El futuro del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife (Cidemat) y de sus 15 trabajadores protagonizó ayer uno de los debates más intensos de la sesión extraordinaria del Pleno Insular, que comenzó a las diez de la mañana y concluyó a las cinco de la tarde. Para zanjar la polémica sobre la situación del edificio, y principal justificación del despido de toda la plantilla del Cidemat, la consejera insular del área de Deportes, Concepción Rivero (Cs), anunció durante su comparecencia que solicitará un informe al Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife sobre "la habitabilidad y estabilidad estructural del inmueble".

La consejera explicó que los informes de los arquitectos de Ideco y del servicio de Deportes son "contundentes y claros", ya que indican que los daños detectados en el edificio "no permiten garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, por lo que no se puede abrir al público". Un deterioro que achacó al "abandono que ha sufrido el Cidemat en los últimos 20 años".

Rivero añadió que el plazo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a este colectivo se ha ampliado y que, además, se ofrecerán alternativas como "jubilaciones anticipadas, indemnizaciones bonificadas, una bolsa de empleo o la recolocación de trabajadores" en otros servicios de Ideco o de otras empresas públicas del Cabildo.

La consejera de Cs alertó de la ejecución de obras en el Cidemat "sin autorización, licencia ni proyecto técnico", supuestamente por parte de trabajadores del centro. Unas reparaciones "cosméticas" que no solucionarían los problemas de fondo de un inmueble con "daños importantes".

La portavoz nacionalista en este punto, Verónica Meseguer aseguró que existe un informe técnico externo que demostraría que es posible compatibilizar las actividades del Cidemat con "las necesarias obras de reforma". Meseguer coincidió con Zaida González (PP) en acusar al grupo de gobierno de escudarse en los defectos del edificio para despedir a los trabajadores y privatizar el servicio en el futuro. A juicio de González, el gobierno quiere "destruir todo lo que huela a Coalición Canaria", aunque eso suponga a la larga "privatizar el Cidemat e incrementar los precios de sus actividades". Reiteró en varias ocasiones que las actividades podrían mantenerse con el mismo personal en otras instalaciones como el Club Náutico La Galera, "por el que se paga un canon de 14.000 euros", o la Dársena Pesquera.

CC y PP preguntaron con insistencia por qué se despide a unos trabajadores que podrían prestar servicio en otras instalaciones mientras se reforma el Cidemat. Cuestión a la que Rivero respondió que "primero debe concluir la negociación del ERE y, posteriormente, se barajarán opciones para mantener la oferta de actividades en deportes acuáticos".

Javier Rodríguez, que ejerció de portavoz del PSOE, insistió en el "grave deterioro" del edificio debido a la "dejación" de gobiernos anteriores y consideró una irresponsabilidad plantear la puesta en servicio de un edificio que supone un riesgo "tanto para los usuarios como para los trabajadores".

La portavoz de Sí Podemos, María José Belda, defendió que se busque "la mejor solución posible para los trabajadores", pero sin poner en duda en ningún momento la necesidad de un ERE que el PP sí considera "absolutamente injustificado". En un punto posterior, CC retiró una moción en defensa del Cidemat por discrepancias con una enmienda a la totalidad del PSOE, Cs y Unidas Podemos.

Conectividad aérea. PSOE, CS y Sí Podemos rechazaron la propuesta de CC de poner en marcha un Plan Estratégico de Rescate de la Conectividad Aérea de la Isla con el argumento de que Turismo de Tenerife ya cuenta con uno, en coordinación con una consultora externa "con sede en Manchester". El PP votó a favor.

Recursos humanos. Tras aprobarse de forma institucional una moción del PSOE sobre tutela financiera, todos los partidos, salvo Sí Podemos, lograron ponerse de acuerdo respecto a la Planificación Estratégica en Recursos Humanos del Cabildo de Tenerife. El debate se inició con un agrio rifirrafe entre Enrique Arriaga (Cs) y Zaida González (PP), en el que el primero interpretó una expresión de la consejera popular como una burla por un defecto físico, y con reproches de Sí Podemos por no consultar a la representación de los trabajadores de forma previa "para incluir algunas de sus reivindicaciones históricas". Posteriormente el debate se encauzó y se logró un respaldo mayoritario a una propuesta que tratará, entre otras cuestiones, de reducir la tasa de temporalidad entre los trabajadores del Cabildo.

E Banco de tierras. El PP, a través de Valentín González Évora, propuso sin éxito la creación de un Banco de Tierras para promover la puesta en explotación agrícola de terrenos abandonados, "ofreciendo garantías a los propietarios y arrendatarios". El consejero insular de Agricultura, Javier Parrilla, fue muy crítico con una propuesta que calificó de "poco seria" y "mala copia" sobre un asunto que "desde 2010 tiene un informe jurídico negativo". Cs, Sí Podemos y PSOE votaron en contra de una idea que, según recordaron, ya se intentó aplicar sin éxito durante cinco años en el Cabildo tinerfeño.

Pirotecnia. Pese a que en el mandato anterior una iniciativa similar generó una importante polémica, ayer se consensuó una propuesta sobre pirotecnia y protección de animales y personas vulnerables que contó con el apoyo unánime de la corporación insular. La iniciativa de Sí Podemos se transformó en un acuerdo institucional que propone reiterar a la Federación Canaria de Municipios el traslado de la moción para "su consideración y efectos oportunos para la regulación por parte de los Ayuntamientos del uso de petardos y material pirotécnico en espacios públicos para minimizar efectos adversos y molestias que ocasionan sobre una parte de la población y los animales". Plantea "priorizar la participación económica del Cabildo en aquellos espectáculos que utilicen pirotecnia de bajo ruido, respetando además los valores tradicionales y culturales de las fiestas populares de la Isla".

El Cabildo se compromete a colaborar con los ayuntamientos en campañas de "difusión y concienciación, especialmente enfocadas a los menores, sobre los problemas que la pirotecnia genera en los animales y en personas mayores, enfermas, con hipersensibilidad o bebés, encaminada al correcto uso de estos artefactos". Además, propone el "estudio y puesta en marcha por parte del Cabildo de medidas de apoyo al empleo en esta actividad, ligada a nuestra historia y tradiciones, y seriamente afectada por la crisis actual".

Sector del taxi. Todos los partidos fueron capaces de alcanzar un consenso para aprobar una propuesta de apoyo al sector del taxi en los dos aeropuertos de la isla que incluye medidas para frenar el intrusismo y para mejorar las condiciones de trabajo de los más de 860 taxistas que trabajan en Los Rodeos y Granadilla. La moción presentada inicialmente por CC recibió una enmienda a la totalidad de Ciudadanos (Cs) que fue acogida de forma positiva por los nacionalistas, ya que no desvirtuó el contenido de su moción y se limitó a ordenarla y complementarla. El PP y Sí Podemos también realizaron aportaciones a la propuesta inicial para convertirla en un acuerdo institucional que garantiza la presencia de todos los partidos de la corporación en futuras convocatorias de la Mesa del Taxi de Tenerife. En este órgano se debatirá la moción, que plantea la intensificación de las inspecciones para frenar el intrusismo en el transporte de pasajeros, el incremento del personal del Servicio de Inspección de Transporte o la solicitud del endurecimiento de las sanciones por intrusismo, y la inmovilización de los vehículos infractores, en la Ley de Transportes de Canarias. Además, se propone solicitar a Aena un sistema de lectura de matrículas en ambos aeropuertos para perseguir el intrusismo, la adecuación de las zonas reservadas a taxistas y la mejora del acceso a la zona de taxis en el sur.

Rebrotes Covid-19. También por unanimidad se acordaron medidas para reducir el riesgo de rebrotes por coronavirus en la isla de Tenerife: pedir al Gobierno de Canarias que realice pruebas periódicas a trabajadores de los centros sociosanitarios; realizar estudios de detección microbiológica de rastros de coronavirus en las aguas residuales urbanas, y usar los datos de movilidad existentes para mejorar el control y rastreo de nuevos casos.