Pablo Estévez (NC) exige al PSOE que aplique su código ético a Román Martín

El exalcalde socialista de El Tanque y actual portavoz local de Nueva Canarias, Pablo Estévez, reclama al PSOE que aplique su código ético al actual alcalde, Román Martín, tras su condena a 12 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa por la apertura de la minirresidencia geriátrica y centro de día del municipio. “Resulta muy extraño que el PSOE no le haya pedido aún que deje el cargo. Como también resulta extraño que Román Martín, que destituyó y pidió la dimisión de Faustino Alegría (CC) cuando era su socio de gobierno por una sospecha de prevaricación, opte ahora por continuar en la Alcaldía pese a estar condenado por un tribunal”, subraya Estévez.

“Román Martín, que en el pasado fue tan contundente con otros ante meros indicios de prevaricación, se ha convertido en el primer alcalde condenado de la historia de El Tanque, así que por coherencia debería dimitir inmediatamente más allá de que vaya a recurrir la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, subraya su excompañero de partido y de gobierno.

Estévez critica que el PSOE “le haya permitido tanto a este señor”, ya que recuerda que tuvo abierto un expediente de expulsión por romper el pacto de gobierno con CC, “y que luego se guardó en un cajón. Tampoco se le aplicó el código ético de los socialistas en el momento de la apertura del juicio oral que derivó en esta condena”.

“El PSOE aún no le ha pedido públicamente que abandone el cargo y este individuo parece que tiene la intención de seguir en la Alcaldía de El Tanque, pese a estar condenado a 12 años de inhabilitación con una sentencia muy contundente. Cuesta entender qué vara de medir usa el PSOE con Román Martín. A determinadas personas parece que el PSOE les permite todo, pese a estar condenados y tener otros muchos procesos judiciales abiertos que seguirán saliendo en el futuro”, advierte.

Desoír a los técnicos

El concejal de NC Pablo Estévez insiste en que Román Martín abrió la miniresidencia geriátrica “sin expediente y desoyendo los informes de los técnicos e, incluso, sus solicitudes directas de cierre”. Tampoco hizo caso a las advertencias de ilegalidad que el propio Estévez planteó en una moción plenaria “en la que le pedía que recapacitara respecto a lo que estaba haciendo, pero siguió adelante con absoluto desprecio a la legalidad para obtener, como bien dice la sentencia, un rédito político”.