La empresa Grupo Viqueira, promotora del polémico proyecto hotelero junto a la playa de La Tejita, en Granadilla de Abona, emitió ayer un comunicado en el que advierte de que recurrirá a los tribunales de justicia para acabar la obra del hotel, ahora paralizada de forma cautelar por el Ministerio para la Transición Ecológica, y defenderse de "ataques injustificados". La promotora expresó su voluntad "inequívoca e inquebrantable" de "luchar por este proyecto, porque tenemos derecho a ejecutarlo, usando las únicas armas que están en nuestras manos: las que ofrece el estado de derecho".
"Queremos manifestar que confiamos plenamente en los tribunales de justicia y a ellos acudiremos para obtener la tutela de nuestros derechos; defendernos de las amenazas y coacciones de delincuentes, que no activistas, y de algún político demagogo y populista que, durante todo este tiempo, con mentiras e injurias, no ha dudado en denigrar el proyecto y perjudicar gravemente a esta empresa", advierten.
Viqueira deja claro que no va a renunciar al proyecto y que planteará una pelea judicial a largo plazo: "Si hemos desarrollado durante los 26 años la urbanización de Sotavento, nos tomaremos el tiempo que sea necesario para defender nuestro proyecto, porque cumple con todos los requisitos de la normativa legal que lo regula y porque es un proyecto que contribuye al desarrollo de Granadilla de Abona y de Tenerife".
Uso hotelero. Esta empresa recuerda que "esta parcela inicialmente estaba destinada a un uso residencial y fue el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Canarias (PIOT) el que impuso su uso hotelero". Y remarca que "ante la manipulación y tergiversación que sufrimos, es necesario recordar que la parcela en la que se ejecuta el hotel es suelo urbano consolidado desde hace décadas, situada fuera del espacio natural protegido".
Ocupación ilegal. Tras las movilizaciones de los últimos días y la orden de paralización cautelar, la empresa anuncia su contraataque: "Vamos a ejercitar las acciones legales correspondientes ante este nuevo atropello a nuestros derechos: recurriremos esta nueva orden de paralización que solamente puede obedecer a las presiones ilegales e ilegítimas realizadas mediante la ocupación ilegal de las obras. Vamos a iniciar acciones legales también en contra de todos los que han injuriado y difamado a esta empresa, manifestado en reiteradas ocasiones hechos falsos, tildando la obra de ilegal".
Sin notificación. En relación con la nueva orden de paralización de las obras del hotel, que el ministerio hizo pública este lunes, Viqueira subraya que a día de ayer no les había sido notificada, lo que a su juicio "resulta escandaloso". Y añaden que su empresa y las empresas que colaboran en la ejecución de este proyecto han asistido "atónitas" al "espectáculo de políticos pisoteando nuestros derechos nada menos que en el Parlamento de la nación. Nos hemos visto sometidos a amenazas y coacciones, y hemos soportado daños sobre nuestros activos, sin que hayamos sido protegidos por quienes tienen el deber legal de hacerlo".
Grupo Viqueira se define como "una empresa familiar que lleva más de 36 años dando trabajo en Canarias a más de 200 empleados directos y a más de 300 de forma indirecta". Asegura que "con la ejecución del hotel se crearán más de 250 puestos de trabajo, pero ahora todos los trabajadores que se ganaban la vida en esta obra van a tener que irse a su casa, sin que nadie les explique por qué se les priva de su derecho a trabajar en un proyecto que tiene todas las autorizaciones que exige el ordenamiento jurídico español".
Capacidad de presión. "Parece que no le gusta a algunas personas que tienen capacidad para hacer mucho ruido en los medios y con capacidad de presión en estos momentos en las instancias políticas más altas. Constatamos con enorme tristeza y preocupación que se ha impuesto la demagogia, el populismo, la coacción y la amenaza sobre nuestro derecho a continuar con el proyecto", sentencian.
Este grupo empresarial insiste en que adquirió la urbanización donde se ubica la parcela hotelera en 1994, por lo que no se le puede imputar "ninguna clase de especulación sobre el terreno", donde en este tiempo han ido promoviendo "distintas actuaciones hasta crear un núcleo donde residen en la actualidad más de 1.000 familias, hay más de 30 pequeños negocios, la mayoría regentados por pymes canarias, y se han entregado para uso y disfrute público más de 18.000 metros de zonas verdes y de esparcimiento".
Autorizaciones. Viqueira insiste en que "el proyecto hotelero que estábamos ejecutando cuenta con todas las autorizaciones y licencias preceptivas necesarias para su ejecución, obtenidas de acuerdo con el deslinde vigente, aprobado en 2002, y antes de que se iniciase su revisión. Se trata de la licencia urbanística para el proyecto básico de construcción, de 19 de septiembre de 2017, y la autorización del proyecto de ejecución, de 21 de diciembre de 2018, antes de la iniciación del procedimiento de revisión del deslinde, que fue el 29 de enero de 2019. Para el otorgamiento de la licencia se verificó el ajuste del proyecto al PGO de Granadilla, de 2005, y al PIOT, donde se especifica que la parcela tiene que ser hotelera".
Además, subrayan que cuentan con autorización de la Viceconsejería de Política Territorial para la construcción del hotel. Una autorización fue otorgada previo informe favorable del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, "que indicó que el deslinde aplicable es el aprobado en 2002 y que la anchura de la servidumbre de protección es de 20 metros".
Viqueira anuncia que en los próximos días creará una página web donde publicarán "todas las licencias y autorizaciones así como la documentación relativa al proyecto".
