"No ha existido, al menos desde el año 2011, un tratamiento de las aguas antes de llegar al medio receptor", refleja el informe preliminar medioambiental presentado por los peritos adscritos al caso que se sigue en el Juzgado de Güímar por los vertidos al mar realizados desde el Polígono Industrial Valle de Güímar. Los mismos técnicos especialistas concluyen que, como consecuencia de esa acción, "sí ha existido un riesgo evidente hacia la salud de las personas, el equilibrio de los sistemas naturales y la calidad de las aguas de baño".
Ambos aspectos forman parte del auto emitido el pasado día 2 por el juez Francisco Tuero González, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Güímar, en el que cita a declarar a 12 personas como investigadas por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y supuesto delito continuado de prevaricación. La causa es el vertido de aguas residuales industriales a través del emisario marítimo y otros puntos no autorizados en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, desde el 1 de agosto de 2007, sin contar para ello con las preceptivas autorizaciones ni realizar los controles exigibles.
Los investigados, por ahora, deben comparecer entre el 27 de enero y el 4 de febrero del año próximo: Antonio Daroca, gerente de la Asociación Mixta de Compensación Polígono Industrial Valle de Güímar; Rosendo Batista, exconcejal de Industria y Comercio de Arafo; Luis Domingo Marrero, exconcejal de Urbanismo en Arafo; José Juan Lemes, exalcalde de Arafo; Domingo Ramos y Fernando Alduán, exediles de Urbanismo en Candelaria; José Gumersindo García y María Concepción Brito, exalcalde y alcaldesa de Candelaria; Francisco del Rosario, exconcejal de Urbanismo en Güímar; Carmen Luisa Castro, exalcaldesa de Güímar; José Fernández Bethencourt, exgerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), y Javier Davara, actual gerente del ente del Cabildo.
El 5 de agosto fue cuando los peritos presentaron el informe preliminar del que el juez valora que se trata de "la inicial constatación indiciaria de relevancia penal en los hechos investigados". Documento del que en su auto recoge la parte en la que dicen constatar "que todas las valoraciones analíticas que se han hecho en la zona y a los efluente líquidos del emisario ( ...) muestran no solo un incumplimiento de la normativa vigente", sino que los valores "superan, en muchos casos, en 10 veces los límites admisibles de diversos parámetros". Llama la atención sobre el hecho de que el informe pericial determine, también, que "en algunos casos, superan en 100 veces el valor límite admisible de la bacteria de origen fecal E.coli".
Son dos los peritos que elaboraron el informe, un doctor especializado en Criminalística y una doctora en Calidad Ambiental y Recursos Naturales, además de licenciada en Ciencias del Mar. Su informe, además, se apoya en otro preliminar y externo al juzgado realizado por la Jefa del Servicio de Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En su trabajo indican que la cabecera del emisario está "en estado de abandono", habiendo observado que esta infraestructura "ha seguido funcionando de forma continua y durante un tiempo prolongado como una fuente de aguas contaminadas hacia el mar, pese a carecer de autorización para ello".
Respecto a los resultados de los análisis realizados de las aguas de alcantarillado, los peritos sostienen que "muestran concentraciones altas de contaminantes (coliformes, nitratos, sólidos en suspensión y cambios de PH) perjudiciales para la salud medioambiental y humana". La consecuencia directa es que modifica el ecosistema marino y causa "concentraciones significativas de diferentes metales y químicos perjudiciales, como el plomo, que pueden dañar y modificar el ecosistema marino así como generar enfermedades y muertes de organismos marinos debido a sus propiedades cancerígenas y mutagénicas, pudiendo ingerirlo el ser humano al alimentarse con organismos recogidos cerca de la zona".
Después de aludir a una "situación de dejación o abandono" y a que las partes implicadas (empresarios, ayuntamientos, administraciones y organismos supramunicipales) incurrieron en "persistente situación de descontrol e inacción", detectada desde agosto de 2007, alude a que, tras la incoación de la presente causa penal, el 8 marzo de 2017, "sí ha existido, desde todos los organismos públicos implicados, una intensa actividad dirigida a superar aquella situación de dejación y abandono", promover la legalización y "subsanar las múltiples deficiencias".
Se da la circunstancia de que la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias aprobó, este mes, la prórroga de la autorización de verter agua industrial al mar en este polígono. La medida legaliza esta acción hasta la puesta en servicio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari), obra en marcha que debe concluir a finales de 2021.
