Declaración institucional

Consideramos:

Para las Islas Canarias, las Illes Balears, Ceuta y Melilla, su lejanía y discontinuidad geográfica con el resto del espacio europeo marca las singularidades de su sistema de transporte y su protagonismo socioeconómico.

Comprender estas peculiaridades del transporte significa entender las singularidades de cada uno de los territorios alejados de la península y cómo estos se relacionan entre sí y con el exterior, tanto por vía marítima como aérea. Singularidades que incluyen la doble insularidad y sus efectos sobre la conectividad y la accesibilidad de estos territorios.

En estos territorios extrapreninsulares los problemas que plantea la movilidad de personas y mercancías tienen consecuencias sociales y económicas que deben de ser tenidas en cuenta a la hora de definir políticas y propuestas que aseguren la conectividad de nuestros territorios con la península y el continente europeo.

Actualmente, los residentes de cualquiera de las comunidades autónomas de Canarias, Illes Balears o de las ciudades de Ceuta o Melilla que cumplan con los requisitos normativos vigentes tienen derecho a la subvención del 75% de las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo y marítimo. Este importante logro, que garantiza el derecho de los residentes a viajar a un coste razonable, supone un significativo esfuerzo financiero por parte del Gobierno de España, que debe ponerse en valor, ya que el mismo supone un importe de aproximadamente 600 millones de euros, que beneficia a más de 3,4 millones de habitantes de estos territorios, que representan un 7,4% de la población nacional.

Una vez consolidado el hito que supone la subvención del 75%, es el momento de trabajar juntos, gobiernos autónomos y Estado, con el objetivo de definir los mecanismos que certifiquen la máxima eficiencia de los recursos públicos para, así, asegurar que se dirigen directa y exclusivamente a los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares. Los poderes públicos no pueden desentenderse de garantizar la movilidad bajo unos estándares básicos de calidad y precio, y más aún, cuando detectamos posibles nuevas amenazas como, por ejemplo: los procesos de concentración empresarial en los diferentes modos de transporte, nuevos modelos de tour operación o el brexit. En consecuencia, la movilidad en estos territorios requiere que se recoja la excepcionalidad de sus circunstancias y se determine un tratamiento diferenciado.

Como recoge la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde Europeo, para lograr la neutralidad climática, es necesaria la reducción de las emisiones procedentes del transporte de aquí a 2050. Lograr un transporte sostenible significa que los usuarios sean lo primero y que se les faciliten alternativas a sus hábitos actuales de movilidad más accesibles, sanas y limpias. Al mismo tiempo, la transición debe ser justa e integradora y se deben dar soluciones específicas a nuestros territorios.

Tenemos que garantizar la movilidad como un derecho básico de la ciudadanía, de ahí emana la necesidad de establecer medidas para impulsar una estrategia cuyo objetivo sea la determinación de un sistema sostenible, eficiente y eficaz que permita cohesión territorial y social, desarrollo económico y respeto por el medio ambiente.

Acordamos:

— Trabajar en el establecimiento de medidas a fin de iniciar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente.

— Unidad de acción, por encima de intereses partidistas y de las relaciones bilaterales con el Gobierno del Estado, en la responsabilidad que tenemos como gobiernos de garantizar nuestra conectividad.

—Colaborar con el Gobierno de España en la tramitación de la propuesta legislativa para elaborar una Ley Estatal de Movilidad Sostenible, que deberá contemplar las singularidades de nuestros territorios.

—Instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a asumir los acuerdos de esta Cumbre para comprometerse en actuaciones concretas como las siguientes:

-Crear una mesa permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares que haga el seguimiento y control de la movilidad y que pueda hacer propuestas para mejorarla.

-Establecer obligaciones de servicio público para determinadas rutas con la península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas, refuerzos estacionales, etc.

-Reclamar el análisis de la aplicación de las subvenciones a residentes en el transporte intermodal hasta el fin del trayecto en conexión con los territorios insulares y ciudades autónomas; independientemente del operador.

-Fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.

-Dar a conocer públicamente las conclusiones de los estudios presentes y futuros de movilidad y específicamente los relativos al encarecimiento de los billetes.

-Incluir en los Presupuestos Generales del Estado la exigencia de que la condición de residente se acredite a la finalización del proceso de compra de billetes y no al inicio.

-Asegurar que la situación derivada del brexit no suponga un incremento de las tasas de navegación.

—Solicitar la participación en los órganos de decisión de AENA y la gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias para desarrollar una gestión más efectiva y ajustada a nuestra realidad social, económica y territorial.

—Proponer la reducción de las tasas aeroportuarias para mejorar la conectividad.

—Solicitar al Gobierno el seguimiento del proceso de adquisición de la compañía Air Europa por el Grupo IAG, porque la concentración empresarial resultante puede suponer una reestructuración de las rutas que operan las diferentes compañías en nuestros territorios.

—Reclamar a la administración del Estado la compensación de los costes efectivos del transporte de mercancías para abastecimiento de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

—Ampliar la bonificación al transporte marítimo de pasajeros residentes al vehículo embarcado como parte de su equipaje en los desplazamientos a la Península.

—Implantar mecanismos que garanticen el adecuado traslado de mercancías peligrosas y residuos, así como la mejora de las ayudas que igualen el coste del transporte de las mismas al del resto de mercancías.

—Requerir al Gobierno de la nación que inste a la Unión Europea a que las ayudas al transporte -tengan o no la consideración de región ultraperiférica- no queden sujetas al régimen de mínimos.

—Compartir y valorar positivamente las normativas que, en materia de transporte marítimo, promuevan la lucha contra el cambio climático e impongan obligaciones de reducción de emisiones contaminantes. Paralelamente, es imprescindible que se articulen mecanismos que permitan paliar la excepcionalidad del hecho extrapeninsular en materia de transporte, como, por ejemplo:

-El establecimiento de ayudas estatales y europeas al sector marítimo que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes.

-La reducción de tasas portuarias.

-La vigilancia estricta del mercado por parte de la CNMC.

—Reclamar a las autoridades competentes que cualquier medida fiscal o económica que pudiera afectar a la conectividad aérea de los territorios extrapeninsulares sea excepcionada en dichos territorios.

—Solicitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, una reunión para dar a conocer las conclusiones de esta Cumbre, así como para presentar conjuntamente las iniciativas políticas oportunas.

—Acordar la celebración cada año de una Cumbre de los territorios extrapeninsulares, como expresión de nuestra voluntad común de seguir reforzando nuestras relaciones, y profundizar nuestro diálogo, y dada la importancia que concedemos a la asociación estratégica de nuestros territorios en materia de transporte y movilidad. Las cumbres ordinarias se celebrarán, a ser posible, durante la segunda quincena del mes de enero y de manera rotatoria en los distintos territorios. La siguiente cumbre se celebrará en la ciudad autónoma de Melilla.