El constructor Antonio Ramón Plasencia Santos fue condenado en 2017 a pagar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 97 millones de euros. Debe hacerlo de forma solidaria junto a los otros cinco condenados en la sentencia por el caso Las Teresitas como responsabilidad civil. Plasencia, además, cumple ahora una pena de cinco años y tres meses de prisión como autor de un delito de malversación de caudales públicos en la figura de cooperador necesario. Fue la misma condena impuesta al empresario Ignacio Manuel Cándido González Martín, fallecido en prisión hace una semana y socio del anterior al 50% en Inversiones Las Teresitas (ILT), una empresa registrada en 1998 con el único fin de ejecutar "un pelotazo de libro", como lo calificó la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola durante la instrucción del sumario y la celebración del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Dicha sentencia fue comunicada el 27 de abril de 2017 y los seis condenados en este procedimiento penal la recurrieron en casación al Tribunal Supremo. Casi dos años después, en marzo pasado, el alto tribunal ratificó el fallo, la condena a prisión de todos ellos, así como la responsabilidad civil. En menos de una semana, la Audiencia Provincial dictó la ejecución de sentencia mediante un auto de ingreso en prisión para los dos empresarios, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el exsecretario delegado de Urbanismo Víctor Reyes y el exgerente delegado de Urbanismo José Tomás Martín.
Pocos días antes de que se conociera la resolución del recurso del Tribunal Supremo, Antonio Plasencia traspasó todas sus acciones en ILT a otra de sus empresas, Promotora Punta Larga. Con este movimiento, Plasencia presuntamente buscaría descapitalizar ILT para eludir los pagos a los que tiene que hacer frente por su responsabilidad civil en la sentencia del Supremo. Una jugada que podría entenderse como un presunto alzamiento de bienes al elegir una empresa como Promotora Punta Larga, declarada en quiebra e insolvente, para el pago de indemnizaciones.
En septiembre, Plasencia presentó la ejecución voluntaria del concurso de acreedores de ILT, lo que le permitiría seguir teniendo el control de la misma, aunque se nombre un administrador concursal para regular el cobro de deudas.
A los seis implicados en este caso se les condenó a indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 52.588.156,85 euros, incrementada con el interés legal desde la fecha de realización de cada uno de los pagos, es decir, desde septiembre de 2001, cuando el Ayuntamiento capitalino de entonces endosa un cheque por valor de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) a la cuenta bancaria de ILT. A dicha cantidad resultante, deberá además aplicarse el interés legal desde el 29 de junio de 2015.
Además de los seis condenados, se condena a Inversiones Las Teresitas, Promotora Punta Larga (propiedad de Antonio Plasencia), Promotora La Victoria (propiedad de Ignacio González) a hacer frente de forma solidaria al pago de dicha responsabilidad civil. El tribunal consideró probado que ILT no tenía actividad alguna y que solo hacía transferencias de dinero a las dos sociedades mercantiles de los dos empresarios. ILT solo tenía una pequeña oficina por la que se pagaba un alquiler de 150 euros y no tenía empleados. Se documentó diversas transferencias millonarias desde ILT a las dos promotoras, incluso, después de que el Tribunal Supremo mediante una sentencia de mediados de 2007 anulara la operación de compraventa de las once parcelas y obligara a retrotraer todo el expediente al origen, es decir, a principios de 2001, teniendo el Ayuntamiento que devolver las parcelas a los empresarios y estos a su vez devolver a las arcas municipales los 52,5 millones de euros pagados por la Corporación local.
Asimismo, los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenaron, también de forma solidaria, a Miguel Zerolo Aguilar, Manuel Parejo Alfonso, Antonio Ramón Plasencia Santos, Ignacio Manuel Cándido González Martín, Juan Víctor Reyes Delgado y José Tomás Martín González a indemnizar al Ayuntamiento capitalino con la cantidad de 9.159.884,67 euros, más los intereses incrementados desde el 13 de marzo de 2015.
Dicha cantidad es la plusvalía que los dos empresarios, a través de ILT, obtuvieron por los derechos urbanísticos otorgados con posterioridad a la venta de sus parcelas al Ayuntamiento en la trasera del frente de playa, en el Valle de Las Huertas, donde se recalificaron fincas y terrenos para poder urbanizar.
De hecho, ILT tenía la obligación de urbanizar dicha zona para obtener la plusvalía y aceptar la recalificación. Sin embargo, la empresa no movió una pala para instalar conducciones de agua, tendido eléctrico, saneamiento o viario. Tampoco construyeron los aparcamientos ni el nuevo campo de fútbol de San Andrés a los que estaban obligados. Aun así, a finales de 2006 los empresarios lograron colocar los terrenos del Valle Las Huertas a Desurcic, una filial de Mapfre, que pagó 95 millones de euros para urbanizar un núcleo residencia y levantar hoteles tras la primera línea de playa.
Pelotazo de libro
Oferta del Ayuntamiento: 4,8 millones en enero en 1998
La Junta de Compensación ofrece las parcelas del frente de playa y el Valle Las Huertas al Ayuntamiento, que le hace una oferta de 4,8 millones de euros en enero de 1998. A finales de junio, justo antes de la sentencia del Supremo, Antonio Plasencia e Ignacio González ofrecen, a través de Inversiones Las Teresitas (ILT), 33 millones y los propietarios de la Junta les venden las parcelas.
Tasación de Pía Oramas: 19 millones de euros en 2001
En 2001, Antonio Parejo, concejal de Urbanismo, encarga una tasación de las parcelas del frente de playa, propiedades desagregadas del Valle Las Huertas. La arquitecta del Ayuntamiento Pía Oramas las valora en 19 millones de euros.
Tasación de Tinsa: 54 millones en 2001
Los empresarios de ILT fuerzan a Miguel Zerolo y Manuel Parejo a buscar la forma de subir la tasación de las parcelas, para lo cual se busca un despacho de tasadores externos que valora las propiedades según unos condicionantes urbanísticos que no eran reales. Tinsa las valora en 52,5 millones e ILT acepta.
Pleno en agosto de 2001: Los grupos apoyan la compra
El expediente, del que se sustrajo las tres tasaciones más bajas, llega al interventor general del Ayuntamiento, que da conformidad a la operación según la documentación presentada, y el equipo de gobierno lo lleva a un pleno extraordinario en agosto para su aprobación. El mensaje político que se trasladó era que "las parcelas del frente de playa tenían que comprarse para evitar la construcción de hoteles", como amenazaba ILT. Todos los grupos votaron a favor.
Denuncia, en 2007: Malversación y prevaricación
A finales de 2007 la plataforma Ínsula Viable denunció la operación de compraventa del frente de playa. Se conoce la valoración de Pía Oramas y la venta de las parcelas de Las Huertas a Desurcic por 95 millones a finales de 2006. ILT gana con la operación 116,5 millones sin poner un ladrillo ni mover una pala.
Sentencia, en 2017: Seis condenados
El 27 de abril, la Audiencia Provincial condena a Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Antonio Plasencia, Ignacio González, Víctor Reyes y José Tomás Martín. En marzo de 2019, el Supremo lo ratifica.
