El Ayuntamiento de Santa Úrsula eleva de 35 a 89 el número total de casas dañadas por el viento y el fuego durante el temporal del 23 de febrero y solicita, por unanimidad del pleno, la declaración del municipio como zona catastrófica o zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. El objetivo de este reconocimiento es lograr ayudas de otras administraciones públicas para atender las afecciones en espacios públicos así como las sufridas por al menos 230 vecinos que ya se han dirigido al consistorio.
El Ayuntamiento santaursulero continúa con la evaluación de daños que, por el momento, incluyen 89 viviendas con diferentes grados de afectación, una treintena de vehículos, una veintena de edificaciones de uso agrícola y unas 40 hectáreas de terrenos cultivados.
El gobierno local (AISU) no descarta que sigan llegando nuevas solicitudes en los próximos días, que se seguirán incorporando al balance general de daños.
La Oficina Técnica de Urbanismo y la Oficina de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento trabajan desde el 26 de febrero en la elaboración de un informe que reúna la totalidad de daños en viviendas, fincas agrícolas, instalaciones y vías municipales, caminos rurales, centros educativos y otros equipamientos. De igual modo, se habilitó un servicio para que los vecinos y vecinas tramitasen las solicitudes de ayudas para paliar daños en viviendas, enseres y terrenos. Hasta ahora, este servicio de atención ciudadana ha registrado 230 solicitudes, de las que 130 se corresponden con inmuebles y, el resto, con bienes muebles o zonas agrícolas.
Los importantes daños en el sector agrícola se centran, por el momento, en unas 40 hectáreas afectadas por el fuego, dedicadas sobre todo a viñedos, frutales y cultivos hortícolas. No obstante, aún no se ha valorado la afección causada por el viento en los terrenos de la parte alta de la localidad, destinados en su mayor parte al cultivo de papas.
La petición de declaración como zona catastrófica contó con el respaldo de todos los partidos de la Corporación municipal (AISU, PP y PSOE) y se dirigirá al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular de Tenerife.
