La declaración de emergencia hídrica por la sequía en Tenerife recibe 14 alegaciones

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) recibió un total de catorce alegaciones tras el cierre del plazo el pasado miércoles sobre la declaración de emergencia hídrica, que serán ahora resueltas para su aprobación definitiva a través de un decreto que debe firmar la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. El contenido se desconoce de momento, porque no son públicas, pero sí es posible agruparlas por su origen. Así, seis proceden de administraciones y organismos públicos, otras tantas de entidades y colectivos, así como dos de ciudadanos particulares.

El documento técnico en exposición del organismo que debe gestionar la emergencia hídrica, el Ciatf, recoge 75 acciones para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y preservar plenamente los usos sanitarios y domésticos como prioritarios, tal y como establece la Ley de Aguas de Canarias.

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, organismo autónomo adscrito al Cabildo de Tenerife, analizará y resolverá en los próximos días estas catorce argumentaciones. De esta forma, una vez concluido este trámite, se procederá a la oficialidad de la declaración, ya aprobada en el pleno insular de febrero, aunque celebrado el 1 de marzo, que tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables otros seis, conforme establece la normativa.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad, Blanca Pérez, recuerda que la declaración de la emergencia hídrica «conlleva un procedimiento administrativo con determinados plazos que hay que cumplir obligatoriamente». Añade Pérez que «las normas son claras y, a pesar de que haya personas que quieran distorsionar el mensaje, la única realidad es que hay que cumplir los trámites y los plazos legales».

Al respecto, la consejera subraya: «Quiero agradecer el esfuerzo de todo el personal del Consejo Insular de Aguas de Tenerife porque han estado trabajando sin descanso desde que el Pleno del Cabildo aprobó iniciar el trámite para la declaración de emergencia hídrica» (el pasado 1 de marzo).

«En primer lugar, recuerda, lo que hicimos fue requerir a todos los ayuntamientos de la Isla y otras entidades para que nos informasen de la situación que estaban atravesando». Asimismo, enfatiza, «también hablamos con los distintos concesionarios y titulares de las estaciones desalinizadoras de aguas de mar para que dieran cuenta sobre los posibles excedentes». Una vez realizado ese trabajo, explica la consejera, se procedió a la elaboración del documento, que recoge 75 medidas adaptadas a las diferentes necesidades en la Isla».

Blanca Pérez señala que «la normativa obliga a publicar la declaración en el Boletín Oficial de Canarias (el 8 de este mes) y establecer un periodo de alegaciones (concluyó el pasado día 15) de cinco días hábiles a partir de ese momento». Concluye. «Una vez recibidas, se analizarán y responderán las catorce alegaciones y si no hay necesidad de volver a abrir un nuevo periodo, se procederá a la declaración de la emergencia hídrica en Tenerife».

El pasado 25 de abril el Ciatf culminó el documento técnico para la declaración de la emergencia hídrica, que prevé las mencionadas 75 actuaciones en la Isla.

De esas acciones previstas 15 son generales y 60 se dividen por demarcaciones hidrográficas: Isla Baja, Ycoden, Valle de La Orotava, Acentejo, Noreste y Zona Metropolitana, Valle de Güímar, Abona, Vilaflor de Chasna y Oeste.

Entre las medidas globales cabe resaltar la petición a los 31 Ayuntamientos de Tenerife de «adecuar el consumo a sus disponibilidades hídricas» o la propuesta a los consistorios de la «diferenciación tarifaria para el uso turístico». También se insta a los municipios con servicio de abastecimiento en gestión directa «a ejecutar medidas para reducir las pérdidas en red».