Puerto de la Cruz quiere expropiar y demoler las casas desalojadas en la calle Pelinor

Hernández asegura que en octubre de 2020 comunicaron a los vecinos afectados que no podrían regresar a sus viviendas, pero que el Ayuntamiento portuense mantendría las ayudas para que dispongan de una alternativa habitacional. “Tras consultar a técnicos y empresas especializadas, el gobierno local decidió que no se podía afrontar un proyecto con el grado de dudas jurídicas y técnicas, incertidumbre y complejidad que planteaba asegurar esta zona de la calle Pelinor. Incluso se plantearon dudas legales respecto a la posibilidad de que una administración pública pudiera destinar sus recursos para salvar unos bienes privados”, explica el concejal de ACP.

Para Hernández, “comunicar a los vecinos que no podrían regresar a sus casas ha sido la decisión más dolorosa que me ha tocado tomar en lo que va de mandato. Fue un mal trago que los vecinos aceptaron con resignación. Entienden la decisión, aunque no la compartan, pero sobre todo lamentan que en el mandato anterior se le dieran tantas esperanzas respecto a sus casas”.

El responsable del área de Urbanismo insiste en que nada más llegar al gobierno municipal, en julio de 2019, “los vecinos acudieron con un recorte de una noticia publicada precisamente por EL DÍA en marzo de 2018 en la que el gobierno anterior decía que el proyecto para asegurar la calle Pelinor costaría 770.000 euros y podría licitarse en la primera mitad de 2019. La realidad es que eso era imposible porque sólo existía un estudio de alternativas: no había un proyecto técnico redactado y tampoco se contaba con autorización de Costas ni con un informe de impacto ambiental de una escollera que debía servir para tapar las cuevas y proteger la zona”.

“No había nada y se calculaba que el coste final de los trabajos oscilaría entre 800.000 y 1,3 millones de euros –añade Hernández–. A la incertidumbre y las dudas legales de intervenir en una zona pública para beneficio privado se sumaban los riesgos de daños y retrasos muy importantes en una obra de gran complejidad técnica que tampoco ofrecía unas garantías de futuro”.

Una vez descartada la posibilidad de intervenir para salvar las viviendas que están asentadas sobre dos cuevas creadas por la erosión marina, una de ellas de casi 11 metros de profundidad y 160 metros cuadrados, el Ayuntamiento portuense se compromete a “buscar la alternativa que más beneficie a los vecinos afectados”. El objetivo del gobierno local es reabrir el callejón y crear algún tipo de espacio público en la zona que ahora ocupan las viviendas.

Para poder intervenir en este espacio sería necesario expropiar las viviendas y demolerlas. Una actuación que tendría un importante coste económico al que habría que sumar la intervención posterior. El Consistorio portuense está pendiente de que se confirme si la Unión Europea concede o no el proyecto Life que tiene la planificación e intervención en Punta Brava como uno de sus grandes objetivos. “Queremos planificar la Punta Brava del futuro y esta iniciativa Life, centrada en los efectos del cambio climático y la subida del nivel del mar, sería de gran ayuda para poder lograrlo”, recalca Hernández.

Críticas de CC

El exedil de Urbanismo de Puerto de la Cruz y secretario general de Coalición Canaria en la ciudad turística, Juan Carlos Marrero, critica la decisión del gobierno PSOE-ACP y acusa a David Hernández de mentir sobre el proceso: “Para tomar esta decisión injusta y cobarde no hacía falta un concejal. Dejamos el estudio de alternativas que plantea que con 770.000 euros se tapaban esas cuevas; les dejamos en el presupuesto de 2019 más de un millón de euros para obras, proyectos y ayudas; había un acuerdo institucional con los vecinos, y ahora, de forma pasota, se saltan todo”.