27 de julio de 2020
27.07.2020
Arona | Crisis en uno de los motores turísticos de Canarias

Tres empresarios avalan ante la Fiscalía las extorsiones urbanísticas en Arona

Colocan al abogado Felipe Campos como inductor de las coacciones

26.07.2020 | 23:25
Tres empresarios avalan ante la Fiscalía las extorsiones urbanísticas en Arona

Tres empresarios con intereses urbanísticos en el sur de Tenerife han confirmado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial que son víctimas de una presunta trama de extorsiones y coacciones vinculada al abogado Felipe Campos y a Nicolás Jorge, asesor de José Julián Mena, alcalde de Arona, imputado por delitos de prevaricación y malversación de su etapa en Granadilla de Abona. Estos tres inversores declararon el pasado lunes en los juzgados de Arona después de recibir una llamada de la fiscal encargada del caso.

El Ministerio Público abrió el 2 de julio un expediente de información después de recibir documentación y audios del que fuera concejal de Urbanismo en Arona, el socialista Luis García, destituido por José Julián Mena el 22 de junio por pérdida de confianza. García acudió ese día a declarar y a aportar información a los juzgados de Arona, acompañado de los también concejales aroneros José Luis Gómez y Juan Roque Sebastián. García ya había advertido el 8 de marzo a sus compañeros del PSOE en el gobierno municipal, en el que los socialistas tienen mayoría absoluta, de las supuestas prácticas irregulares de Campos gracias a sus contactos privilegiados en el Ayuntamiento aronero. Un mes y medio después, Mena le retiraba sus competencias en el grupo de gobierno de Urbanismo y Patrimonio.

El abogado Felipe Campos, que cobró notoriedad por su polémica batalla contra el fuera de ordenación del PGO y la contaminación acústica en los Carnavales de Santa Cruz, ofrece según estas denuncias que investiga la Fiscalía a propietarios de suelo, inversores y empresarios asesoramiento y mediación para resolver proyectos y recalificaciones en el nuevo Plan General en tramitación en Arona. Entre las anómalas prácticas denunciadas está la amenaza de presentar un aluvión de reparos y demandas contra los proyectos urbanísticos de quienes se niegan a contratar sus servicios o van contra los intereses de sus representados. "O pagas o te someten a un calvario judicial y administrativo que paraliza las inversiones", revela uno de los empresarios que declaró ante el Ministerio Público, el ruso Roman Ivakhnenko, que lleva 26 años residiendo en España.

Otro de estos inversores aportó una grabación en la que Campos le asegura que presenta reparos contra los todos los proyectos urbanísticos que no son de clientes de su despacho. Ya Luis García había aportado otra grabación de casi una hora en la que Campos, acompañado de la hermana del alcalde de Arona, ofrece su mediación para que un conjunto de solares que superan los 250.000 metros cuadrados se reclasifiquen de rústicos a residenciales, lo que multiplicaría su valor. A cambio, pide una minuta de 50.000 euros por propietario y el 5% del valor del suelo edificable (81.000 metros cuadrados) si finalmente se aprueba el convenio de la unidad de actuación, una minuta de varios millones de euros.

Otro de los empresarios que asegura ser víctima de "este fusilamiento de denuncias" de Campos y que aún no ha declarado ante la Fiscalía es Diego Cano, promotor del centro cultural y comercial Arts Lifestyle & Shopping. Cano subraya que el abogado ha presentado 14 reclamaciones contra el edificio, construido entre las playas de El Camisón y Las Vistas, en Los Cristianos, y que fue precintado por el exedil de Urbanismo de Arona, Luis García. En este caso, Campos representa a Santiago Puig, empresario con importantes intereses urbanísticos en Arona y de forma particular en la zona del Arts, como admitió Agustín Marichal, constructor que preside el PSOE de Arona.

El Arts Lifestyle & Shopping centra la segunda línea de investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial sobre el urbanismo de Arona. También está en la fase inicial de expediente de información y fue abierta de oficio por una información publicada por Canarias Ahora. Después de recibir las autorizaciones y licencias por parte del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arona, el concejal de Urbanismo, Luis García, lo precinta en 2017 porque el proyecto no se ajusta al planeamiento. Ocurre justo después de su inauguración. Ese mismo año, Felipe Campos emprende una batería de denuncias y reparos contra este edificio.

El jefe de Disciplina Urbanística de Arona, Damián Hernández, desmonta muchas de estas denuncias de Campos en un informe. En el escrito lo acusa de "manía persecutoria" contra este centro comercial y avala, con el apoyo del responsable de Urbanismo, un procedimiento de restauración de la legalidad a través del cual Cano modifica el proyecto para adecuarlo a la legislación y el PGO y evitar así la demolición total. La Fiscalía no ha tomado testimonios en este caso del Arts pero sí ha reclamado en dos ocasiones documentación al Ayuntamiento sobre el enmarañado expediente del edificio construido sobre la casa de los Domínguez.

Origen de una crisis

Este cruce de denuncias de irregularidades en la gestión del territorio está en la raíz de la grave crisis política que atraviesa el gobierno municipal de Arona. El exedil Luis García cree que Felipe Campos y Nicolás Jorge intentan amoldar la gestión urbanística a unos intereses particulares. Por contra, el alcalde acusa a García de colaborar en "una campaña calumniosa" promovida por un empresario que no nombra, pero que se trata de Diego Cano, para intentar "subvertir el resultado de las urnas".

En el procedimiento del Arts no se ha tomado ninguna declaración por ahora. Lo que sí ha hecho la Fiscalía es dirigirse en al menos dos ocasiones al Ayuntamiento para solicitar toda la documentación del enmarañado expediente del centro cultural y comercial, que cuenta con una licencia aprobada en 2017 por la Junta de Gobierno presidida por el propio Mena.

En la misma mañana, los tres promotores declararon ante el equipo de la Fiscalía que sus inversiones permanecen bloqueadas por el aluvión de reclamaciones de Campos. Detallaron además que estas presuntas coacciones también afectan a políticos y funcionarios municipales. El jefe de Disciplina Urbanística de Arona, el arquitecto Damián Hernández, que lleva dos meses de baja, ya advirtió al alcalde en un informe interno de diciembre de 2019 de las intimidaciones y coacciones de Felipe Campos contra funcionarios del área de Urbanismo para frenar proyectos con intromisiones e injerencias en el planeamiento y amenazas para condicionar la disciplina urbanística.

Esto aclara en el referido escrito Damián Hernández: "Felipe Campos ha evidenciado un especial interés en coartar la actuación de los servicios técnicos municipales", "la reiteración en la identificación personal de quien suscribe evidencia un intento de coacción a este funcionario, que se torna en una intolerable amenaza", "intenta exasperar e intimidar pretendiendo alterar su independencia y objetividad y forzar con subliminales coacciones y amenazas un posicionamiento municipal que quebraría el principio de igualdad", "Campos defiende sus intereses desde una velada contaminación, coacción, amenaza e intimidación a los empleados públicos, con el propósito de tutelar a su conveniencia la actuación de los mismos".

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