La Fiscalía solicita otros diez años de inhabilitación para el alcalde de El Tanque, Román Martín, que la próxima semana se enfrenta a un nuevo juicio en la Audiencia Provincial por varias contrataciones irregulares en el mandato 2015-2019. En noviembre de 2020, el alcalde tanquero ya fue condenado a 12 años de inhabilitación por cometer un delito de prevaricación administrativa al abrir la minirresidencia geriátrica y el centro de día de mayores en 2014, “a sabiendas de que la edificación carecía de certificación final de obras y sin que se hubiera incoado el necesario expediente administrativo para su apertura legal”. El político socialista aún continúa en el cargo.
En el escrito de solicitud de apertura de juicio oral de la Fiscalía se subraya que Martín, en su condición de alcalde de El Tanque, “actuó con ánimo de parcialidad y absoluto desprecio hacia la legalidad vigente respecto a los procesos de selección de personal para el desempeño de funciones públicas, prescindiendo de los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, así como de los informes desfavorables de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento”. Se le acusa de “proceder de forma reiterada” a realizar contrataciones que vulneran la Ley de Bases del Régimen Local, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015 y el Real Decreto Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para corregir el déficit público.
La Fiscalía detalla al menos nueve contrataciones irregulares realizadas “con desprecio a los informes desfavorable de la Secretaria-Interventora, que advertían expresamente de que se trataba de contrataciones contrarias a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigidos en el Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 36/2014, y el Real Decreto Ley 20/2011”. Pese a estas advertencias, el alcalde levantó los reparos y formalizó las contrataciones de tres peones de limpieza; un peón de obras; una auxiliar de enfermería (a la que llegó a prorrogar el contrato); dos asistentes domiciliarias, y dos animadoras socioculturales (a una le amplió también la jornada).
Por estas contrataciones aprobadas con informes desfavorables de la secretaria, que es la asesora jurídica del Ayuntamiento, la Fiscalía entiende que Román Martín habría cometido un delito continuado contra la administración pública de prevaricación administrativa por el que procedería interponer una pena de 10 años de inhabilitación especial para cargo público. EL DÍA intentó ayer, sin éxito, conocer la opinión de Martín sobre este proceso judicial.
“No debe seguir ni un día más”
El portavoz de Nueva Canarias en El Tanque, Pablo Estévez, presentó en 2017 la denuncia que dio origen al caso que se juzgará la próxima semana en la Audiencia Provincial tras comprobar que “la secretaria relataba en un informe que había reparado esas contrataciones”. A su juicio, “una vez condenado a 12 años de inhabilitación y ahora pendiente de un nuevo juicio también por prevaricación administrativa, Román Martín no debe seguir en el cargo de alcalde ni un día más. Sería una vergüenza”.
