La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carmen Luisa Castro, Luisi, reclama que el municipio de Güímar sea resarcido por sufrir los efectos de medio siglo de daños causados por la actividad derivada de la extracción de árido de los barrancos de Badajoz, Los Ríos, Guirres y Guaza o Fregenal desde la década de los años 60 del siglo pasado. “Ahora toca una compensación para el municipio con dinero y proyectos”, manifiesta la exalcaldesa, para quien “no solo se trata de euros, sino de que Güímar pueda tener proyectos y oportunidades”, apostilla.
Luisi Castro sostiene que “no he cambiado mi discurso ni la meta”, que no es otra sino “que se regenere con proyectos medioambientales y que los mismos contribuyan a generar progreso y empleo para los güimareros”. Una línea en la que, explica, “es imprescindible la implicación de las administraciones supramunicipales”. El motivo es que cualquier iniciativa que se pretenda desarrollar en la franja de suelo afectada por las canteras de las que se extrajo árido “requiere un cambio de uso, porque hoy sigue siendo minero. Eso excede el ámbito de la competencia municipal”. En esa línea, “el Cabildo tiene que cumplir y modificar el Plan Insular de Ordenación del Territorio en este ámbito”.
El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que declara “la imposibilidad” de restaurar los seis hoyos ocasionados por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar y sustituye esa obligación “por la indemnización de daños y perjuicios” no sorprende a la concejal del PP. “Siempre, siempre sostuve que la sentencia de 2016 era imposible de ejecutar. De hecho, nunca oí de dónde y con qué material se pretendían rellenar todos los huecos”.
A falta de que las partes remitan al Tribunal la tasación del daño causado, se especula con que la cifra superará los 300 millones de euros. “Creo que será difícil conseguir esa compensación teniendo en cuenta que han empresarios condenados que ya se han declarado insolventes”, matiza.
La centralhidroeléctrica
En un auto del pasado día 18, la Audiencia Provincial declaró “la imposibilidad” de restaurar los barrancos de Güímar afectados por la extracción de áridos, condena que impuso a cuatro empresarios en 2016, conmutando la pena por la de indemnizar por daños y perjuicios. Está a punto de expirar los 10 días que Gobierno canario, Consejo Insular de Aguas y acusación particular tienen para presentar sus peritajes al respecto. Mientras, el alcalde, Airam Puerta, sostiene que hay alternativas y apunta hacia la instalación de la central hidroeléctrica. “Desde el 2015 apoyé el proyecto central hidroeléctrica y en 2017 se presentó, dentro del proyecto De cumbre a mar. Ahora, en la oposición, presenté una moción para que el Cabildo la ubique aquí. Yo no he cambiado mi discurso ni la meta”, dice.
