El alcalde de Güímar, Airam Puerta, y representantes de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de la obra, inspeccionaron el estado del talud del barrio de Santa Lucía, en el litoral de Agache. Los trabajos previos a la intervención directa en el talud, para su protección y estabilización, empiezan la próxima semana, con la apertura del centro de trabajo y con el plan de seguridad y salud.

Hoy debe culminar el proceso de constitución de la UTE adjudicataria de la obra y la Alcaldía anuncia que convocará a los vecinos afectados a fin de informarles del plan de obras, "de su cronograma" y de la duración de las mismas, así como realizar el pedido del material preciso durante la semana próxima. Esos elementos serán confeccionados en el exterior y, una vez se encuentren en la Isla (en un plazo estimado de 40 días, más o menos), se contempla que el grueso de la intervención empiece durante los primeros días de abril.

Sin embargo, las primeras obras comenzarán formalmente la próxima semana en la parte norte de Santa Lucía, donde se procederá a la aplicación del gunitado o la proyección del hormigonado. Asimismo, las autoridades y la contrata contemplan iniciar, con el uso de los carros de perforación, la colocación de los bulones que servirán de base para anclar la malla de sujeción a instalar en una zona del talud.

El 26 de enero fue cuando Puerta firmó el decreto de adjudicación de la obra de protección y estabilización del talud de Santa Lucía, con un coste de 627.000 euros y un plazo de tres meses para completar la obra desde el momento de la recepción del material. Si bien los trabajos preliminares comenzarán la semana venidera, el regidor entiende que la actuación principal se demorará hasta abril, teniendo en cuenta que el material se elabora y transporta desde el exterior.

La obra se acometerá en tres intervenciones bien diferenciadas, que afectarán, por fases, a la zona sur del barrio -que abarca los inmuebles comprendidos entre los números 117 y 140 de la carretera TF-616-, a la cueva -donde se encuentran varias- y a la zona norte, espacio este en el que "se intentarán evitar, en la medida de lo posible, los desalojos innecesarios", señala el alcalde.

Las viviendas del núcleo Santa Lucía-Los Barrancos que se encuentran entre los números 94 y 116 están incluidas en un decreto de la Alcaldía de Güímar a través del que se ordena el desalojo motivado porque el domingo, 5 de junio de 2011, tuvo lugar un desprendimiento en la cueva del barrio, afectando a algunas de las viviendas situadas en ella y procediéndose al desalojo de varias casas del lugar y del entorno, así como al realojo de sus habitantes. Sería a las cinco y media de la madrugada del 19 de octubre de 2017 cuando quedó constancia de otro desprendimiento de rocas, esta vez sobre el número 96 de la carretera TF-616, que dañó 32 tejas de la casa cueva. Desde entonces no ha sucedido nada reseñable que motive una intervención de emergencia, aunque los informes técnicos advierten de la existencia de riesgo inminente. Ese es el punto de vista de la población afectada.

Airam Puerta emitió un decreto para el desalojo y precinto de las 21 viviendas el pasado 4 de diciembre, comunicando formalmente la medida el día 10 del mismo mes. Desde entonces, los vecinos afectados siguen en sus casas y el juzgado ordenó al Ayuntamiento de Güímar la elaboración de un expediente por cada una de las viviendas que se pretenden desalojar.

La adjudicación de los trabajos y el próximo inicio de los mismos es el avance más notable desde 2011. De hecho, el alcalde se muestra satisfecho de haber llegado hasta este punto, porque "mi preocupación es la vida de mis vecinos, y aquí estamos hablando de garantizar la seguridad a quienes vivían en estas casas". Estas palabras (y similares) las pronuncia Airam Puerta en todas las reuniones que mantiene con los habitantes de Santa Lucía.

Muchos son los momentos que ha vivido de rechazo a la medida adoptada. Los habitantes del lugar no han sido cicateros a la hora de transmitirle su malestar e inquietud. Tampoco el alcalde se ha retraído a la hora de poner sobre la mesa "la obligatoriedad" de decretar el desalojo de las 21 viviendas, en aplicación de la legislación vigente, porque "soy el responsable de lo que ocurra aquí si no tomo estas medidas".

Desde la Asociación de Vecinos Santa Lucía, su presidente, Rafael de Armas, aseguró que "vamos a dar el margen a que empiecen los trabajos. A medida que comiencen la obra por fases, los vecinos irán dejando sus casas. Pero siempre por grupos de viviendas. A medida que van terminando una fase, entran los vecinos y salen los de la siguiente. Desalojar todo el barrio de la manera que querían no era de recibo". Y no habrá impedimento alguno para ello, insistió en dejar claro De Armas, quien define a Santa Lucía como "el barrio más colaborador que ha tenido cualquier gobierno municipal, menos este".

La marcha paulatina, parcial y provisional de los vecinos de las casas afectadas por posibles desprendimientos desde el talud de Santa Lucía comenzará cuando empiece la obra más importantes, algo que se prevé para abril, transcurridos los 40 días que, como mínimo, deberá esperar la unión temporal de empresas para disponer del material que precisa para realizar los trabajos más delicados e importantes, los cuales son elaborados en el exterior.

Los vecinos afectados están siendo citados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife para que presenten alegaciones al expediente de desalojo.