12 de diciembre de 2019
12.12.2019
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Los vecinos de Santa Lucía, decididos a revocar el decreto de desalojo y precinto

El abogado que los representa y el alcalde analizaron la situación durante un encuentro

11.12.2019 | 18:55
Cartel que prohíbe el paso a viviendas por precintar.
Los vecinos de Santa Lucía, decididos a revocar el decreto de desalojo y precinto
Los vecinos de Santa Lucía, decididos a revocar el decreto de desalojo y precinto

Santa Lucía, en Agache, en tensa calma a la espera de acontecimientos después de que el Ayuntamiento de Güímar tratara de desalojar y precintar 21 de las 34 viviendas afectadas.

El barrio de Santa Lucía, en el litoral de Agache (Güímar), mantenía ayer la calma tensa a la espera de acontecimientos después de que anteayer el Ayuntamiento tratara de desalojar y precintar 21 de las 34 viviendas que están afectadas por el "peligro inminente" de desprendimiento del talud. De hecho, a los postes del servicio telefónico emplazados a la entrada de las calles El Delfín, La Fula y El Culaso están sujetos tres carteles con la leyenda "Prohibido el paso. Precintado por decreto del sr. alcalde-presidente nº 2019-4892, de 4 de diciembre". Prohibición a la que los habitantes de estas vías hacen caso omiso.

Mientras, el alcalde, Airam Puerta, y el abogado de los vecinos afectados, José Luis Langa, mantuvieron un encuentro "cordial" en el que el regidor transmitió los pormenores de la situación con el fin de que el contencioso-adminitrativo que presentarán en breve los afectados contra el decreto de desalojo y precinto "sea lo más justo posible". Para ello, sería necesario "conocer la propuesta del equipo multidisciplinar".

Si bien el alcalde coincide con el letrado en que las fechas en las que se está desarrollando este proceso son muy especiales, "está claro que ni el peligro ni el riesgo entienden de calendario. Eso no es un argumento defendible".

Ayer, los vecinos recibieron el acta correspondiente al intento de desalojo realizado anteayer. Sin embargo, y por la imposibilidad de completar formalmente el expediente, el gobierno municipal no trasladó ayer al juzgado la negativa de los afectados a abandonar sus viviendas, por lo que corresponde a la autoridad judicial autorizar o no el acceso a las casas para ejecutar el decreto de desalojo y precinto.

Este grupo de afectados sigue quejándose de que no se dan las condiciones para salir de sus viviendas ya que no tienen garantías ni de un realojo digno ni de un retorno seguro.

El alcalde pidió ayer la mediación del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar "nos facilite lo antes posible, con urgencia, las autorizaciones que necesitamos para realizar la obra que se precisa a fin de garantizar el talud, dando seguridad a los habitantes de Santa Lucía".

Airam Puerta también espera mantener un encuentro inmediato con el área de Carreteras y los Servicios Jurídicos del Cabildo a fin de coordinar las solicitudes a trasladar a Costas, teniendo en cuenta que "la Corporación insular necesita la concesión del tramo de la carretera TF-616 al paso por Santa Lucía, que se encuentra afectada por la zona de dominio público marítimo-terrestre". Es imprescindible para realizar los trabajos en el talud.

Este grupo de 21 viviendas de Santa Lucía están afectados por "la situación de riesgo inminente de desprendimiento de rocas". Si los nuevos informes solicitados determinaran que ese riego pasa a ser latente, el decreto de la Alcaldía hoy vigente (y desde el año 2011) quedaría sin efecto. En cualquier caso, los vecinos se muestran "firmen y unidos en que no dejaremos nuestras casas sin que haya garantías".

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