Ante el "peligro inminente" de derrumbe que detectó la Oficina Técnica Municipal en Santa Lucía, el Pleno aprobó, con los votos a favor del gobierno municipal (PSOE y CC), la adopción de las medidas de seguridad necesarias a fin de salvaguardar la integridad física de las personas. Aunque deberán ser determinadas por los técnicos, el alcalde dejó claro que se realizarán , "si se consideran necesarios", pero "garantizando el realojo de todos los afectados".
Santa Lucía es un barrio situado junto al mar, afectado por el deslinde marítimo-terrestre (el Pleno decidió solicitar a Costas la preceptiva concesión administrativa) y bajo un talud, en el que el último desprendimiento se registró el pasado octubre.
A propuesta del gobierno municipal, el Pleno autorizó activar el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) en la zona, así como proceder a la búsqueda de financiación supramunicipal al objeto de financiar la solución al problema.
El alcalde, Airam Puerta, explicó que la responsabilidad fue conculcada el pasado 2017, cuando se registraron importantes desprendimientos y no se adoptaron las medidas de seguridad que proponía la Oficina Técnica. Por el contrario, el gobierno de entonces (PP-CC), optó por encargar un estudio cuya ejecución reclama la portavoz y exalcaldesa, Carmen Luisa Castro.
El regidor mantendrá un encuentro con los vecinos esta semana y decretará medidas de seguridad en Santa Lucía. No se descarta el desalojo parcial.
