La Alcaldía del Ayuntamiento de Arona emitió ayer un comunicado en el que acusa a este periódico de publicar una información errónea, tergiversada y falsa sobre la orden dada por alcalde, José Julián Mena, para que la Policía Local registrara los despachos del área de Urbanismo. "La noticia contiene diversos errores e interpretaciones", se expone en el comunicado oficial, "que deben ser desmentidos y aclarados". A continuación, se publica en letra negrita lo que, según el Ayuntamiento, son las afirmaciones "erróneas" con la consiguiente explicación, aclaración o precisión por parte del periódico.

El alcalde de Arona no ordenó ningún registro. Tal y como se explicó al periodista, el jefe accidental del Servicio de Disciplina Urbanística, máxima autoridad técnica responsable, detectó la desaparición de expedientes en su área. Ante esta situación, solicitó la colaboración del área de Seguridad para recuperar dicha documentación oficial y que regresara al departamento correspondiente. Para que el proceso tuviera las máximas garantías, se realizó inventario de todos los documentos hallados y se levantó acta de las actuaciones con presencia policial. De hecho, el resultado fue el hallazgo de decenas de expedientes acumulados y sin tramitar.

En la segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española (RAE) aparece registrar con la siguiente definición: "Examinar algo o a alguien, minuciosamente, para encontrar algo que puede estar oculto". La nota difundida ayer por el Ayuntamiento de Arona niega que existiera un registro, pero reconoce que se ordenó por parte del alcalde a la Policía Local que se "recuperara" documentación sobre trámites urbanísticos "ante la desaparición" de expedientes en el área de Urbanismo. Como se confirma en la misma nota, los técnicos y agentes hicieron también un inventario de todos los documentos hallados ante la sospecha de que estuvieran ocultos o desaparecidos. Además se levantó acta de las actuaciones con presencia policial. En la acepción tercera del diccionario de la RAE aparece como registrar: "manifestar o declarar mercancías, géneros o bienes para que sean examinados o anotados". Por lo tanto y en contra de lo que mantiene el Ayuntamiento sí que se produjo un registro porque se buscó documentación desaparecida y se elaboró una detallada descripción y catalogación oficial sobre los informes y expedientes hallados en las dependencias de Urbanismo. La actuación de los agentes, por orden del alcalde, encaja a la perfección en lo que se considera un registro, que el Ayuntamiento ahora niega.

De los dos despachos [de Urbanismo] uno de ellos está adscrito al jefe titular del Departamento de Disciplina Urbanística, en situación de baja desde hace meses, y el otro perteneció, no en el momento del inventario, al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona. Al tratarse de expedientes municipales, corresponden al área que los reclamaba, que debe seguir tramitando dicha documentación, que afecta a ciudadanos que tienen el derecho a que sus expedientes avancen, en lugar de encontrarse almacenados en sendos despachos.

En este punto el Ayuntamiento no contradice ningún detalle de la información publicada ayer por este periódico.

El alcalde de Arona en ninguna ocasión ha señalado al exconcejal de Urbanismo, Luis García, acusándole de "cooperar" con ningún empresario para promover campañas de desprestigio, una interpretación libre de este periódico.

No es verdad. En un comunicado oficial, el 8 de julio el alcalde, José Julián Mena, sostiene que este diario promueve "una campaña calumniosa" para lograr que el Gobierno local "adopte decisiones en función de los intereses de un empresario que habría tenido como colaborador al ya exconcejal de Urbanismo, Luis García". Por lo tanto, no es cierto, como ahora se sostiene, que Mena no señalara al exedil de Urbanismo como "cooperador" para "promover una campaña de desprestigio" contra el alcalde. El propio Mena en el comunicado del 8 de julio asocia a Luis García con el empresario. Los vincula. Y les acusa de colaborar conjuntamente. De cooperar. Por lo tanto, la información publicada por este periódico se basa en las propias afirmaciones del alcalde, que asocia al exedil de Urbanismo con el empresario.

Una vez explicada la génesis y el desarrollo del levantamiento de inventario por parte de la Policía Local, a petición del jefe accidental del servicio para recuperar expedientes de su área, no tiene ningún sentido hablar de investigaciones y denuncias que no corresponde dirimir a las autoridades municipales y que se dilucidarán en otros ámbitos. Hasta el momento, no ha llegado al Ayuntamiento de Arona petición alguna de información derivada de la denuncia del exedil, pero sí oficio de la Fiscalía Provincial interesándose por la tramitación del expediente del centro comercial Arts, que es uno de los motivos del cese del concejal por parte del alcalde de Arona.

El contexto en periodismo consiste en exponer una serie de circunstancias sobre un hecho sin las cuales no se puede comprender correctamente. Por lo tanto, el Ayuntamiento, aunque no haya recibido petición alguna de la Fiscalía sobre las denuncias del exedil, no puede, ni debe, ser ajeno a la misma. Es más, la denuncia del exconcejal de Urbanismo es incluso más relevante no porque se haya trasladado a la Fiscalía, sino porque fue uno de los motivos, si no el principal, de que el edil fuera cesado. Bastó que el alcalde supiera que García tenía intención de trasladar los presuntos chantajes urbanísticos en Arona a la Fiscalía para que preparara su cese. El Ayuntamiento entiende que "no tiene ningún sentido hablar de investigaciones y denuncias que no corresponden dirimir a las autoridades municipales". El periódico entiende, por el contrario, la relevancia de informar sobre una denuncia del exedil de Urbanismo a la Fiscalía en contra de la tesis defendida por la Alcaldía tendente a ocultar o silenciar estos hechos.

Informes internos de petición de amparo por parte del jefe del servicio. El alcalde de Arona ya ha explicado que esa petición de amparo se dio traslado al que en ese momento era concejal de Urbanismo para que actuara con pleno respaldo del propio alcalde, por lo que las acciones o falta de ellas con respecto a esa petición solo puede ser achacada al exconcejal. Elude el texto publicado por EL DÍA, además, la existencia de otros informes en el que otros técnicos, como el propio jefe de la sección jurídica, presentan diversas quejas acerca de las actuaciones del propio jefe del servicio, por lo que lo propio sería guardar cautela ante las divergencias de criterio y de versiones entre partes.

En el comunicado de ayer el alcalde, por lo que parece, se desentiende de su responsabilidad de amparar a un alto funcionario del Ayuntamiento que le traslada las presuntas coacciones, chantajes y extorsiones del abogado Felipe Campos para condicionar el urbanismo de Arona. El alcalde es el máximo competente para proteger al funcionario. En vez de eso responsabiliza al exconcejal de Urbanismo de no haber actuado. Mena obvia que tanto el jefe de servicio que solicita el amparo como el exedil de Urbanismo están del mismo lado. Ambos se quejan de la displicencia del alcalde ante las presuntas presiones, chantajes y coacciones de Campos. El alcalde acusa al periódico de eludir otros informes en el que "otros técnicos" presentan "diversas quejas" sobre el jefe de servicio. Estos informes nunca los ha presentado ni entregado Mena.

Achacar la falta de personal a lo que el periódico denomina "permanente conflictividad" es una afirmación sin rigor. El área de Urbanismo, al igual que otras, arrastra desde hace años una situación de falta de personal derivada, entre otras cuestiones, de las barreras impuestas por el Gobierno central a la contratación pública. Al propio periódico se le informó ayer de que, en estos momentos, hay dos personas de baja, una de ellas el propio jefe de servicio, un trabajador en situación de vacaciones y otro con una jornada parcial, que en agosto volverá a la situación habitual, además de informar del inicio de un proceso selectivo para la contratación de ingenieros, aparejadores y arquitectos, además de otro para la dotación de la figura de director o directora de Urbanismo. En cualquier caso, es obvio que la faltAchacar la falta de personal a lo que el periódico denomina "permanente conflictividad" es unaafirmación sin rigor. El área de Urbanismo, al igual que otras, arrastra desde hace años una situación de falta de personal derivada, entre otras cuestiones, de las barreras impuestas por el Gobierno central a la contratación pública. Al propio periódico se le informó ayer de que, en estos momentos, hay dos personas de baja, una de ellas el propio jefe de servicio, un trabajador en situación de vacaciones y otro con una jornada parcial, que en agosto volverá a la situación habitual, además de informar del inicio de un proceso selectivo para la contratación de ingenieros, aparejadores y arquitectos, además de otro para la dotación de la figura de director o directora de Urbanismo. En cualquier caso, es obvio que la falta de eficacia del área en los últimos cinco años es unas de las razones del cese del concejal, con lo que el periódico, en su versión, no hace sino dar un argumento más a la adopción de esta decisión que, sin embargo, cuestiona.

La información del periódico no solo atribuía a la falta de personal la conflictividad en el área de Urbanismo. También a los puestos por cubrir y las bajas, junto a las limitaciones en la contratación. La Alcaldía culpa al Gobierno central de parte de estas deficiencias y "barreras impuestas" a la contratación. Nada que objetar. El periódico, en contra de lo que sostiene la Alcaldía, ni cuestiona ni deja de cuestionar la decisión del alcalde de destituir al concejal de Urbanismo. No se ha pronunciado respecto a esta competencia del alcalde. Se ha limitado a informar de las consecuencias políticas y judiciales desencadenadas tras el relevo de Luis García en Urbanismo.

"Mena quiere agilizar la concesión de licencias pero el personal rechaza las presiones". Se trata de una afirmación que no se encuentra contrastada y que no se fundamenta en base o argumento alguno, más allá de quienes pudieran ser las dos fuentes habituales del periódico en las informaciones sobre Arona que, sin embargo, han tenido importantes responsabilidades en el área sin que hayan logrado revertir la situación, lo que apuntala, una vez más la tesis de la necesidad de dar un giro a la situación del departamento de Urbanismo con los ceses correspondientes. Mantener bloqueadas inversiones por más de 175 millones de euros, como afirma El Día, es un motivo más para el cese del ya exconcejal.

La afirmación de que "Mena quiere agilizar la concesión de licencias " con la de que "el personal rechaza presiones" son compatibles sin que implique que el alcalde condicione con su premura la obtención de permisos municipales de obra o construcción. Los procedimientos administrativos tienen sus plazos, requisitos y trámites. En ninguna información este periódico ha sostenido que Mesa presione a los funcionarios para condicionar una resolución urbanística.