos se paralicen, que las viviendas sean adquiridas por el Gobierno de Canarias y puestas a disposición de las familias necesitadas”.

La moción también insta al Ejecutivo regional a iniciar, cuanto antes, el proceso de negociación con la entidad propietaria de las viviendas ubicadas en la Subida de El Tablero (Santa Cruz) para obtener un precio justo y proceder a su adquisición, a fin de dar estabilidad a las 17 familias afectadas.

Además, Alberto señala que «se insta al juzgado a que, una vez se inicie el procedimiento de desahucio, paralizar cuantos expedientes de levantamiento estén vigentes en relación con dicho edificio de El Tablero». Explica que «esa solución fue adoptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias en 2019 para solventar el problema de 358 familias de Añaza».