La Asociación Salvar La Tejita asegura que el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, "no debería titubear ni un día más sin aplicar la ley y cumplir con su obligación, que no es otra que la de requerir la paralización de las obras del hotel La Tejita de manera provisional, mientras no se cierre el deslinde en revisión".

El colectivo asegura que el Ejecutivo regional es el competente para la gestión de la zona de servidumbre de protección, motivo por el que insta al consejero Valbuena "a asumir sus responsabilidades y hacer cumplir la ley".

Durante un acto de protesta desarrollado en las inmediaciones del Parlamento de Canarias, miembros de Salvar La Tejita se mostraron contundentes al manifestar que esperan que "esta situación de inmovilismo que se vive en el Gobierno de Canarias con este despropósito ambiental llega a su fin de una vez por todas". En esa línea, señalaron directamente a la presencia de Podemos como uno de los integrantes del Gobierno autonómico, "un partido que siempre se ha mostrado opuesto a la construcción de este hotel pero que, con su silencio e inacción, está siendo cómplice de este descalabro", apostilla el grupo.

La asociación de corte ecologista se pregunta "a qué espera el Gobierno de Canarias para paralizar las obras del hotel La Tejita". Explica que transcurrido en torno un mes de la reunión que mantuvo con el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, le preocupa la falta de acciones en este asunto.

"Como ya ha trascendido, esta consejería comunicó al Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife que no existe documentación que justifique que el suelo donde se está construyendo el hotel era urbano en 1988, año de entrada en vigor de La Ley de Costas", coincidiendo con la asociación, que empleó el mismo argumento en su recurso por la reducción de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, anunciada en el Acta de Apeo del 10 de julio.

Documentado que la urbanización real del plan no se produjo hasta finales de la década de los 90, el colectivo incide que el hecho es determinante, pues a la entrada en vigor de la Ley de Costas (1988), esta categorización errónea permitió que la servidumbre de protección se fijara a 20 y no a 100 metros.