Cuando faltan solo 11 días para que prescriba la condena que obliga a cuatro empresarios a restaurar los hoyos ocasionados por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar, el alcalde del municipio, Airam Puerta, vuelve a expresar con rotundidad que “emprenderemos las acciones” a que haya lugar “si finalmente no nos responden”. Se trata de cumplir el acuerdo plenario por el que el regidor tendrá que actuar judicialmente contra el Gobierno de Canarias si persiste el silencio acerca del cumplimiento de la sentencia emitido por la Audiencia Provincial el 28 de enero de 2016.

El 23 de octubre pasado, el Pleno de Güímar acordó conceder a la Consejería de Industria del Ejecutivo regional un mes para que explicara qué hará si, finalmente, considera inejecutables los planes de restauración que presentaron los condenados, en virtud de la sentencia citada. La Corporación municipal decidió entonces que, expirado ese plazo, el Ayuntamiento emprenderá acciones legales contra dicha consejería, para lo que también le exige respuesta al requerimiento de identificación de los técnicos o directivos responsables del cumplimiento de las sentencias y de los expedientes necesarios para ejecutarlas.

Han transcurrido dos meses y medio y la situación permanece en términos similares, si bien Airam Puerta entiende que “esta semana será interesante porque el plazo acaba y emprenderemos las acciones, si finalmente no nos responden”. El alcalde tiene clara la hoja de ruta en este asunto y sostiene que “he hablado con Industria. Advertidos están. Si esta semana no tenemos ninguna contestación a las alegaciones que presentamos, presentaremos la denuncia judicial”.

El 2 de octubre, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias emitió un informe en el que considera que los planes de restauración de las seis canteras de áridos en los barrancos de Güímar son inejecutables, porque su aplicación generaría contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud. Todo ello como consecuencia de la necesidad de realizar 1.712.811 viajes de camión para rellenar los huecos dejados. Informe rechazado por el pleno güimarero, que aprobó las alegaciones correspondientes a las que aún no ha obtenido respuesta.

El gobierno local también acudió a la Audiencia Provincial –cuya Sección Segunda declaró “autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente” a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia–, cuya respuesta no satisface al alcalde ya que “nos viene a decir que los planes se dan por presentados y, por tanto, la inejecución de la sentencia”. A su juicio, esto contraviene la norma “porque no se ha cerrado el procedimiento administrativo al no haber respondido aún Industria”.